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Se reveló lo que los jueces expresaron al condenar al ex funcionario kirchnerista y el único que sigue detenido al día de la fecha.
Hace un poco más de un mes, el ex secretario de Transporte, Ricardo Jaime, fue condenado a ocho años de prisión y a pagar una multa de casi 15 millones de pesos por enriquecimiento ilícito. Para los jueces Julio Panelo, Fernando Canero y Ricardo Basílico debía pagar una multa de $14.991.385 y con una inhabilitación absoluta y especial perpetua para ejercer cargos públicos por ser considerado autor del delito de enriquecimiento ilícito de funcionario.
Infobae reveló parte de lo que se puede leer en las 932 páginas con los fundamentos de los jueces para haber firmado aquel veredicto. La firma de la sentencia fue el último acto de la carrera judicial de Panelo, quien se jubiló y debió continuar hasta el final del juicio en el que se condenó a Jaime.
Panelo, Canero y Basílico fundamentaron su condena: “Consideramos que, con el rigor que esta etapa procesal obliga, ha quedado fehacientemente acreditado con fuerza de verdad material tanto por los testimonios oídos durante la audiencia de debate como por las evidencias documentales incorporadas por lectura, que durante el período comprendido entre el 25 de mayo de 2003 y el 1° de julio de 2009, el entonces Ministro de Planificación, Inversión Pública y Servicios de la Nación (en adelante MPFIPyS), Julio Miguel De Vido, junto con quien se desempeñara como Secretario de Transporte de la Nación, Ricardo Raúl Jaime, y quien fuera Asesor de Gabinete “ad honorem” de la Secretaria de Transporte, Manuel Vázquez Garea, valiéndose de tales condiciones, en clara violación de los deberes a su cargo, suscribieron una serie de actos jurídicos que obligaron y comprometieron abusivamente al Estado Nacional, generando con su accionar un perjuicio patrimonial grave e irreversible al erario público cuya administración, según sus roles, les fue confiada, en beneficio propio y de terceros”.
Sobre el aumento patrimonial injustificado de Jaime, se manifestaron: “Consideramos con el rigor que esta etapa procesal nos obliga, que ha quedado fehacientemente acreditado con fuerza de verdad material, en virtud de los testimonios oídos durante la audiencia de debate y las evidencias documentales incorporadas por lectura, que Ricardo Raúl Jaime se enriqueció patrimonialmente de manera apreciable e injustificada, en relación con sus ahorros e ingresos legítimos demostrados, durante la época en que ejerció el cargo de Secretario de Transporte del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios de la Nación (en adelante Secretaría de Transporte), entre el 28 de mayo de 2003 y el 1 de julio de 2009, como así también en los dos años posteriores bajo el denominado “período de sospecha” que prevé el art. 268 (2) del Código Penal (conforme redacción según ley 25.188), a través de la adquisición de diversos bienes, con la participación y colaboración de Julieta Cecilia Jaime, Graciela Elsa Vigna, Alfredo Alejandro Pielach, Lisandro Damián López, Manuel Vázquez, Julián Vázquez, Carlos Alberto Lluch, Silvia Elena Reyss, Lorena Silvia Jayo y Agostina Soledad Jayo, para ocultar o al menos disimular dicho enriquecimiento ilícito”.
“Es evidente que Ricardo Raúl Jaime por haber revestido el cargo de Secretario de Transporte durante más de seis años, conocía perfectamente que era funcionario público y que pesaban sobre él obligaciones inherentes al correcto funcionamiento de la administración pública, en particular el deber de poseer una situación patrimonial que resulte clara y transparente. Sin embargo, los elementos probatorios descriptos a lo largo de la presente sentencia nos indican que el encausado tuvo la intención de enriquecerse a sabiendas que lo hacía por encima de sus ahorros e ingresos legítimos. Y en tal sentido, la aparición de personas físicas y jurídicas interpuestas para ocultar dicho incremento patrimonial injustificado no hace más que confirmar el dolo exigido por la figura”, aseveraron.
En el artículo firmado por Omar Lavieri, se explicó que durante el proceso se pudo comprobar que Jaime compró de manera ilícita una casa en un country de San Isidro, una casa en Carlos Paz, un hotel en la misma ciudad cordobesa y un diario y una radio en Córdoba. Además de un avión de cuatro millones de dóalres y un yate valuado en un millón de dólares, entre otros bienes.
Hoy Jaime está detenido y al haber sido condenado por otros casos de corrupción y por su responsabilidad en la Tragedia de Once, se debe componer una pena única. Es el único ex funcionario kirchnerista que sigue detenido.
