Argentina
España
USA
Israel
Por Natasha Niebieskikwiat
El Presidente había dicho que ya no había denuncias por violaciones a los DD.HH, pero el funcionario sostuvo que la situación es “crítica”.
Un alto diplomático de la delegación argentina en la sede las Naciones Unidas en Ginebra contradijo al presidente Alberto Fernández, quien el miércoles por la noche aseguró en una entrevista que “ya no existen” denuncias por violaciones a los derechos humanos en Venezuela.
“Las cosas en Venezuela mejoraron muchísimo y esas denuncias ya no existen”, afirmó Fernández en una entrevista con C5N, en la que habló también de política y economía nacional. Pero en menos de 12 horas, lo contradijo el encargado de derechos humanos en la misión argentina en organismos internacionales, en Ginebra, Christian Matías Machuca.
El diplomático ejerce el lugar número uno de la embajada en las sesiones en las que no está Federico Villegas Beltrán porque la Argentina hoy preside el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Pero las posiciones de Machuca son las del Estado argentino.
De esa manera, Machuca fue el encargado de fijar posición por la Argentina en el diálogo interactivo de este jueves en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, donde los países opinaron sobre el informe presentado ayer por la Alta Comisionada, Michelle Bachelet.
“Agradecemos a la alta comisionada por la presentación de su informe, que da cuenta de que la situación de derechos humanos en Venezuela continúa siendo crítica”, sostuvo el diplomático argentino.
Es que si bien Bachelet reconoce “algunos avances” en el país desde su visita a Caracas en 2019, en su nuevo informe denuncia nuevos casos de torturas, detenciones arbitrarias, ejecuciones extrajudiciales, censura y persecución política contra opositores, miembros de la sociedad civil y periodistas.
Es por ello que el representante argentino ante la ONU exhortó a Venezuela a “garantizar investigaciones prontas, independientes, imparciales, transparentes y creíbles, en los casos de presuntas violaciones a los derechos humanos, llevando a los responsables ante la justicia y garantizando una reparación adecuada a las víctimas”.
Además, Machuca instó al gobierno venezolano “a continuar ampliando la cooperación con la ACNUDH estableciendo una oficina permanente en el país, que facilite la implementación de las recomendaciones derivadas de los mecanismos internacionales de protección de DDHH”.
Esta declaración del diplomático argentino ante la ONU dejó en evidencia al Presidente y sus contradicciones frente al chavismo. Para el caso no es la primera vez que dice que la situación mejoró. Es por ello que incluso ha decidido elevar el nivel e las relaciones diplomáticas con el chavismo enviando allí como embajador a Oscar Laborde.
El jueves a la noche, tras la entrevista televisiva, Fernández recibió fuertes críticas por sus dichos de parte de la directora interina de Human Rights Watch (HRW) para las Américas, Tamara Taraciuk. La dirigente se preguntó si la declaración del mandatario era por “ignorancia o selectividad”. Mientras que la activista por la democracia y los derechos humanos, Elisa Trotta Gamus, acusó al Presidente de “mentir” sobre la situación en Venezuela.
La denuncias están incluso documentadas. En el último informe, Michelle Bachelet denunció el asesinato de civiles en operativos de seguridad con patrones similares a ejecuciones extrajudiciales. “En al menos tres casos, el fallecido habría sufrido presuntamente tortura o malos tratos antes de su muerte”, señala el documento.
También indica que recibió “denuncias de tortura o malos tratos relacionadas con 14 personas privadas de libertad”. Además, documentó al menos 29 casos de prisioneros, entre ellas el de cuatro mujeres, en los que “no se atendieron con prontitud las solicitudes de exámenes de salud y traslados médicos”.
Bachelet también denunció “restricciones indebidas al espacio cívico y democrático, en particular la estigmatización, la criminalización y las amenazas contra las voces disidentes, la sociedad civil, los medios de comunicación y los sindicalistas”.
En total fueron documentados más de 150 casos de ataques a la sociedad civil, incluidos 46 casos de penalización, 26 relatos de amenazas y hostigamiento, 11 actos de violencia y 71 casos de estigmatización de personas defensoras de los derechos humanos, periodistas y otros miembros de la sociedad civil, lo que representa un aumento en comparación con el informe anterior.
Igualmente fueron denunciadas violaciones a la libertad de expresión. “Se documentaron 34 casos, entre ellos hostigamiento, censura y confiscación de equipos de medios de comunicación. El ACNUDH también recibió informes de 24 sitios web de medios de comunicación independientes bloqueados por el proveedor estatal de Internet”, reseñó Bachelet.
Fuente Clarin
