El ente controlador le dio así un nuevo golpe al sector militar del gobierno, que también había tenido una compra considerada atípica de leche condensada para las tropas durante entrenamientos y los principales cortes de carne para los “churrascos”, como se dice en Brasil a comer carne a la parrilla.
El caso, más allá de la cuestión administrativa, supone un golpe político contra el ministro de Defensa y hombre de confianza del presidente Jair Bolsonaro, el general retirado Walter Braga Netto, quien está siendo nombrado como un posible candidato a vicepresidente en el intento de reelección del jefe del Estado en octubre próximo.
La auditoría fue abierta para investigar supuestos gastos superfluos que se registran desde 2017, desde el gobierno de Michel Temer, pero llamó la atención, según Folha, el gasto durante la pandemia de 2020.
El tribunal revisor apunta que esperaba menos gastos de comida debido a que todos los ministerios redujeron sus actividades presenciales a raíz de la pandemia en 2020.
La causa de auditoría fue autorizada por el juez Walton Rodrigues, del tribunal de cuentas.
En un comunicado de la oficina de prensa del Ministerio de Defensa, el Gobierno rechazó cualquier especulación sobre desvío de fondos y argumentó que, en el marco de la pandemia, fueron mantenidas las actividades de Ejército, Marina y Fuerza Aérea.
“No parece razonable destinar los pocos recursos públicos en la compra de artículos no esenciales, especialmente durante la crisis sanitaria, económica y social por la que pasa el país a causa de la pandemia”, dice el informe.
Según el tribunal de cuentas, parte del dinero para la compra de carne para asados de los militares fue obtenida de la partida presupuestaria llamada “21C0 -Enfrentamiento de la Emergencia de salud Pública de Importancia Internacional provocada por el coronavirus”, creada en 2020 para acciones contra la Covid-19.
El Gobierno de Bolsonaro ha colocado más de 6.000 militares en actividad y retirados en toda la administración pública y cuenta con un gabinete con fuerte presencia castrense: el mandatario fue desvinculado por indisciplina del Ejército en 1988 como teniente, tras lo cual, con su salida, fue ascendido a capitán.
El excapitán reivindica la dictadura militar (1964-1985) y ganó las elecciones de 2018 con un amplio apoyo castrense, inédito en democracia, llevando también al general retirado Hamilton Mourao como vicepresidente.
La gestión de Bolsonaro tiene más militares en cargos de primero y segundo escalón en puestos civiles como empresas públicas y ministerios que la propia dictadura.
Mourao había sido dado de baja por la expresidenta Dilma Rousseff por insubordinación, tras cuestionar la confección del informe de la Comisión de la Verdad sobre los crímenes no juzgados en el Brasil de la dictadura.
Según el tribunal, el estatuto militar prevé gastos para alimentación como un derecho de los militares, pero estas compras chocan contra el artículo 37 de la Constitución, que habla de integridad de las compras públicas.
“La adquisición de comida debe tener por finalidad proveer alimentación saludable, balanceada y adecuada para suplir la necesidad nutricional”, dice el informe.
Ese trabajo de la auditoría dio por comprobado que, entre otros artículos considerados de lujo, se compraron bebidas alcohólicas, pescados como camarones y bacalao, y distintos cortes de carne.
Fuente Ambito
