Los empresarios Masoni y su abogado Posse son objetivo de un nuevo ataque dictatorial de Gerardo Zamora contra sus opositores en la provincia.
El pasado 29 de septiembre, agentes de la Policía Federal allanaron las oficinas de Mauricio Macri en Olivos. Mucho se especuló por qué se había atacado a un ex presidente de esta manera, hasta que finalmente se supo: el gobernador de Santiago del Estero, Gerardo Zamora, fue responsable de la redada.
Las fuerzas policiales no buscaban a Macri, tampoco a sus colaboradores o a sus equipos técnicos, los agentes no secuestraron documentos ni computadoras. Lo que buscaban eran dos personas: Guillermo Masoni y su hermano Daniel, amigos del ex presidente y dueños del inmueble.
La redada prácticamente no llegó a los medios pero no pasó desapercibida por la cúpula del PRO. La familia Masoni se destaca por ser una de las más influyentes en el mundo empresarial pero de poca exposición pública.
Las empresas de los Masoni se centran en negocios de desarrollo inmobiliario, pero eso no es lo que le interesa al régimen de Zamora en Santiago del Estero. Sus ojos están puestos en las 100.000 hectáreas que los Masoni tienen desde hace 70 años en la provincia.
Hace ya 9 años, un juez de Santiago, Darío Alarcón, presentó un pedido de captura contra los hermanos, sin embargo, estuvo casi una década sin ser ejecutada, hasta septiembre de este año, cuando Zamora presionó para que finalmente se arreste a los empresarios amigos del ex presidente.
Según el juez, los Masoni forman parte de una asociación ilícita que decidió usurpar grandes extensiones territoriales de la provincia gobernada por Zamora. La acusación dictamina que los Masoni, el exdiputado PRO y abogado, Rodrigo Posee, junto con otros imputados más, ocuparon de manera ilegal un total de 250 mil hectáreas en Santiago del Estero.
Semanas atrás, en un acto de autoritarismo sin precedentes, Posse había sido encarcelado por “colaborar” con la familia, acusado de esto simplemente por ser su abogado. Obviamente, Posse, que supo ser diputado y concejal de la capital santiagueña, es también el mayor opositor al zamorismo.
El arresto de Posse pone en evidencia los manejos autoritarios de Zamora. El dirigente opositor se encontraba saliendo de hacer deporte, y según relata, de repente un grupo de hombres que no estaban vestidos de policía lo rodearon por detrás y los costados. Los hombres se identificaron como policías y le mostraron la orden de arresto, y lo subieron por la fuerza a una camioneta común y no a un patrullero.
Posse fue encerrado en un calabozo del Centro Único de Detención en la capital santiagueña, y no se le permitió hacer un llamado ni se le notificó a sus familiares. Su esposa perdió contacto con él por varias horas, hasta que eventualmente empezó a recorrer varias comisarias sospechando lo peor, y lo encontró.
A las 48 horas de ser encerrado, finalmente el juez Alarcón le tomó declaración indagatoria. El abogado defensor solicitó que se le informará qué delitos se habían cometido, y se le informó que estaba acusado de robar miles y miles y miles de hectáreas para los Masoni.
Posteriormente denunció que el interrogatorio se alejó de las normas habituales que deben garantizar el derecho a la defensa de cualquier ciudadano argentino. Eventualmente fue liberado bajo libertad condicional pero los Masoni aún son buscados por la policía.
Después de 9 años de inacción, Zamora recibió apoyo del Gobierno Nacional para ejecutar la orden de arresto de los Masoni, luego de que los hermanos denunciaran al presidente Alberto Fernández y al ministro de Seguridad Aníbal Fernández por su negligencia ante la usurpación de supuestos grupos mapuches en La Patagonia, antes de los desalojos recientes.
En el pasado, los Masoni donaron varias hectáreas al gobierno provincial en 2015 para evitar conflictos con las comunidades locales que buscaban ocuparlos. Incluso la exgobernadora y mujer de Zamora, Claudia Ledesma, participó de los actos donde se firmaron los convenios.
La realidad es que la acusación no tiene sustento, y se respalda en la delirante teoría indigenista de la tierra. Ya la Corte Suprema de la Nación ratificó hace unos años que los Masoni son los propietarios legítimos de las 100 mil hectáreas que están a su nombre en la provincia. Se desconoce cómo se le quiere imputar el control de las otras 150 mil hectáreas que figuran en la causa contra los Masoni y Posse.
El juez de la causa, Alarcón, es un viejo amigo del gobernador Gerardo Zamora. En sus épocas de estudiantes de Derecho ambos trabajaron en el estudio del doctor Julio Abate, quien fue designado como Fiscal General de Estado por el propio Zamora.
Fuente Derecha a Diario
