El Gobierno vasco y la Fiscalía de la Audiencia Nacional chocan por el tercer grado de ‘Fiti’

El Gobierno vasco no esconde su sorpresa por la decisión de la Audiencia Nacional de recurrir el tercer grado del dirigente de ETA José María Arregui Erostarbe, fiti
. Desde la consejería de Justicia han reconocido en una rueda de prensa que la petición, que se presentó junto a otras siete que sí han sido admitidas, se hizo siguiendo criterios «técnicos y científicos» y por eso reconocen tener «cierta esperanza» de que el juez finalmente desestime el recurso. «No sabemos cuáles son las alegaciones que la Audiencia Nacional ha expuesto», ha reconocido la consejera Beatriz Artolazabal. Ha explicado que su decisión se basó en la «avanzada» edad del preso, 75 años» y a que estaba «casi a punto de cumplir la condena». «Entendíamos que en base a los datos y el expediente cumplía los requisitos», ha reconocido. Fiti es un histórico de la banda terrorista. Lleva en prisión desde el año 1992. Está condenado a 743 años de cárcel por participar en el atentado contra un autobús militar en Zaragoza en 1987, en el que murieron dos personas. También participó en el intento de asesinato del comisario general, Manuel Olivenza, en la Expo de 1992 en Sevilla. El colectivo Covite defendió hace unas semanas que únicamente se le podría conceder el tercer grado por «razones humanitarias», ya que nunca se había arrepentido de forma expresa de lo ocurrido. En ese sentido se han manifestado hoy durante la comparecencia. Desde la Consejería de justicia recuerdan que el propio código penal prevé la libertad condicional, «que va más allá del tercer grado» cuando los presos cuenten más de 70 años. «Hay que ver qué es lo que finalmente decide el juez», ha insistido la ministra. Insistir en el «trabajo riguroso»
Artolazabal ha pedido además no centrarse en este único caso. Para su departamento el hecho de que la Fiscalía de la Audiencia Nacional sólo haya recurrido uno de los ocho expedientes de etarras para los que se había solicitado el tercer grado avala el «trabajo riguroso» que se está haciendo. Ha insistido en que en cada caso se hace un examen exhaustivo e indivicualizado de la situación en las que se encuentran las personas privadas de libertad y que las decisiones se toman en base a datos técnicos y científicos. «Las decisiones han sido entendidas por la Audiencia Nacional», ha insistido. Además, ha recordado que las juntas de tratamiento siguen siendo las mismas que estaban en el País Vasco antes de que se materializase el traspaso de la competencia.
Fuente ABC