Es octubre de 2012. Entonces, el alcalde de Gerona era Carles Puigdemont. En su despacho están reunidos una concejal, un interventor y Antonio Martos, auditor de la consultora Elfial, quien recientemente había concluido en un informe que la concesión del servicio público de agua potable (Aguas de Girona), en manos de Agissa desde 1992 y a punto de vencer en esas fechas, no debía prorrogarse pues «no era ni eficiente, ni eficaz, ni económico», la tarifa tenía un «sobreprecio» de un millón de euros anual –un auténtico «robo» para los gerundenses, en su opinión– y en ningún caso necesitaba a su socio privado, Girona S.A., de la que la Caixa era accionista. Martos asegura que recibió muchas presiones. «¿Qué esperabas?»,… Ver Más
Fuente ABC
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