Por Sandra Mossayebeh
España llegará a las urnas el 29 de noviembre en un escenario que excede ampliamente la continuidad o salida de Pedro Sánchez. El adelanto electoral, anunciado después de la derrota parlamentaria de los decretos de vivienda, expone el agotamiento de una arquitectura política que durante tres años permitió sostener una mayoría heterogénea, pero también se inscribe en una transformación que alcanza a otras democracias. Brasil acaba de ofrecer una señal significativa. En la primera vuelta del 4 de octubre, Flávio Bolsonaro obtuvo alrededor del 47 por ciento de los votos y Luiz Inácio Lula da Silva cerca del 45, trasladando la definición al balotaje del 25 de octubre. Sería incorrecto suponer que España seguirá necesariamente el recorrido brasileño, pero también resultaría insuficiente analizar ambos procesos de manera aislada. En contextos políticos, económicos e institucionales diferentes, las dos elecciones reflejan sociedades que parecen estar modificando aquello que esperan del Estado.
Durante buena parte de las últimas décadas, numerosos gobiernos progresistas consolidaron apoyo mediante políticas redistributivas, ampliación de derechos y programas de protección social. En sociedades atravesadas por desigualdades persistentes, esas políticas produjeron efectos concretos y conservaron respaldo. El problema aparece cuando esa protección convive con inseguridad, deterioro económico, corrupción, pérdida de control territorial o una gestión migratoria percibida como desordenada. Los ciudadanos pueden valorar la salud y la educación públicas, los subsidios o determinadas transferencias y, al mismo tiempo, considerar insuficiente la acción estatal si no garantiza seguridad, hace cumplir la ley, administra sus fronteras o genera condiciones para progresar mediante el trabajo. No significa que las políticas sociales hayan perdido importancia. Significa que ya no resultan suficientes para compensar otras deficiencias que afectan de manera directa la vida cotidiana.
Un gobierno puede ampliar derechos y sostener mecanismos de asistencia y, sin embargo, perder legitimidad cuando no consigue ofrecer estabilidad económica, seguridad o una expectativa creíble de movilidad social. Esa diferencia resulta central para comprender el momento actual. La ciudadanía continúa reclamando protección, pero evalúa con mayor severidad la capacidad efectiva de quienes gobiernan. Ya no se trata solamente de cuánto distribuye el Estado, sino de si conserva autoridad para cumplir sus funciones, garantizar previsibilidad y generar condiciones para que el progreso no dependa permanentemente de mecanismos compensatorios.
América Latina muestra con particular claridad esta transformación. El crimen organizado y el narcotráfico dejaron de constituir problemas exclusivamente policiales para convertirse en desafíos de soberanía, gobernabilidad e integridad institucional. En varios países, las organizaciones criminales disputan territorios, corredores logísticos y economías locales, mientras la violencia, la extorsión y la penetración de estructuras estatales modifican la relación entre ciudadanía y poder público. A esa inseguridad se suma una dificultad económica persistente. Cuando el crecimiento resulta insuficiente y disminuyen las posibilidades de movilidad social, los subsidios pueden amortiguar una crisis, pero no reemplazan el empleo estable, la previsibilidad ni la expectativa de progreso. La asistencia puede contener el deterioro inmediato, pero no construye por sí sola un horizonte de desarrollo.
Brasil concentra buena parte de esta tensión. Lula conserva una base social vinculada a sus políticas de inclusión y al legado de sus anteriores gobiernos, pero llega al balotaje después de quedar detrás de Flávio Bolsonaro en la primera vuelta. El resultado no demuestra una conversión homogénea del electorado hacia la derecha. Revela, más bien, una modificación de las prioridades que intervienen en la decisión política. Seguridad, costo de vida, corrupción y desgaste del oficialismo compiten ahora con la agenda social. La capacidad de movilización de Flávio Bolsonaro muestra además que el bolsonarismo ya no depende exclusivamente de Jair Bolsonaro. Se ha convertido en una identidad política con capacidad de reproducirse más allá de su fundador y de canalizar demandas asociadas con seguridad, autoridad y cambio económico.
El fenómeno trasciende a Brasil. Argentina, Chile, Colombia y Perú, entre otros casos, muestran avances de fuerzas conservadoras o el reemplazo de gobiernos progresistas por alternativas que han colocado seguridad, orden y economía entre sus principales argumentos electorales. Las trayectorias nacionales son diferentes y sería incorrecto reducirlas a una misma explicación. Sin embargo, su coincidencia temporal obliga a observar una modificación en la jerarquía de las demandas sociales. El votante contemporáneo puede defender políticas públicas de protección y, al mismo tiempo, reclamar disciplina fiscal, control del delito, fronteras administradas y respuestas eficaces frente a la corrupción. También puede sostener posiciones progresistas en materia de derechos y adoptar criterios más restrictivos frente a la seguridad o la inmigración irregular. Las preferencias se han vuelto más complejas y menos ajustadas a los antiguos paquetes ideológicos.
España pertenece a otra estructura institucional, económica y cultural, pero la elección del 29 de noviembre permite observar algunas tensiones semejantes. El Gobierno llega después de perder una votación central sobre vivienda, con una mayoría parlamentaria erosionada y una izquierda situada fuera del PSOE obligada a reorganizarse en pocas semanas. Al mismo tiempo, vivienda, inmigración, seguridad, costo de vida, corrupción y funcionamiento institucional disputan el centro de la campaña. El promedio de encuestas publicado por RTVE al 5 de octubre sitúa al Partido Popular en el 32,5 por ciento, al PSOE en el 26,3 y a Vox en el 18,7. Traducidos esos sondeos en escaños, PP y Vox superarían conjuntamente los 200 diputados. No es una predicción electoral, sino la fotografía de un momento, pero muestra un cambio significativo tanto en la relación entre bloques como en el peso que cada fuerza adquiere dentro de ellos.
Pedro Sánchez buscará reconstruir la elección alrededor de la vivienda, los derechos sociales y la continuidad de su gestión, mientras Alberto Núñez Feijóo intentará presentarla como una decisión sobre alternancia y cierre de ciclo. Santiago Abascal ocupa una posición diferente. El crecimiento de Vox introduce una agenda más restrictiva en inmigración y seguridad y aumenta su capacidad para condicionar al PP dentro del espacio conservador. La competencia española no se desarrollará únicamente entre izquierda y derecha. También se disputará dentro de cada bloque, en un escenario donde las antiguas lealtades parecen menos estables y donde la capacidad para imponer los temas centrales de campaña puede resultar tan relevante como la identificación partidaria.
La inmigración ocupa una posición especialmente sensible porque se cruza con seguridad, identidad y capacidad estatal. Equipararla con delincuencia sería incorrecto, pero también lo sería ignorar que la percepción de descontrol fronterizo o las dificultades de integración pueden modificar el comportamiento electoral. El debate ya no se limita al número de personas que ingresan a un país. También comprende las condiciones de entrada y permanencia, la capacidad del Estado para hacer cumplir las normas y la preservación de un marco común de convivencia. Cuando una parte de la ciudadanía percibe que esas funciones se debilitan, la inmigración deja de ser exclusivamente una cuestión social y comienza a formar parte de una discusión más amplia sobre autoridad, soberanía y cohesión.
Ahí aparece uno de los vínculos más relevantes entre España y Brasil. Ninguno enfrenta los mismos problemas ni dispone de las mismas instituciones, pero en ambos casos los gobiernos son evaluados sobre un conjunto de demandas que ya no puede responderse exclusivamente desde la redistribución. Seguridad, crecimiento, corrupción, fortaleza institucional y capacidad para ejercer control se incorporan a la valoración ciudadana junto con las políticas sociales. Esto no significa necesariamente que los electores se hayan vuelto ideológicamente conservadores. Puede significar que han ampliado aquello que consideran indispensable para reconocer eficacia y legitimidad a un gobierno.
Esa distinción permite comprender por qué hablar simplemente de un giro a la derecha resulta insuficiente. En diversos países las fuerzas conservadoras se están beneficiando de esta transformación, pero las causas que impulsan el desplazamiento electoral no les pertenecen necesariamente. Cuando inseguridad, inflación, corrupción o deterioro institucional afectan a un gobierno progresista, la oposición puede capitalizar el descontento. Si posteriormente una administración conservadora tampoco consigue responder a esas demandas, enfrentará el mismo mecanismo de desgaste. El elemento decisivo no es únicamente la orientación ideológica, sino la percepción de capacidad para gobernar.
El cambio que atraviesa América Latina y que también comienza a observarse en España parece, por eso, más profundo que una simple alternancia entre izquierda y derecha. Cuando el Estado brinda asistencia pero no garantiza seguridad, distribuye recursos pero no genera movilidad o amplía derechos sin conseguir hacer cumplir las reglas, se abre una distancia entre las políticas ofrecidas y las prioridades de la sociedad.
La pregunta ya no es solamente hacia dónde se desplaza el electorado, sino qué espera de quienes gobiernan. La respuesta parece cada vez más exigente. Protección social, pero también seguridad, crecimiento, instituciones confiables y capacidad efectiva de gobierno.
Ese puede ser el verdadero cambio de ciclo. No el abandono de la protección social, sino el fin de la idea de que, por sí sola, basta para sostener el poder.
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