Por Edgardo Aguilera
Ardió en consultas el sistema de Gestión Documental Electrónica del sector militar tras la divulgación del expediente NO-2022-11808033-APN-CO#EMCO.
Se trata de la inhabilitación planteada contra el auditor designado por el Estado Mayor Conjunto para investigar la conducta de quien denunció el affaire de pagos irregulares en las PASO y el manejo indebido de esos fondos en el Comando General Electoral. El sistema digital para la tramitación de todas las actuaciones y expedientes del Sector Público Nacional registró el lunes pasado un “pedido de reconsideración” equivalente a “recusación” y, en la reglamentación castrense “inhabilidad”, interpuesta contra el coronel mayor auditor (abogado) Alberto Torres, jefe de la Asesoría Jurídica del Estado Mayor Conjunto, se busca apartarlo de la investigación por temor fundado de prejuzgamiento.
La esgrima burocrática arrancó así. El subjefe del Estado Mayor Conjunto (EMCO), brigadier mayor Pedro Girardi, -que actúa por delegación del titular del organismo, el teniente general Martín Paleo-, había ordenado en diciembre de 2021 la instrucción de un sumario (legajo disciplinario) con el objeto de analizar la conducta del teniente coronel Gustavo Chávez Leguina, denunciante de las irregularidades en pagos y licitaciones cometidos por miembros del Comando General Electoral del Estado Mayor Conjunto durante las elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO). Y designó al coronel mayor Torres en calidad de sumariante, pero Torres ya había actuado en ése rol durante el proceso investigativo inicial, que concluyó con la aplicación de sanciones al coronel Raúl García, jefe del Servicio Administrativo Financiero del Comando General Electoral y al capitán de corbeta Dalton Valenzuela (protesorero) confirmándose los pagos duplicados y erróneos en perjuicio de la administración pública. El sumario finalizó con sanciones leves a dos oficiales de intendencia y no avanzó sobre la autoridad máxima responsable del control del Comando Electoral que estaba a cargo del general Martín Deimundo Escobal, comandante operacional del Estado Mayor Conjunto. En el mismo expediente cabeza, Torres delineó una serie de conductas atribuidas a Chávez Leguina (denunciante del affaire PASO) encuadrándolas como presunta falta disciplinaria grave. Con éste fundamento se puso la lupa en el denunciante Chávez Leguina y la investigación quedó otra vez en manos de Torres que ya había adelantado opinión acerca del sumariado Chávez en el Informe Final del expediente anterior.
Hasta el lego deduce que el prejuzgamiento es inmediato sólo salvable con al apartamiento de Torres y la designación de un nuevo oficial instructor, garantía de imparcialidad en el debido proceso. Letrados familiarizados con el caso sostuvieron que: El artículo 2, segundo párrafo del anexo II del decreto N1 2666/12 que reglamenta la ley de creación del Código de Disciplina de las Fuerzas Armadas sobre “el Instructor” establece que; “No podrá designarse como auditor a quien como funcionario hubiera manifestado previamente su opinión en el expediente de modo que pudiera prejuzgar la resolución del asunto”. El texto de recusación elevado por el teniente coronel Chávez Leguina abunda en otras causales, conversaciones con el sumariante llevadas a cabo el día de la notificación (2 de febrero) que denotarían cierta animosidad del sumariante. La polvareda del affaire militar de las PASO prendió en legisladores de la oposición, entre ellos Pablo Torello, Héctor Steffani y Alberto Asseff interesados en la evolución política de la denuncia. El Comando Electoral recibió más de 20 millones de pesos del Ministerio de Interior para afrontar gastos de traslados, viáticos, logística de vehículos y racionamiento, de personal de Fuerzas Armadas y de Seguridad.
Fuente Ambito
