El juez Pablo Yadarola cerró la investigación por presunto contrabando vinculada al ingreso de al menos diez bultos sin escáner aduanero en Aeroparque, transportados en un vuelo privado asociado al empresario Leonardo Scatturice. La decisión fue adoptada en su última jornada como juez Penal Económico, horas antes de asumir en la estratégica Cámara Federal porteña, tras haber sido promovido por el Gobierno y respaldado por unanimidad en el Senado. El magistrado, sin embargo, dejó abierto otro frente al pedir que se investigue a los agentes aduaneros y a eventuales terceros por incumplimiento de deberes.
Buenos Aires – 3 de septiembre de 2026 – Total News Agency – TNA – El juez Pablo Yadarola archivó la causa que investigaba el ingreso al país de al menos diez bultos sin controles aduaneros a través del Aeroparque Jorge Newbery, en un avión privado vinculado al empresario Leonardo Scatturice, y tomó la decisión en vísperas de jurar como integrante de la Sala I de la Cámara Federal porteña, uno de los tribunales más sensibles de Comodoro Py.
La resolución tiene un fuerte componente institucional por su sincronía. Yadarola fue elegido por el Poder Ejecutivo, bajo la gestión del ministro de Justicia Juan Bautista Mahiques, para ocupar una de las vacantes de la Cámara Federal. Su pliego fue enviado al Senado en julio y aprobado el 27 de agosto por unanimidad, con 66 votos, mientras que el de Pablo Bertuzzi recibió 44 votos afirmativos y 23 negativos. La Sala I deberá revisar decisiones vinculadas con investigaciones de alto impacto político, entre ellas la causa $LIBRA.
La investigación archivada se originó luego del arribo, el 26 de febrero de 2025, de un Bombardier Global 5000, matrícula N18RU, procedente de Estados Unidos. A bordo viajaban Laura Belén Arrieta, vinculada empresarialmente a Scatturice, y los pilotos Juan Pablo Pinto y José Luis Donato Bresciano. La aeronave permaneció varios días en Buenos Aires y partió posteriormente hacia París. Durante el ingreso se declararon cinco bultos, mientras que las imágenes incorporadas posteriormente al expediente mostraron una cantidad mayor de equipaje que no atravesó los escáneres de la Aduana.
El expediente había generado especial atención porque las filmaciones obtenidas durante la pesquisa mostraron que Arrieta y los tripulantes atravesaron un circuito de salida distinto del utilizado por otros pasajeros y evitaron el control habitual del equipaje. La Fiscalía detectó además divergencias en la información sobre el origen del vuelo, la cantidad de bultos declarados y los movimientos posteriores de la aeronave.
Yadarola concluyó ahora que no fue posible acreditar una maniobra de contrabando en los términos del artículo 863 del Código Aduanero. La explicación judicial se apoya en lo que el propio fallo describe como “límites probatorios estructurales”: el equipaje nunca fue escaneado originalmente, la denuncia se produjo cuando ya había transcurrido tiempo desde el ingreso de los bultos y permanecía pendiente información requerida a autoridades estadounidenses. En esas condiciones, la investigación no pudo determinar de manera fehaciente qué contenían las valijas.
El cierre de la hipótesis de contrabando, sin embargo, no significó que el juez considerara regular lo sucedido. Por el contrario, Yadarola dejó asentado que las circunstancias detectadas podían constituir delitos ajenos a la competencia exclusiva del fuero Penal Económico y ordenó remitir testimonios para que la Justicia Federal investigue un posible incumplimiento de los deberes de funcionario público por parte de los agentes aduaneros y de terceras personas que pudieran haber participado de la operatoria.
El magistrado fue particularmente crítico con la Dirección General de Aduanas. Según consignó en su resolución, pese a los numerosos requerimientos realizados durante la investigación, el organismo no logró explicar de manera satisfactoria por qué Arrieta, Pinto y Bresciano pudieron abandonar la zona primaria aduanera a través de “un paso habilitado solo para ellos” y sin que sus equipajes fueran sometidos a ningún tipo de control.
La paradoja central del caso emerge precisamente allí: la falta del control inicial se convirtió posteriormente en una de las razones que hicieron imposible comprobar qué contenían los bultos y, en consecuencia, sostener la hipótesis de contrabando. El expediente se cierra así en el fuero Penal Económico porque no pudo establecerse el contenido de unas valijas que nunca fueron revisadas cuando ingresaron al país.
Yadarola también ordenó a la Aduana evaluar las “irregularidades e inconsistencias” detectadas y establecer un protocolo objetivo, uniforme, auditable y documentado para pasajeros, tripulación, equipajes y mercaderías en vuelos privados internacionales. Ese mecanismo deberá especificar los criterios utilizados para seleccionar qué equipajes son sometidos a control y obligar a dejar constancia cuando se autorice a alguien a abandonar la zona aduanera sin atravesar un escáner.
El vuelo y sus protagonistas ya habían ingresado en la discusión política por las conexiones de Scatturice con ámbitos empresarios, políticos y de inteligencia. Arrieta se desempeñaba en OCP Tech, empresa controlada por el empresario, y había participado de la organización de encuentros de la Conservative Political Action Conference (CPAC). Scatturice, radicado durante años en Estados Unidos, adquirió posteriormente el control de Flybondi y ha sido mencionado públicamente por sus relaciones con sectores cercanos a la administración estadounidense y con ámbitos vinculados a la inteligencia argentina.
El Gobierno había rechazado inicialmente que existieran irregularidades relevantes y sostuvo que el avión había cumplido con los controles correspondientes. Las filmaciones incorporadas posteriormente al expediente demostraron, al menos, que los bultos no pasaron por los escáneres utilizados para otros pasajeros que circulaban por el mismo sector.
La trayectoria inmediata de Yadarola agrega inevitablemente una dimensión política a su decisión. El magistrado integró la terna surgida del Consejo de la Magistratura y fue seleccionado por el Ejecutivo durante la gestión de Mahiques. El Presidente envió su pliego al Senado junto con el de Bertuzzi para completar la Sala I de la Cámara Federal y la Cámara alta terminó respaldándolo por unanimidad, incluido el peronismo. Por eso, definirlo exclusivamente como “el juez de Mahiques” simplificaría una designación que terminó reuniendo un consenso político mucho más amplio, aunque fue efectivamente el Gobierno quien decidió promoverlo al estratégico tribunal.
Desde ahora Yadarola tendrá poder para revisar fallos de los jueces federales de primera instancia de Comodoro Py en investigaciones sobre corrupción, lavado de dinero y delitos económicos, incluidas causas políticamente sensibles para la administración Milei. Su desembarco allí se produce inmediatamente después de haber cerrado uno de los expedientes que más incomodidad había generado alrededor de un empresario vinculado al universo libertario y de haber trasladado la pregunta principal hacia otro terreno judicial: quién decidió que aquellas valijas podían entrar a la Argentina sin ser revisadas.
Fuentes consultadas: resolución del Juzgado Nacional en lo Penal Económico; Cámara Federal porteña; Senado de la Nación; Consejo de la Magistratura; Agencia Noticias Argentinas; TN; antecedentes administrativos de la Dirección General de Aduanas.
No dejes que el algoritmo oculte las noticias. Si confías en este sitio para obtener información confiable, por favor dedica un momento a seleccionarnos como tu fuente preferida en Google: haz clic aquí y marca el casillero o pulsa el botón de TotalNewsAgency.com para ver siempre nuestras noticias verificadas en tus preferencias.
