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El proyecto de Carta Magna es el resultado de un año de debates de una Convención Constitucional de 154 miembros, electos por votación popular. Fue la salida política que encontró el país para apaciguar las protestas que estallaron en octubre de 2019 en reclamo de una mayor igualdad social.
A cuatro semanas del referéndum la opción “rechazo” lidera las encuestas, con un 45%. Pero el “apruebo” muestra un repunte y alcanza un 36%, 5 puntos más que el sondeo anterior, según el último de la encuestadora Criteria, conocido ayer. Los indecisos llegan al 19%.
Más de 15 millones de chilenos están habilitados para votar el 4 de septiembre, en la primera elección con voto obligatorio desde 2012.
“Es de esperar que de aquí a las próximas semanas estemos prácticamente en el umbral del empate técnico entre ambas opciones”, estimó Rodrigo Espinoza, politólogo de la Universidad Diego Portales. “Hay bastante incertidumbre”, agrega Espinoza.
La expectativa se centra sobre el resultado pero también lo que vendrá después, en medio de un amplio debate sobre las reformas que se les introducirán cualquiera sea el texto que se imponga.
Tanto en el oficialismo, que va por el “apruebo”, y en la oposición, cuadrada detrás del “rechazo”, se discuten compromisos para cambiar, abolir o reformar artículos.
Tampoco hay claridad sobre qué pasará en caso de ganar el rechazo. La duda la planteó el propio presidente Gabriel Boric cuando afirmó que en ese caso habría que volver iniciar un nuevo proceso constitucional.
El acuerdo político que habilitó la redacción de una nueva Constitución establece que en caso de imponerse el rechazo seguirá rigiendo la Carta Magna actual. Fue redactada en dictadura (1973-1990) pero reformada desde entonces decenas de veces en democracia, especialmente en sus enclaves autoritarios.
Desde el rechazo se critican los puntos más polémicos de la propuesta de nueva Constitución, como la “plurinacionalidad” o reconocimiento de diferentes naciones indígenas y pueblos originarios, introduciendo divisiones comunitarias en un país plasmado hace más de dos siglos a partir de los ideales universalistas heredados de la Ilustración.
También contempla la sustitución del Senado por una Cámara de las Regiones como mayores garantías de representatividad regional, o el establecimiento de un Consejo de la Justicia, en vez del Poder Judicial, con una justicia especial indígena.
Reacciones
“Que nos dividan como distintas naciones, distintas leyes, que no son igual para todos, me parece aberrante”, critica Isabel Rodríguez, ejecutiva de cuentas, de 42 años.
Sectores conservadores no están tampoco de acuerdo con una mención al derecho al aborto. “Como cristianos estamos en contra de que se estipule el propósito del aborto”, señaló Hernán Reyes, estudiante de 22 años.
Del lado del apruebo destacan el carácter medioambiental, feminista y la consagración de derechos fundamentales de la nueva propuesta, como el derecho a la salud, la educación y una vivienda digna, además del privilegio del agua para el consumo humano.
“Mi parte favorita es la que habla de todos los derechos para las personas, como el derecho a la vivienda, el derecho a una vida libre de violencia para las mujeres, el derecho a una vida digna en todos los sentidos”, dice Aymara Vásquez, estudiante de 28 años. Andrea González, nutricionista de 36 años, comenta que la campaña del rechazo es la campaña del miedo. Y el miedo se derriba leyendo, leyendo la nueva Constitución”.
La campaña oficial arrancó en medio de un escenario en el que reina la desinformación.
AFP Factual verificó y calificó como “falsas” afirmaciones como que el nuevo texto permitirá abortar hasta los nueve meses, que Carabineros (policía) no usará armas de fuego o que las casas pasarán a ser propiedad del Estado, como expresan desde el rechazo.
La desinformación contamina “la difusión de mensajes de algo que ya es complejo de comprender, cómo son los temas legales, y aún más en un documento jurídico tan extenso e importante como la propuesta de nueva Constitución”, de 388 artículos, dijo Alejandro Morales, doctor en Comunicación de la Universidad de Chile.
Los ejemplares del borrador son de acceso público y se han convertido en ‘superventas’ en las librerías mientras que en las calles abundan las versiones piratas, con un gran interés de los chilenos por leer el texto. El gobierno, que debe mantener neutralidad, imprimió 900.000 ejemplares para repartir, en la campaña “votar informado” que le ha valido acusaciones de “intervencionismo”.
Agencia AFP
Fuente Ambito
