Por RR
La privatización de la principal transportadora eléctrica del país reabrió una vieja discusión argentina: cuánto termina pagando realmente el empresario que adquiere un activo estratégico cuando una parte del dinero vuelve rápidamente a sus manos desde la propia compañía. Los Neuss y Genneia, presidida por Jorge Brito, pagaron US$356,17 millones por la participación estatal en Citelec y, apenas perfeccionado el traspaso, comenzaron a recibir dividendos originados en utilidades acumuladas antes de su llegada. El mecanismo recuerda, aunque no es idéntico, al utilizado por los Eskenazi para ingresar a YPF durante el kirchnerismo.
Buenos Aires – 2 de septiembre de 2026 – Total News Agency – TNA – Gobiernos diferentes, discursos económicos enfrentados y empresarios distintos, pero una escena conocida volvió a instalarse alrededor de una compañía estratégica argentina. Durante el kirchnerismo, la familia Eskenazi desembarcó en YPF mediante una estructura financiera que permitía pagar buena parte de las acciones adquiridas con los dividendos futuros de la propia petrolera. Casi dos décadas después, bajo el gobierno de Javier Milei, el consorcio integrado por Edison Transmisión, controlado por los hermanos Juan y Patricio Neuss, y Genneia, presidida por Jorge Brito, compró la participación estatal que permitía controlar Transener y, apenas consumado el cambio de manos, accedió a dividendos correspondientes a ganancias acumuladas antes de ingresar a la compañía.
La comparación exige precisión porque las operaciones no son jurídicamente iguales. Los Eskenazi compraron primero 14,9% de YPF en 2008 y sumaron otro 10% en 2011 mediante una adquisición fuertemente apalancada. Para la primera operación, Petersen Energía recibió alrededor de US$1.018 millones de un conjunto de bancos y otros US$1.015 millones de Repsol; la estructura autorizaba que los dividendos distribuidos por YPF fueran utilizados para atender esos compromisos financieros. En ambas etapas, los préstamos concedidos por Repsol y entidades internacionales transformaron el flujo de caja futuro de la petrolera en una pieza indispensable para financiar el desembarco de la familia argentina.
Ese esquema terminaría teniendo consecuencias extraordinarias. Cuando el gobierno de Cristina Kirchner expropió en 2012 el 51% de YPF perteneciente a Repsol, las sociedades Petersen quedaron sin el flujo de dividendos con el que debían pagar sus obligaciones, entraron en insolvencia y sus derechos litigiosos terminaron en manos de Burford Capital. El conflicto desembocó años después en la condena judicial contra Argentina por más de US$16.000 millones, todavía sometida a disputas y apelaciones en los tribunales estadounidenses.
En Transener, la ingeniería es distinta, pero el efecto político de la secuencia resulta inevitablemente comparable. El Ministerio de Economía adjudicó en mayo el 50% que ENARSA tenía en Citelec, sociedad que controla 52,65% de Transener, al consorcio Edison Transmisión-Genneia por US$356.174.811,78. La oferta superó los US$301 millones de Central Puerto y los US$230 millones presentados por Edenor, y quedó formalizada mediante la Resolución 673 del Ministerio de Economía.
La controversia apareció cuando, inmediatamente después de perfeccionarse el traspaso, el directorio de Transener aprobó distribuir $253.536 millones, equivalentes aproximadamente a US$169 millones, mediante la desafectación parcial de una reserva creada para futuros dividendos. Esos fondos no fueron generados por la gestión de los compradores: procedían de utilidades acumuladas durante ejercicios anteriores y habían permanecido dentro de la empresa durante el proceso de privatización.
Aquí aparece un dato esencial que permite dimensionar correctamente el negocio. Citelec, por poseer 52,65% de Transener, recibirá aproximadamente US$89 millones del reparto. Pampa Energía, que conserva la mitad de Citelec, percibirá unos US$44,5 millones. La otra mitad corresponde ahora al vehículo adquirido por Edison y Genneia, que recibirán conjuntamente aproximadamente US$44,5 millones, unos US$22,25 millones para cada socio.
Si el dividendo hubiera sido distribuido antes de la privatización, la parte correspondiente al 50% de Citelec entonces propiedad de ENARSA habría terminado en manos del Estado. El Gobierno tomó deliberadamente otra decisión: mantener el dinero dentro de Transener y permitir que fuera considerado por los oferentes al calcular cuánto pagarían por las acciones. Raro.
Fuentes vinculadas al proceso sostienen precisa y curiosamente que esa fue la estrategia oficial. Tristán Socas, presidente de ENARSA y representante estatal en el directorio, impulsó postergar el reparto porque entendía que la caja acumulada aumentaría el atractivo del activo y permitiría obtener una oferta mayor. En abril, cuando ENARSA todavía seguía dentro de Citelec, la asamblea había colocado alrededor de $522.590 millones en una reserva para futuros dividendos. El argumento oficial es que los compradores conocían la existencia de esos fondos y, por lo tanto, los habrían incorporado al precio ofrecido. Una voltereta que sinceramente llama la atención. ¿Porque decir que los adquirente pagaron un precio que en realidad no es cierto?.
Ese punto marca la diferencia principal con YPF. Los Eskenazi estructuraron directamente la adquisición sobre deuda cuya cancelación dependía en buena medida de los dividendos futuros de la empresa comprada. Edison y Genneia desembolsaron los US$356 millones para adquirir la participación estatal de Citelec y luego, como nuevos accionistas indirectos de Transener, comenzaron a cobrar dividendos que ya estaban previstos y contabilizados. No son operaciones idénticas, pero ambas contienen un elemento políticamente incómodo: parte del valor de la compañía adquirida retorna al comprador desde el flujo financiero de la propia empresa.
La licitación agregó otros ingredientes. Durante la apertura electrónica de ofertas, la propuesta del consorcio Edison-Genneia no apareció inicialmente en el sistema, por lo que durante un período quedaron visibles las propuestas de sus competidores. Posteriormente el Gobierno atribuyó el episodio a problemas técnicos, la oferta por US$356,17 millones fue validada como la más elevada y los demás participantes no formularon impugnaciones contra la adjudicación.
También existe un componente político que alimenta la polémica. Los hermanos Neuss han sido señalados públicamente como cercanos a Santiago Caputo, uno de los hombres de mayor influencia dentro del gobierno de Milei; publicaciones empresariales y políticas describieron incluso una relación personal originada años atrás. Esa cercanía había sido mencionada antes de conocerse el resultado de la licitación, aunque por sí misma no demuestra irregularidades en un concurso en el que el consorcio presentó la oferta económica más alta.
Transener tampoco es un activo marginal. La empresa opera alrededor del 85% de la red argentina de transporte eléctrico en alta tensión y más de 12.000 kilómetros de líneas de 500 kilovoltios, infraestructura crítica para trasladar electricidad entre regiones y conectar grandes centrales generadoras con los centros de consumo. Citelec controla 52,65% de su capital, mientras el Fondo de Garantía de Sustentabilidad de ANSES continúa siendo accionista directo de la transportadora.
La historia de YPF dejó una enseñanza cuyo costo todavía persigue al Estado argentino: cuando el diseño financiero de una operación estratégica queda subordinado a la capacidad de extraer dividendos futuros, los efectos pueden exceder largamente a quienes celebraron originalmente el acuerdo. En Transener el mecanismo contractual es diferente y el Gobierno sostiene que conservar la caja permitió elevar el precio obtenido en la privatización. Todo un “biri biri” innecesario.
Sin embargo, el hecho de que los nuevos propietarios hayan comenzado a cobrar, apenas llegados, utilidades generadas antes de su desembarco vuelve a instalar una pregunta que atraviesa administraciones de signos ideológicos opuestos: si cuando cambia el poder también cambian los empresarios favorecidos, o si realmente cambian las reglas con las que el Estado administra y vende sus activos estratégicos.
Fuentes consultadas: Boletín Oficial de la República Argentina; Ministerio de Economía; Comisión Nacional de Valores; Transener; EconoJournal; Chequeado; documentación societaria presentada ante la Securities and Exchange Commission de Estados Unidos; antecedentes judiciales y societarios del caso YPF-Petersen-Burford.
No dejes que el algoritmo oculte las noticias. Si confías en este sitio para obtener información confiable, por favor dedica un momento a seleccionarnos como tu fuente preferida en Google: haz clic aquí y marca el casillero o pulsa el botón de TotalNewsAgency.com para ver siempre nuestras noticias verificadas en tus preferencias.
