Luego del allanamiento al ministerio de Defensa, la justicia endurece la investigación sobre si el retraso en apelar la sentencia a favor de los mapuches en Bariloche y contra los intereses del Ejército lo decidió el director de Asuntos Judiciales de esa cartera, Martín Havela, y no la abogada Silvia Vazquez como se creía hasta ahora.
De esta manera, es cada vez más fuerte la versión de que se haya simulado un intento de apelación y así favorecer el reclamo de la comunidad indígena. Según informa Clarín, el fiscal Carlos Stornelli posee mucha documentación del expediente en el que mapuches reclaman 180 hectáreas de tierra de la Escuela de Instrucción Andina en Bariloche.
Entre las pruebas más dudosas, hay una nota fechada el “viernes 4 de febrero de 2021” sobre el caso de las tierras de la Escuela de Instrucción Andina redactada por Havela y dirigido al director de Asuntos Jurídicos del Ejército, coronel Walter Horacio Faneco. Ese texto afirma: “remito en archivo adjunto sentencia del 2 de febrero de 2022 en los autos “Comunidad Mapuche Millalonco-Ranquehue contra poder ejecutivo nacional, ministerio de Defensa” a los efectos de “tomar la correspondiente intervención en las actuaciones mencionadas”.
La cuestión es que Defensa había recibido la sentencia el miércoles 2 de febrero, a las 12, pero recién remitió el expediente NO-2022-11199739-APN-DAJUD#MD, el viernes 4 de febrero a las 15, cuando el plazo procesal había vencido a las 12 de ese día. Así la cartera le pasó el caso caliente al Ejército con los plazos procesales vencidos. Entonces, la cámara de apelaciones de General Roca rechazó el reclamo del Ejército por la demora en apelar.
La causa que Rafecas delegó en Stornelli es la N° 1615/2022 caratulada “Vazquez, Silvia Cristina s/abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público (Art.248) y prevaricato de los auxiliares de Justicia (Art.271) Denunciante: Asseff, Alberto Emilio Y Otros”.
La primera denuncia está firmada por los diputados de Juntos por el Cambio Asseff, Adriana Noemí Ruarte, Gerardo Milman, Héctor Setafani, Francisco Sánchez, Hernán Lombardi, Ingrid Jetter, Laura Rodríguez Machado, Aníbal Antonio Tortoriello, Fernando Adolfo Iglesias, Ricardo Lopez Murphy, Virginia Cornejo y Pablo Torello. Se busca determinar si la abogada de la Procuración General del Tesoro Silvia Vázquez u otras personas que pudieran “haber actuado como instigadores, cómplices y/o encubridores de la demora en apelar” la polémica decisión de la jueza federal de Bariloche Silvia Domínguez que le dio las tierras a los mapuches.
Dirigentes de la oposición creen que detrás del retraso que puede terminar con la entrega de las tierras “puede haber oculto un negocio inmobiliario”. Como los mapuches “no podrán vender sino conceder las tierras, va a aparecer un empresario amigo de los K para hacer negocios turísticos”, dijeron.
La semana pasada el Ejército presentó a la Cámara de Apelaciones de General Roca un recurso extraordinario ante la Corte Suprema en su papel de custodio legal de las 180 hectáreas en donde se encuentra el área de instrucción de la Escuela Militar Andina que está pendiente de resolución. El recurso extraordinario “se funda en que el Ejército Argentino presentó la apelación en su debido momento y la misma fue rechazada por cuestiones meramente formales que no se condicen con las consecuencias que esta resolución judicial pueda ocasionar”.
“La causa iniciada en 2012 derivó en un amparo a favor de la comunidad originaria donde fueron intimados varios organismos públicos: el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), el Congreso de la Nación, el Ministerio de Defensa y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, quedando a cargo del INAI la representación del Estado nacional en virtud de la temática“, consignó la información oficial. El INAI lo dirige la kirchnerista María Odarda que apoya los reclamos de los mapuches.
Fuente Mendoza Today
