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El presidente Alberto Fernández, Fabiola Yañez y los demás nueve invitados a la fiesta en la Quinta de Olivos el 14 de julio del 2020, están imputados por haber violado la normativa que prohibía todo tipo de encuentros sociales. Ahora, los denunciantes quieren ser parte del expediente, y se presentaron en la causa con una dura réplica al jefe de Estado. El fiscal aguarda más documentación y no se descarta un pedido para que el caso vaya a San Isidro.
Las declaraciones del Presidente continúan centrándose en la tesis que planteó: en la fiesta no hubo intención de propagar el virus del Covid, y como a su entender eso tampoco ocurrió, no se cometió ningún delito. La fiscalía consideró insuficiente ese argumento y terminó imputando a Fernández.
Con las imputaciones formalizadas, la causa seguirá su curso en manos del fiscal Ramiro González, quien profundizará la pesquisa a la espera de que el Gobierno remita la información vinculada a la aplicación Cuidar.
El representante del Ministerio Público Fiscal quiere saber si los asistentes al cumpleaños estaban autorizados a circular cuando esa excepción sólo regía para personal esencial. Además, el Gobierno debe responder quiénes brindaron las correspondientes autorizaciones. ¿Hubo permisos especiales para estas personas ya imputadas? Es algo que la Casa Rosada debe explicar al fiscal.
Pero además, se está a la espera de la explicación respecto a qué protocolos implementaron para justificar el cumpleaños de la primera dama, pues la Casa Militar afirmó que el ingreso de los participantes hoy bajo la lupa de la justicia se asustó a todos los protocolos. Deberán detallar a qué de refieren con los mismos.
En el escrito a través del cual pidió su sobreseimiento, el presidente dijo que “de ninguna manera se relajaron, evitaron u omitieron las medidas de cuidado de rigor”, y que por eso considera que “no se ha creado ningún peligro concreto de propagación del virus SARSCOV- 2”.
Frente a este escenario, este viernes la Fundación Apolo -una de las denunciantes en el caso junto a Jóvenes Republicanos-, se presentó ante el juez Sebastián Casanello, para pedir que la incorporen como Amicus Curiae (amigos del Tribunal), lo que le permitiría ser parte del expediente.
“La presente causa investiga la vulneración de valores como la salud pública y la ética pública, cuya protección es una obligación del Estado argentino asumida a partir de compromisos internacionales”, sostiene el escrito al que accedió Clarín.
Como la Fundación se dedica a “bregar por el buen funcionamiento de las instituciones de la República y por la transparencia, siendo de público conocimiento las tareas que desarrolla en ese sentido”, sus representantes entendieron que reúnen los requisitos suficientes para “ser reconocida como amiga del tribunal”.
En otro tramo de la presentación, la Fundación Apolo replicó los argumentos de la defensa de Alberto Fernández. En tal sentido, su texto hizo foco en que la normativa vigente al tiempo de los hechos, “dictada por el propio imputado, le impedía efectuar una reunión como la que organizó y está claro que por su doble condición de abogado y de presidente no podía desconocer ni la existencia de esa normativa, ni sus alcances penales“.
Para los denunciantes, es insuficiente plantear que como no hubo propagación del virus no se cometió ningún delito, y recordaron que la “propia regla escrita y firmada por él, alude a la infracción al artículo 205 del Código Penal. Mal puede ahora intentar esgrimir que si no se produce un daño concreto no es típica la figura. Recordemos que más de diez millones de ciudadanos han sido notificados o imputados por la vigencia de los decretos presidenciales dictados en el marco de la pandemia”.
Para la Fundación, según el planteo que sostiene el pedido de sobreseimiento del Presidente “nos encontraríamos ante un primer mandatario que le prohibió a todos los argentinos efectuar reuniones como las que el efectuó, asistir a clases, pasear, caminar, hacer ejercicio al aire libre, etc. solo por gusto y placer y sin que tengan estas actividades una potencialidad real de generar peligro, con lo cual ya no nos encontraríamos en una infracción al artículo 205 sino en algo un tanto más serio, como podría algún tipo de atentado al orden constitucional, dado que privó a toda la ciudadanía de libertades y derechos básicos sin motivo real aparente. Francamente este argumento no resiste el menor análisis”.
Será el juez Casanello quien decida si acepta a los denunciantes como parte del expediente.
Por otro lado, aún existe la posibilidad de que la jueza de San Isidro Sandra Arroyo Salgado -con jurisdicción sobre la quinta presidencial- pida que el expediente deje de tramitar en Comodoro Py y se unifique con una denunciantes inicial que tiene a cargo.
Fuente Clarin
