Los invitados de Fabiola Yañez a su fiesta de cumpleaños comienzan a analizar las opciones ante el avance de la causa judicial que hizo foco en diversos encuentros en la quinta de Olivos, pero en particular el del 14 de julio del año pasado. Después de que Alberto Fernández anticipó que donaría parte de su sueldo como reparación de lo que consideró sólo un “error”, sobre la mesa surgieron otras posibilidades de arreglo con la justicia para suspender el proceso, aunque sin admisión de la culpa.
Ante la justicia federal la situación de los invitados al festejo de cumpleaños de Yañez es diferente a la del Jefe de Estado. Como máxima autoridad, sobre él recae una la investigación por un posible incumplimiento de los deberes de funcionario. Sobre los demás, en cambio, la presunta violación al DNU presidencial que impuso una estricta cuarentena.
Con dos escenarios diferentes, las opciones para acortar los plazos del proceso también se diversifican.
En primer lugar, quienes no son funcionarios públicos -incluída la primera dama- pueden acceder a una probation, una suspensión del proceso a prueba. Eso no implica que admitan su culpa, sino que eligen este camino más rápido para que no continúe el caso.
Hay al menos tres requisitos para que los investigados puedan pedir una probation. Por un lado se exige que el delito por el que son investigados sea excarcelable; en este caso la pena por la violación a la normativa prevé una pena de 6 meses a 2 años, con lo cual es excarcelable. Como segunda exigencia, el acusado no debe ser funcionario público y el delito no debe prever la inhabilitación para serlo.
Además de cumplir con esos requisitos, quienes pidan una probation además deberán contar con la conformidad del fiscal. Después, el juez del caso es estipula las pruebas que los acusados deben cumplir: pueden ser tareas comunitarias por un plazo determinado o un resarcimiento económico.
En caso de cumplir con dichas exigencias, concluido el plazo la justicia extinguirá la acción penal, decretando un sobreseimiento.
Este martes, Alberto Fernández hizo trascender a través de su abogado Gregorio Dalbón que ofrecerá una reparación a través de una porción de su salario. “Para cualquier tipo de ofrecimiento, primero debe estar sujeto a derecho y presentarse en el proceso”, señalaron fuentes del caso al indicar que el asesor letrado no asumió la defensa oficial aún en este expediente.
Hay un inconveniente con la figura a la que apela el Presidente, que es la conciliación por reparación. Como los funcionarios públicos no puede pedir un probation su abogado busca ampararse en esta esta otra figura, que si bien está en el Código Penal no se encuentra reglamentada. “Por ello está discutido su aplicación operativa. Entonces se determinaron las condiciones para utilizar dicho instituto”, explicó a Clarín un juez de Comodoro Py.
Como sí está incluida la conciliación por reparación en el Código Procesal Penal, en ese marco se estipulan ciertos parámetros y requisitos para concederla. El fiscal debe analizar la propuesta y en caso de aprobarla y de llegar a un acuerdo, concluye con una homologación del juez.
Pero primero, Dalbón deberá presentarse en el expediente y asumir la defensa del presidente. Hasta el momento hay un grupo de seis invitados bajo la asesoría letrada de Juan Pablo Fioribello; Alejandro Rúa representa al peluquero de Fabiola, y el ex juez Jorge Ballestero representa a la estilista Carolina Marafioti.
Las opciones para los investigados por las visitas a la quinta de Olivos están sobre la mesa, y todas son exploradas para tratar de cerrar el proceso lo más rápido posible y evitar posibles imputaciones e indagatorias con el calendario electoral encima.
Pensando en las PASO, fuentes de Casa de Gobierno admiten que sería casi imposible que el caso se cierre en quince días, pero bajo ningún aspecto desean que la investigación cobre mayor relevancias durante noviembre, cuando se celebran los comicios generales de medio término.
Fuente Clarin
