El Banco Galicia confirmó al Tribunal Oral Federal 2 que permanecen disponibles más de US$5,6 millones pertenecientes a Florencia Kirchner, inmovilizados desde 2016, y la Justicia busca incorporarlos al decomiso de la causa Vialidad. El proceso también alcanza propiedades que Cristina Kirchner transfirió en vida a Máximo y Florencia: aunque Máximo no fue condenado en ese expediente y su patrimonio propio no puede ser ejecutado por esa sola razón, bienes recibidos de la ex presidente pueden quedar alcanzados si los jueces determinan que integraban el patrimonio sujeto a decomiso.
Buenos Aires – 10 Septiembre 2026 – Total News Agency – TNA- Más de US$5,6 millones pertenecientes a Florencia Kirchner, inmovilizados durante una década en el Banco Galicia, quedaron nuevamente en el centro de la ofensiva patrimonial de la Justicia después de que la entidad financiera confirmara al Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2) que los fondos continúan disponibles para una eventual ejecución dentro del decomiso ordenado en la causa Vialidad.
El dinero está compuesto por US$4.664.000 encontrados en una caja de seguridad, otros US$1.032.144 depositados en cuentas bancarias y $53.280, sumas que habían sido embargadas en 2016 por decisión del juez Julián Ercolini durante la investigación de Hotesur-Los Sauces. Aunque Florencia Kirchner fue posteriormente sobreseída en ese expediente, los fondos nunca volvieron a su libre disponibilidad y permanecieron bajo medidas cautelares mientras continuaban las discusiones judiciales sobre su origen y eventual destino.
Ahora el TOF 2, tribunal que ejecuta la condena contra la ex presidente Cristina Kirchner y los restantes condenados de Vialidad, pretende incorporar esas divisas al patrimonio disponible para satisfacer el decomiso establecido por la sentencia. El monto originalmente fijado en $84.835 millones fue actualizado hasta aproximadamente $684.990 millones, después de que los condenados no depositaran voluntariamente la suma dentro del plazo dispuesto por el tribunal.
La magnitud de la obligación llevó a los jueces a avanzar primero sobre 111 inmuebles y posteriormente a preparar una segunda tanda de activos. En ese nuevo universo aparecen los dólares atribuidos a Florencia Kirchner, otras 13 propiedades vinculadas con la familia Kirchner y alrededor de 128 bienes relacionados con sociedades de Lázaro Báez, empresario condenado junto con la ex mandataria en el expediente por direccionamiento de obra pública en Santa Cruz.
La disponibilidad comunicada por el Banco Galicia no implica, sin embargo, que el dinero pueda transferirse inmediatamente al Estado. Los fondos se encuentran vinculados también con actuaciones de Hotesur-Los Sauces, bajo jurisdicción del Tribunal Oral Federal 5, que podría plantear objeciones antes de que otro tribunal disponga definitivamente de ellos. Esa superposición judicial obliga a coordinar medidas y abre una posible disputa sobre cuál de las causas tiene prioridad sobre los activos.
El caso vuelve a poner bajo observación la decisión adoptada por Cristina Kirchner en marzo de 2016, cuando transfirió buena parte de su patrimonio a sus hijos Máximo y Florencia Kirchner. Esa cesión ocurrió meses después de dejar la Presidencia y antes de que avanzaran varias de las investigaciones patrimoniales que posteriormente involucraron a la familia.
La cuestión resulta especialmente relevante en el caso de Máximo Kirchner. El diputado nacional no fue acusado ni condenado en la causa Vialidad y, por lo tanto, sus bienes personales propios no pueden ser decomisados para satisfacer la condena patrimonial impuesta a Cristina Kirchner, Lázaro Báez y los demás responsables de aquel expediente simplemente por su condición de hijo de la ex presidente.
Sin embargo, esa protección no necesariamente alcanza a los activos que recibió de Cristina Kirchner. Cuando el TOF 2 ordenó avanzar sobre inmuebles para cubrir el decomiso, incluyó propiedades que habían sido transferidas a Máximo y Florencia porque los jueces entendieron que la donación posterior no podía impedir la recuperación de bienes que habían formado parte del patrimonio de la condenada durante el período considerado relevante por la sentencia.
Esa distinción es determinante: la Justicia no está decomisando el patrimonio de Máximo Kirchner como condenado —porque no lo es—, sino examinando si determinados bienes que actualmente están a su nombre procedían del patrimonio de Cristina Kirchner y pueden ser perseguidos pese a la transferencia posterior. La misma lógica explica por qué bienes formalmente inscriptos a nombre de Florencia pueden quedar sometidos a medidas judiciales aunque ella tampoco haya sido condenada en Vialidad.
La figura jurídica del decomiso permite recuperar bienes que constituyeron producto, provecho o instrumento del delito, y la ejecución patrimonial puede alcanzar activos transferidos a terceros cuando se acredita que esa transmisión no altera su conexión con el beneficio ilícito que pretende recuperarse. Lo que debe demostrarse en cada caso es esa relación patrimonial concreta; no existe una habilitación general para ejecutar cualquier propiedad que pertenezca a familiares de una persona condenada.
El núcleo de la disputa quedó establecido por la sentencia de Vialidad, que condenó a Cristina Kirchner a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública. La condena quedó firme y actualmente la ex presidente cumple prisión domiciliaria, mientras la etapa de ejecución se concentra en recuperar el beneficio económico atribuido al delito.
La defensa de Cristina Kirchner cuestionó reiteradamente tanto la metodología utilizada para actualizar el decomiso como la incorporación de bienes transferidos a sus hijos, mientras el Ministerio Público sostiene que el Estado tiene derecho a perseguir activos que fueron desplazados del patrimonio de la condenada y que se encuentren comprendidos dentro de los criterios fijados por la sentencia.
La confirmación del Galicia transforma ahora los dólares de Florencia en uno de los activos líquidos más importantes inmediatamente identificados por los tribunales. A diferencia de propiedades que necesitan tasación, registración y eventual subasta, se trata de divisas ya depositadas y localizadas, aunque todavía condicionadas por la intervención judicial de Hotesur-Los Sauces.
La batalla patrimonial de Vialidad entra así en una etapa en la que la titularidad registral resulta menos decisiva que la historia de cada activo. El patrimonio propio de Máximo Kirchner no queda automáticamente comprometido por la condena de su madre, pero los inmuebles y fondos que Cristina transfirió a sus hijos pueden continuar bajo la lupa si los tribunales establecen que formaban parte de los bienes recuperables. Los US$5,6 millones de Florencia Kirchner, congelados desde 2016, son ahora la expresión más inmediata de esa disputa entre la propiedad formal actual y el origen patrimonial que la Justicia pretende reconstruir.
Fuentes consultadas: Tribunal Oral Federal 2; Cámara Federal de Casación Penal; resoluciones judiciales de la causa Vialidad; actuaciones de Hotesur-Los Sauces; La Nación; Clarín; Infobae; Perfil; antecedentes patrimoniales públicos de Cristina, Máximo y Florencia Kirchner.
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