En los últimos días, tras su visita a la Casa Rosada, el jefe del interbloque Frente de Todos en el Senado, José Mayans, reveló que habló con el presidente acerca de un posible proyecto de ley contra los discursos de odio y que Alberto Fernández realizará consultas a “constitucionalistas, juristas y profesionales del derecho”.
Horas después que la portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti, asegurara que todavía no hay ninguna iniciativa al respecto, el senador formoseño contó que el mandatario está evaluando el tema. “Él me dijo que, en un Estado de Derecho, hay que ver cómo la democracia cuida el honor de las personas”, expresó.
En ese contexto, Horacio Verbitsky, el “ministro sin cartera” del gobierno nacional, salió a mostrarse en contra de la iniciativa.
Antes de repudiar la medida, el periodista se atajó: “La Argentina tiene hoy una de las legislaciones más liberales del mundo en la materia y una jurisprudencia consecuente. Los que me quieren y los que no me quieren saben que dediqué un cuarto de siglo de mi vida a ello. Tampoco ignoran mi adhesión a las políticas del gobierno nacional y popular que Cristina presidió entre 2007 y 2015. Pese a errores y demasías, Kirchner y Cristina han tenido el extraordinario mérito histórico de abrir todo a debate, de cuestionar todas las certezas construidas a lo largo de varias décadas de democracias condicionadas, con las que ellos rompieron cuando nadie lo creía posible“.
Luego habla de un artículo anterior sobre el mismo tópico: “Mi nota del domingo pasado se tituló Ellos o nosotros, en explícito repudio a las toneladas de basura que desde medios y redes antisociales se vierten sobre la actual Vicepresidenta, y que muchos intentan disociar del intento contra su vida que falló el 1° de septiembre. Hay que retroceder hasta mediados del siglo anterior para encontrar un encarnizamiento equivalente, contra Perón y sobre todo contra Evita“.
Acto seguido, llega el repudio: “No obstante, me parece una mala idea la penalización del discurso del odio, por no hablar de la idea extravagante de tipificar en el Código Penal el lawfare. Hay demasiada gente que cuando no sabe qué hacer con un problema propone rezar una misa o redactar una ley. Pero este es un asunto bien terrenal, de contenido político y social. La Convención Americana sobre Derechos Humanos prevé el castigo a toda apología del odio e incitación a la violencia, en el mismo artículo 13 que garantiza la libertad de expresión. Y todos los actos con que amenazan los odiadores, como ahorcar, guillotinar o ametrallar, ya son tipos penales que sólo requieren ser aplicados, por fuerzas de seguridad que en vez de saludar cordialmente a los agresores los detengan, por fiscales que los acusen y jueces que los condenen. La ley 23.592, sancionada seis años antes de la reforma constitucional de 1994, también pena los actos de odio y aumenta la pena de cualquier otro delito si se comete con esa motivación”.
Fuente Mendoza Today
