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“En base a documentos, testimonios y el informe final de la investigación preliminar del controlador general de la Unión (el Estado federal), fueron identificados posibles indicios de práctica criminal para la liberación de presupuestos públicos”, explicó la Policía en una nota.
La defensa de Ribeiro dijo en una nota enviada a la AFP que la prisión preventiva, cumplida en la casa del exministro, es “injusta” e “indiscutiblemente innecesaria”, y anticipó que presentará un habeas corpus para que recupere la libertad.
El diario Folha de S.Paulo reveló en marzo un audio en el que el exministro, perteneciente al ala radical del gobierno de Bolsonaro, aseguraba que, a pedido del presidente, daría prioridad a la liberación de recursos destinados a educación hacia municipios gobernados por “amigos” de dos influyentes pastores.
Ribeiro renunció a la cartera de Educación el 28 de marzo pasado, una semana después de que estallara el escándalo y quedara en el centro de la investigación que culminó con su arresto el miércoles, iniciada por decisión del Supremo Tribunal Federal (STF).
Bolsonaro, quien en marzo había dicho que ponía su “cara en el fuego” por Ribeiro y calificó de “cobardía” la acusación, intentó el miércoles despegarse de su exministro.
“Que él (Ribeiro) responda por sus actos, pido a Dios que no tenga ningún problema. Pero si tiene, es señal que yo no interfiero en la Policía. Eso me va a salpicar, obviamente. Tengo 23 ministros, una centena de secretarios, más de 20.000 cargos… si alguien hace algo equivocado, ¿van a echarme la culpa a mí?”, declaró Bolsonaro en una entrevista este miércoles.
Ribeiro asumió en julio de 2020 como parte del gobierno del ultraconservador, que llegó al poder con fuerte apoyo del electorado evangélico.
Además de Ribeiro, la policía intentaba cumplir otras cuatro órdenes de detención y 13 allanamientos en los estados de Goiás (centro-oeste), Sao Paulo (sudeste), Pará (norte) y el Distrito Federal de Brasilia.
Agentes de la policía llegaron el miércoles a la sede del Ministerio de Educación en Brasilia en busca de indicios para la investigación.
La Policía indicó que también se investiga si Ribeiro y otros funcionarios incurrieron además en delitos como corrupción pasiva y prevaricación.
El delito de tráfico de influencias en Brasil tiene una pena prevista de entre 2 y 5 años de reclusión.
Fuente Ambito
