La ministra de Transición Ecológica ya asume el Midcat como una posibilidad real. El gasoducto, que debería unir la red nacional con Europa a través de Cataluña —el proyecto se encuentra en un cajón desde 2018 víctima del ‘lobby’ nuclear francés y de la política de transición energética española—, ha pasado de descarte a opción en cuestión de días. Hasta Teresa Ribera, su gran detractora dentro del Gobierno, se atreve a poner condiciones para emprender la infraestructura: que esté adaptada para transportar hidrógeno, que Francia cumpla su parte y, sobre todo, que Europa pague.
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la vicepresidenta tercera ha recogido los guantes del presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, y de la ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, que en los últimos días habían abierto la posibilidad de recuperar la obra. La visita de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, al Palacio de la Moncloa el pasado sábado ha acelerado las expectativas: España es clave para la diversificación energética que desea Bruselas en su búsqueda de autonomía frente al suministro ruso y el Ejecutivo ya no rehúye al debate.
Preguntada por si se siente sola en su oposición al proyecto, la ministra ha asegurado que todo el Gobierno comparte la misma opinión sobre el Midcat. Y ha deslizado que esta no es un no: “Es importante invertir en resiliencia en Europa. [La seguridad energética en España] tiene sentido que sea beneficiosa para la seguridad de suministro de los vecinos”.
Frente al entusiasmo de otros miembros del gabinete, que ven en la infraestructura una oportunidad estratégica para España, Transición Ecológica pone sus condiciones. La primera, ya sugerida por Calviño es los últimos días, es que el ducto no esté limitado al gas natural, algo que atentaría contra las políticas verdes que promueve el departamento de la vicepresidenta tercera. De momento, Ribera pide que el Midcat transporte biometano “y otros gases renovables”, para más adelante poder incorporar el hidrógeno verde, en el que el Ejecutivo confía como uno de los motores de la transición y al que dedicará 6.900 millones de los fondos de recuperación europea.
En ese sentido, Ribera ha recordado que una obra como esta tiene un tiempo de construcción de cinco o seis años, por lo que no servirá para resolver el problema puntual de suministro por la guerra en Ucrania. “Debe estar preparada para su viabilidad comercial a lo largo del tiempo”, ha remarcado la ministra, que también ha subrayado la importancia de que se cumplan todos los requisitos técnicos. El proyecto inicial preveía que el ducto tuviese una capacidad de hasta 7.000 millones de metros cúbicos, lo que podría aliviar los problemas de suministro de países como Alemania.
El sí de Francia
La decisión no solo depende de España. En primer lugar, por el veto francés, que está en el origen de la paralización del proyecto y es imprescindible que se levante para recuperar la infraestructura. En ese sentido, la ministra ha vuelto a poner la pelota en el tejado del Elíseo: “No debe acabar en una conexión sin salida“. La obra, presupuestada en su día en unos 3.000 millones de euros, no tiene sentido si no se garantiza su unión con el Mediodía (Midi), que transporta el gas por el sur del país vecino. “No es si España quiere o no quiere”, ha enfatizado la ministra. Esa conexión tendría un coste de unos 400 millones de euros.
El ducto, del que se llegó a construir un pequeño tramo del lado español, fue paralizado definitivamente por las constantes negativas de París, pese a estar incluido en la lista de proyectos de interés común de la Unión Europea. Ahora, el posible giro de Bruselas hacia las conexiones energéticas con el sur ha recuperado un viejo debate, espoleado en España por el apoyo de los partidos y patronales catalanas. “La respuesta pasa por más Europa, más coordinación, más uso inteligente de las infraestructuras”, ha puntualizado la ministra. Este mismo martes, la Comisión ha presentado su plan de reforma del mercado energético, que prevé reducir en dos tercios las importaciones de gas ruso cada año hasta conseguir la plena autonomía en 2030.
En esa estrategia, que busca diversificar proveedores —actualmente Moscú aporta el 41% del suministro comunitario—, el Midcat podría ser una infraestructura clave. España cuenta con un tercio de la capacidad de regasificación del continente, por lo que una buena conexión con sus socios comunitarios permitiría aprovechar el incremento de las llegadas de gas natural licuado a los puertos nacionales en beneficio del conjunto de la UE. Pero el Gobierno ha dejado claro que esto no se hará a costa de los consumidores, que actualmente financian las plantas a través de los cargos y peajes de la factura.
La tercera condición que ha puesto Ribera es que el gaseoducto sea sufragado por la Unión. “Los consumidores en España pagan por la seguridad de suministro. [La obra] debe estar financiada por Europa y no por los usuarios españoles”. De momento, los dos últimos requisitos se antojan lejanos.
Fuente El Confidencial
