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El jueves pasado, minutos antes de ser imputado por el fiscal Ramiro González, por incumplir el DNU que él mismo había firmado, Alberto Fernández había pidió su sobreseimiento. Entre sus argumentos citó la resolución de la jueza María Eugenia Capuchetti que al referirse al Vacunatorio VIP sostuvo que se trataba de un comportamiento cuestionable desde lo ético, pero que no configuraba un delito penal. Pero este lunes Cámara Federal rechazó esa mirada y ordenó reabrir aquel caso. El razonamiento del presidente, entonces, también tuvo un duro revés.
Para soslayar cualquier responsabilidad penal por cumpleaños de su mujer en la quinta de Olivos durante la cuarentena, Alberto Fernández enhebró varios planteos. En primer término dijo que los hechos “tuvieron lugar dentro de la órbita de la intimidad familiar“, y que en el tiempo de pandemia la acción de gobierno “se trasladó íntegramente al predio -de Olivos- y mi trabajo no tuvo días ni horarios determinados”. Aunque no queda claro en el texto, su intención quizás fue tratar de extender la más justificada existencia de reuniones laborales en la quinta con la cuestionada fiesta de cumpleaños.
Pero Alberto también deslizó que el “compromiso ético que pudo verse cuestionado al momento de evaluar la posible transgresión de normas sanitarias” y, por si hiciera falta, aclaró que “nunca fue motivo del encuentro propagar de ningún modo la pandemia que nos acosa”.
Bajo ese mismo lineamiento, aclaró que “de ninguna manera se relajaron, evitaron u omitieron las medidas de cuidado de rigor”, y que por eso considera que “no se ha creado ningún peligro concreto de propagación del virus SARSCOV- 2.
El jefe de Estado utilizó entonces otro argumento, y tomó como punto de apoyo aquella resolución de la jueza Capuchetti que ordenó archivar parcialmente el caso del vacunatorio VIP. “Respecto a la interpretación que se debe hacer de mis actos a efectos de determinar si ellos constituyen o no delito alguno, resulta atendible lo resuelto por la doctora Maria Eugenia Capuchetti”, inició el Presidente.
Usó un párrafo en particular: “La indignación sobre la manera en que se desarrollan ciertos acontecimientos no implica necesaria y automáticamente que deba intervenir el derecho penal. Existen situaciones que no son de nuestro agrado y que repudiamos fuertemente pero no pueden, por sí solas, hacernos dejar de lado los límites de la función que tenemos y, en lo que hace a los jueces, no deben ser suficientes para que dejemos de lado principios constitucionales que operan en materia penal”.
El Presidente citó textualmente a la magistrada: “Esta situación no cambia en absoluto por el sólo hecho de que haya quienes exijan clamorosamente la aplicación de un castigo penal, en el entendimiento de que consideran insuficiente las consecuencias que trajeron por sí solos los hechos, ya sea en la opinión pública, en la legitimidad de las instituciones y en la permanencia en los cargos de los funcionarios implicados”.
Aquellas palabras tuvieron una interpretación clara para Alberto Fernández: “De esta manera, resulta evidente que mis acciones no constituyen delito alguno“.
Pero su estrategia de defensa quedó este lunes sin ese sustento: la Cámara Federal porteña ordenó a la jueza Capuchetti reabrir la investigación.
“¿Por qué ellos, y no otros de entre los millones de ciudadanos del país en igual condiciones, fueron los beneficiarios de esa vacunación simultánea?”, escribieron en su resolución los jueces de la Sala I del tribunal.
Apuntando al corazon de la resolución de Capuchetti, los camaristas señalaron que la situación ética alegada por la jueza, “no permite descartar que sea producto de una conducta ilícita, que -por otro lado-siempre es antiética”.
Ahondando en ese criterio, los jueces Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens indicaron que “el mero juzgamiento ético es superado por otro, propio de este ámbito penal. Ese examen, cercenado de modo anticipado, es el que corresponde efectuar encarando un análisis que sea completo e integral”.
El debate ético, concluyeron los jueces, no puede ser motivo para no continuar investigando la conducta de los funcionarios públicos, como de los demás integrantes del listado que vuelve a estar bajo investigación.
El razonamiento se extrapola sin desvíos al Olivosgate: la tesis en la que se escudó Alberto Fernández para decir que no hubo delito también es, cuanto menos, prematura.
Fuente Clarin
