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La nueva LIE establece que la compañía estatal tendrá prioridad para subir su energía a la red, modificando el orden del despacho previo, basado en un criterio económico que favorecía la generación de renovables por ser menos costosa.
La Suprema Corte validó también la posibilidad de revisar, renegociar o terminar contratos con productores independientes de energía, viejos convenios que el presidente López Obrador califica de “leoninos” para la CFE argumentando que dañan las finanzas de la estatal y favorecen a empresas privadas.
El tribunal consideró que, en este rubro, los cambios a la ley “no transgreden los principios de no retroactividad y seguridad jurídica, por no existir derechos adquiridos en aspectos relacionados con el orden público y ser lo suficientemente precisos”, de acuerdo a un comunicado.
Resultado incierto
Pese al resultado, la votación en la Suprema Corte de Justicia estuvo muy cerca de resultar negativa para el mandatario -un nacionalista en materia energética y petrolera- pues el proyecto en su conjunto obtuvo siete de los ocho votos necesarios para ser desechado y solo cuatro que lo avalaron, suficientes para dejar vigentes los cambios a la LIE.
La nueva LIE no ha entrado en pleno vigor pues ha sido frenada en tribunales. Lo sucedido en el máximo tribunal no evitaría que nuevos desafíos a la ley en juzgados, según expertos.
“La contrarreforma parece no pasar. Los amparos, en caso de llegar a la Corte, ganarán por mayoría simple”, dijo Víctor Ramírez, vocero de la Plataforma México Clima y Energía, en su cuenta de Twitter al referir que al no haberse alcanzado los votos para descartar la reforma continuarán las impugnaciones a la aplicación de la LIE.
La discusión en la Suprema Corte se da en medio del debate de una iniciativa de reforma constitucional en el sector eléctrico, enviada por López Obrador a la Cámara de Diputados en octubre y que se espera que sea votada la semana que entra.
Esa iniciativa contiene básicamente los mismos cambios ya aprobados en la LIE, pero el mandatario decidió enviarla para modificar la Constitución tras los problemas para poner en marcha la nueva LIE.
Estados Unidos ha manifestado cada vez con más fuerza su oposición a la reforma constitucional del mandatario y los cambios en el sector energético, argumentando que pueden poner en riesgo inversiones por más de 10.000 millones de dólares de compañías estadounidenses en México en esos negocios.
Tras la decisión de la Suprema Corte de Justicia, el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, manifestó la preocupación de su país porque el aval del máximo tribunal a la nueva LIE pueda generar un “sinfín” de litigios e incertidumbre y obstruya la inversión.
Fuente Ambito
