Toma, ex funcionario: “En el caso de las tierras que le sacan al Ejército hubo complicidad del Ministerio de Defensa”

El predio del Ejército en Bariloche que reclaman los mapuches. Foto: Infobae.

Siguen las repercusiones por el fallo de la jueza Silvina Rodríguez contra el Ejército Argentino, el cual dispone la entrega de 180 hectáreas a la comunidad Millalonco Ranquehue. Miguel Ángel Toma habló con Infobae y expresó que “en ese caso tuvieron la complicidad del ministerio de Defensa” y que “constituye un antecedente peligroso porque hay más de 4.000 hectáreas en discusión”.

El ex secretario de Inteligencia remarcó que se trata de “procesos muy lentos, pero sostenidos porque son parte de la agenda de la nueva izquierda”.

“No hay que olvidarse que es una vieja metodología de las izquierdas, que ya en Argentina tuvieron un antecedente, como la estrategia de ocupación del ERP en Tucumán en la década del 70. Hay una serie de elementos importantes que indican que acá hay un apoyo transnacional. Por ejemplo hay varias ONG, algunas de ellas británicas, que apoyan en Chile a las CAM (Coordinadora Arauco-Malleco, similar a la RAM en nuestro país). El otro dato que no es menor es que, unos años atrás, el ex jefe de la policía colombiana, José León Riaño, fue a una reunión de intercambio de información con los carabineros chilenos y les dijo que cuando el Ejército colombiano mató a Raúl Reyes, el número dos de las FARC, le sacaron su computadora, la desencriptaron y descubrieron que su principal interlocutor en Argentina, no el único, era Facundo Jones Huala. Esto no es producto de dos loquitos a los que se les ocurrió utilizar la violencia para las reivindicaciones ancestrales, esto es parte de una operación de hace tiempo”, contextualizó comenzó.

Miguel Ángel Toma. Foto: internet.

“Si vos dejás crecer esto y además encontrás un Gobierno que cuando no es cómplice es permisivo, habría que agregar la actitud del Instituto Nacional de Asunto Indígenas (INAI)”, expresó. “Lo dirigen Magdalena Odarda y Luis Pilquimán, primero hermano del Pilquimán que contó que, cuando desapareció Santiago Maldonado, observó cómo lo cargaban en un camión de Gendarmería. Y el INAI puso camionetas a disposición en varias de las tomas que se hicieron, es decir que hay una complicidad manifiesta”, aseguró.

“Por otro lado, hay un grupo de abogados que capitanean dos viejos Montoneros, Roberto Perdía y Fernando Vaca Narvaja, que le presta a los grupos de la RAM apoyo ‘judicial’ cada vez que tienen un conflicto y las RAM utilizan alternativamente la violencia o la situación judicial para lograr sus objetivos según les convenga”, comentó en otro pasar de la entrevista.

“Tuvieron la complicidad del ministerio de Defensa, gracias a Gastón Havela, que es del Instituto Patria. Es un tipo de confianza de Jorge Taiana y es el Director de Asuntos Jurídicos del Ministerio. La notificación del fallo le llegó a él y, en lugar de responderla, remite 51 horas después a Franco, el auditor del Ejército, cuando el plazo vencía a las 48 horas. En esto no se puede ser ingenuo… Y toda la comunicación al principio del ministerio de Defensa era ambigua, porque dejaba entrever que la responsabilidad era de los auditores militares de no haber respondido en tiempo y forma. Esa demora fue intencional. Pero La denuncia la está investigando el fiscal Carlos Stornelli, van a aparecer responsables”, manifestó sobre el vencimiento del plazo que desembocó en la decisión de la jueza Domínguez.

“Mientras no haya un cambio de gobierno y una voluntad política de enfrentarlos, estos tipos van a seguir avanzando. Estas 180 hectáreas y el fallo de Silvina Domínguez, que es de Justicia Legítima, constituyen un antecedentes peligroso porque hay más de 4.000 en discusión más las tierras de particulares y esto sienta jurisprudencia si es que la Corte no interviene”, reflexionó.

“Va a haber un planteo del Ejército a la Corte tengo entendido. Porque independientemente de la formalidad del vencimiento de un plazo, estamos frente a una cuestión que afecta un interés estratégico de la Nación como es la integridad territorial, por lo que la Corte podría abocarse. Constituye una cuestión de riesgo extremo”, cerró.

<!—-> <!—-> <!–