Argentina
España
USA
Israel
Desde hace meses, el Gobierno discute internamente un plan para modificar la asignación de subsidios a la energía. El ministro de Economía, Martín Guzmán, le atribuyó a esas subvenciones un sesgo “pro-rico”, es decir que favorece a los hogares de mayores ingresos y calentó un debate que se da puertas adentro del oficialismo.
El congelamiento de tarifas es uno de los slogans de campaña del Frente de Todos. El presupuesto así lo refleja: ningún gasto crece a mayor velocidad que los subsidios a la energía. En junio y julio, subieron el doble que en 2020. Este año van camino a aproximarse a los $ 900.000 millones. Las subvenciones para que no suben las tarifas escalan a un ritmo que no tienen los incrementos a los jubilados ni los planes sociales.
Una de las ideas que circula dentro del Gobierno es dividir los subsidios en tres grupos, que podrían denominarse así, a trazo grueso: “acomodados”; “clase media” y “sectores carenciados”.
El primer segmento representa entre un 10% y 15% de la población y son los sectores de mayor poder adquisitivo. Allí, líneas internas del Gobierno sugieren que están en condiciones de pagar tarifa “completa”. Es decir, que desde 2022, deberían afrontar aumentos superiores al 80% con respecto a ahora, además de la inflación del año que viene.
La segunda categoría es “clase media”. Son segmentos de ingresos medios, que cubren las canastas básicas, pero que tampoco están holgados. Allí, la recomendación sería que vayan pagando incrementos acompañando el ritmo de la inflación, a partir del año que viene. A diferencia de los sectores “acomodados”; seguirían recibiendo subsidios para cubrir la mitad de su factura o incluso más.
Después se encuentra la “tarifa social”. Se le asignaría a todos los hogares sumidos en la pobreza, que son más del 40% del país, aunque no todos tienen conexión a la distribución eléctrica o gas. Allí, la idea del Gobierno es aumento cero. Es decir, seguir subvencionando todo o casi todo.
La implementación de este plan motiva debates en el oficialismo. Por un lado, está el ministro Guzmán. Por el otro, los “Federicos”. Federico Basualdo, como subsecretario de Energía Eléctrica, y Federico Bernal, interventor del Enargas (ente regulador del gas). El secretario de Energía, Darío Martínez, no tiene injerencia en cuestiones tarifarias. Quiso tenerla, pero Basualdo y Bernal tienen el apoyo de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y eso hace que sus voces sean preponderantes.
La quita parcial de subsidios requiere de “sintonía fina”. Fernández de Kirchner la anunció al comienzo de su segundo mandato, pero no pudo concretarlo. El mayor temor del oficialismo es que sectores medios reciban aumentos de tarifas que están pensados para hogares de ingresos “altos”.
“Habrá aumentos de tarifas en 2022. Pero la indicación es que no se puedan interpretar como ‘tarifazo’ en los medios”, cuenta un funcionario que trabajó en el tema. “Si llegamos a aplicar las tarifas bien a los sectores pudientes, no debería haber problemas”, acota otra fuente oficial.
Desde las empresas y el Gobierno esgrimen que existen bases de datos que permiten trabajar la “georeferenciaciòn”. En principio, esto es quitar subsidios en barrios “acomodados” (Puerto Madero, Recoleta, las zonas más exclusivas del conurbano norte). Sin embargo, en esa zonificación pueden aparecer escollos. La titularidad de los servicios públicos no siempre están a nombre de quien los usa. Los jubilados y pensionados que residen allí también complican esa tarea.
El padrón de Anses puede ser utilizado para la asignación de estos subsidios. Pero en el oficialismo quieren ser muy cuidadosos. “Un error en la quita de un subsidio y la oposición dirá que es ‘tarifazo’. Vamos a ser prudentes para asegurarnos que sea impecable”, razonan dentro del Gobierno.
Mientras que las tarifas de gas aumentaron un 6% en todo el país, las de distribución eléctrica subieron un 9% en Buenos Aires. El Estado ya paga 7 de cada 10 pesos de las boletas de luz. Las distribuidoras de luz y gas reclamaron aumentos del 50% para este año, que no fueron otorgados.
“El presupuesto tenía implícitos aumentos de tarifas del orden del 35% para poder cumplir con las metas fiscales. Eso fue aprobado en el Congreso de la Nación por unanimidad, incluso por la coalición de gobierno”, detallaron los especialistas Julián Rojo y Alejandro Eintoss en un trabajo.
Las recomposiciones asignadas hasta ahora solo fueron para las empresas distribuidoras y sus márgenes. Pero los costos siguen escalando y hay un atraso del 80%, como mínimo, según estos especialistas.
El Gobierno aún tiene la posibilidad de aumentar las tarifas después de las elecciones. En el caso de gas, podría suceder si el ministro Guzmán le encarga esa tarea al interventor Bernal. En el de luz, parece más distante.
“De no producirse estos aumentos, el año terminaría con una cuenta de subsidios cercana a los 10.000 millones de dólares, una dinámica ya observada en el año 2011 y que nos pone a las puertas de una segunda ola de subsidios, pero sin recursos para financiarla.
Fuente Clarin
