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La preocupación trascendió fronteras: “Resaltamos el enorme respeto y amistad que nos une con el pueblo de Perú, reiteramos nuestra solidaridad con las autoridades legítimamente constituidas y hacemos votos para que los peruanos logren encontrar fórmulas que fortalezcan la convivencia democrática”, dijeron en un comunicado los gobiernos de Argentina, Bolivia, Ecuador y México.
Castillo vivió esta semana lo que ningún antecesor: que la Fiscalía allanara el propio Palacio de Gobierno.
Fue en búsqueda -infructuosa- de su cuñada Yénifer Paredes, sospechosa de integrar una red para traficar con adjudicación de obras. Paredes, de 26 años, quedó huérfana de madre cuando era muy pequeña y quedó al cuidado de su hermana mayor, la hoy primera dama Lilia Paredes, quien le lleva 23 años y que ya entonces estaba casada con Castillo. De allí el impacto que tuvo su entrega a las autoridades, ocurrida horas después del allanamiento.
Las acciones estuvieron acompañadas por la apertura de otra investigación fiscal contra el presidente, que ya enfrentaba otras cinco. Según la Fiscalía, el mandatario, su cuñada, el ministro (hoy de Transporte y entonces de Vivienda) Geiner Alvarado, un alcalde y dos empresarios montaron una trama para quedarse con contratos para obras públicas.
Reacción
“Hay una persecución y hacen un show para que a mi familia la enmarroquen (esposen) y digan: ¿ahí está el presidente corrupto?. Si quieren enmarrocar a mi familia, ¿Por qué no lo hacen con estos que abandonaron la educación del pueblo?”, dijo el viernes Castillo en la selva, en la que parecía ser un paso más de una estrategia para involucrar a las masas en el tema.
Varios ministros, y con especial vehemencia el jefe del gabinete, Aníbal Torres, defendieron a Castillo, mientras la oposición desde el Congreso maniobra por salidas a su manera, en un escalamiento de posiciones del que es difícil vislumbrar un final.
La presidenta del Poder Judicial, Elvia Barrios, negó que su institución participe en una persecución. Lo mismo hizo en inusuales mensajes a la Nación la fiscal general, Patricia Benavides, en momentos en que ella misma es acusada por medios de prensa de supuestos manejos oscuros.
El presidente y su abogado, Benji Espinoza, no abordan a fondo las acusaciones y más bien insisten en que se espere al término del período (en 2026), como ha ocurrido con anteriores mandatarios, varios con problemas judiciales, pero a quienes el aparato judicial no tocó mientras estaban en funciones.
Para algunos analistas, la forma en que el Congreso y la Fiscalía aprietan a Castillo, con el respaldo de los grandes medios de prensa, podrían tener como efecto paradójico el que renazcan simpatías con el jefe de Estado, al margen de las sospechas de corrupción.
“No sé si el pedido de Castillo es justo, pues no confío en él, pero de momento me parece que genera identificación en muchísimos peruanos y un renacimiento del núcleo más duro en torno ya no a su proyecto, sino a su figura. También me devuelve las ganas de luchar contra los golpistas, que siguen siendo el mal mayor”, dijo el escritor Juan Manuel Robles.
“Este show no lo orquesta solo la Fiscalía y esto es lo más elocuente y alarmante. El papel de otros poderes, en especial el mediático, avalando y aplaudiendo las acciones, le permite hablar al presidente de un contubernio. Puede no gustarte Castillo, pero no puedes negar que ese contubernio existe”, comentó la experta en comunicación política Laura Arroyo.
En el Congreso, la oposición de derecha maneja tres opciones para sacar a Castillo: la primera, destituirlo por “incapacidad moral”; la segunda, suspenderlo por “traición a la patria”, por una entrevista de televisión en que pareció insinuar que podría darle territorio a Bolivia. La tercera, que no depende del Legislativo, apoyar que un juez lo suspenda por entorpecer las investigaciones.
Pero no es tan fácil. En el primer caso, porque no tienen los 87 votos necesarios (de 130) y no los tendrán a menos que parte de la izquierda rompa definitivamente. Para el segundo sí tienen los 66 votos requeridos, pero gran parte de los legisladores admiten que la argumentación jurídica es débil.
En cuanto a la decisión de un juez, tampoco parece un asunto sencillo, pues se requería de un sólido respaldo legal que, al menos de momento, no existe.
Además, según anotó la abogada y periodista Rosa María Palacios, dura crítica del Gobierno, “cuando uno creía que Castillo estaba en el sótano, aparece el Congreso y le gana”. Esta semana, cuando los focos se centraban en el presidente, los legisladores lo eclipsaron parcialmente con tres casos.
Uno fue la falta de acción contra los congresistas Freddy Díaz y Wilmer Elera, que siguen en funciones a pesar de que el primero está acusado de violar a su asistente en el propio Parlamento y que el segundo fue condenado a seis años de cárcel por un caso anterior a su llegada al Legislativo.
El otro, con gran repercusión mediática, fue la agresión física a una parlamentaria de izquierda, Isabel Cortez, de parte de María del Carmen Alva, expresidenta del Congreso y virtual operadora contra Castillo, quien fue acusada por compañeros en el partido Acción Popular de racismo y descontrol.
Encuestas indican que Castillo tiene solo 24% de aprobación popular. Pero con eso supera fácil al 10% que aprueba al Congreso, lo que para expertos puede indicar que las calles no dan ningún paso contra del presidente porque sienten que podrían ayudarle así al resistido Legislativo.
En ese marco, el Ejecutivo y el Legislativo han hecho oídos sordos a iniciativas que buscan encausar a la única salida que según las encuestas tiene respaldo popular: el consensuado anticipado de elecciones generales.
Agencia Télam
Fuente Ambito
