El Gobierno era consciente de la gravedad de la sentencia europea a favor del etarra Atristain

La resolución del Tribunal Europeo de Derechos Humanos por el caso Atristain iba a tener consecuencias y el Gobierno lo sabía: «Estamos ante una cuestión grave», reconoció por escrito, pues afecta a la «persecución» de los delitos de terrorismo y contra la seguridad del Estado y puede alterar otros procedimientos. Así consta en el informe que el Ministerio de Justicia presentó a la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT) el pasado día 5 y al que ha tenido acceso ABC. En ese informe de la Abogacía del Estado, el Gobierno advertía que en caso de que los cinco jueces europeos inadmitieran el recurso de España y rechazaran reexaminar su decisión, «la sentencia de Atristain podía llevar a la revisión y posible anulación de futuras instrucciones penales, cuando se produzcan nuevas declaraciones del acusado que contradigan las realizadas previamente en presencia de su abogado de oficio». Es decir, la resolución europea –avisaba ese informe– puede afectar al esclarecimiento de investigaciones en marcha o atentados perpetrados por ETA que aún no hayan sido juzgados si no hay otras pruebas incriminatorias de peso más allá de las declaraciones ante la Policía de los detenidos en situación de incomunicación. Pero solo en estos casos, en los que no hay más elementos que acrediten la culpabilidad del acusado. Es lo que ha ocurrido, por ejemplo, con el exjefe de ETA Juan Carlos Iglesias Chouzas, alias ‘Gadafi’, o Gorka Palacios, ambos absueltos recientemente. De los etarras ya condenados en firme, el Gobierno destacaba en su informe, en cambio, la «imposibilidad» de que la consolidación de la nueva doctrina europea tuviera efectos para ellos. Según el escrito, aunque su sentencia se dictara de acuerdo a una detención incomunicada, no pueden acudir al Tribunal Supremo para pedir que se revise su condena. Tampoco, asegura la Abogacía del Estado, podrían recurrir en Estrasburgo los condenados en una situación similar a la de Atristain si no lo hicieron en su día, en tiempo y forma. Es decir, hasta cuatro meses después de agotar la vía judicial en nuestro país.
Fuente ABC