Investigan a la exalcaldesa de Ocaña por un presunto delito de prevaricación

Una vez finalizada la fase de instrucción, el Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción nº 2 de Ocaña ha dictado auto de transformación en procedimiento abreviado dando traslado a las partes para apertura de juicio oral, al existir «claros indicios de que los hechos denunciados pudieran ser constitutivos de un delito de prevaricación administrativa» cometido por la exalcaldesa ‘popular’ de Ocaña, Remedios Gordo Hernández, y la concejal Aranzazu Pérez Fernández. El caso surgió a raíz de la denuncia presentada en el año 2018 por un empresario de la localidad. A raiz de ahí, el Juzgado encargó la investigación de los hechos denunciados al Equipo de Policía Judicial de la Guardia Civil de Villacañas, quien en un extenso y detallado informe concluye que la exalcadesa puede ser autora de cinco delitos de prevaricación por omisión y uno de prevaricación administrativa. Tras la investigación llevada a cabo por el Juzgado, el examen de la documentación y las declaraciones testificales del arquitecto municipal, la secretaria municipal y el entonces jefe de la Policía Local, el titular del Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción nº2 de Ocaña ha acordado la transformación en procedimiento abreviado al entender que existen indicios suficientes que demostrarían la comisión de los delitos denunciados. Si bien en un primer momento de la instrucción también declaró como investigado el entonces teniente de alcalde Andrés Martín Jiménez, tras la instrucción del procedimiento el mencionado exconcejal ha sido excluido. Pero quien sí ha sido imputada por supuesta comisión de un delito de prevaricación es la que fuera concejal de Educación y Asuntos Sociales, Aránzazu Pérez Fernández. Los hechos denunciados y comprobados tanto en el atestado de la Policía Judicial como en la instrucción del procedimiento llevado a cabo por el Juzgado, «consistirían en la omisión por parte de la exalcaldesa del deber de perseguir diferentes infracciones urbanísticas graves a pesar de tener conocimiento y ser consciente de la comisión de dichas infracciones por informes tanto de la Policía Local, como del arquitecto municipal, como secretaria del Ayuntamiento que así se lo advertía». Se indica que se trata de construcciones de gran envergadura que a pesar de su ilegalidad se han dejado construir «mirando para otro lado», eludiendo la responsabilidad de sancionar al infractor y evitando restaurar la legalidad urbanística tal y como indica el Reglamento de Disciplina Urbanística. Entre estas construcciones ilegales destaca una nave de grandes dimensiones construida por un familiar directo del entonces teniente de alcalde, Andrés Martín Jiménez, que, a pesar de contar con cinco informes desfavorables del arquitecto municipal y un atestado de la Policía Local, se permitió su construcción y no se incoó el correspondiente procedimiento sancionador. La exalcaldesa de Ocaña es ahora concejal-portavoz del Grupo Popular del Ayuntamiento, y ocupa los cargos de presidente del PP local de Ocaña y vicesecretaria de políticas sociales del Partido Popular de la provincia de Toledo. Por su parte, Aránzazu Pérez Fernández es concejal del PP ocañense.
Fuente ABC