En algunas horas, concejales de Guaymallén pedirán explicaciones respecto del “acta de confidencialidad” revelada por Diario Mendoza Today. Lo harán en pleno recinto del Concejo Deliberante, a través del Proyecto de Resolución N 123-BJ-2022.
Quienes avanzarán en la presentación son los integrantes del Bloque Justicialista-Frente de Todos. Allí solicitarán al Departamento Ejecutivo, “en forma urgente informe y ponga a disposición del Honorable Concejo Deliberante los motivos y fundamentos legales por los cuales se les solicita a los agentes municipales suscribir un compromiso de confidencialidad y no divulgación de la información y las políticas de seguridad de la información municipal”.
Al mismo respecto, los ediles, conforme al artículo 13 de Ley 9070 “deberá responder las solicitudes de información dentro de un plazo perentorio de quince (15) días hábiles contados a partir de la recepción de la solicitud”.
Más temprano, este martes Mendoza Today publicó en exclusiva el polémico documento, que opera cual declaración jurada que hacen firmar a todos los empleados, inclusive a los que están trabajando en la calle, que les prohíbe hablar sobre lo que ocurre en aquel municipio.
“En virtud de los servicios ya prestados o por prestar en la Municipalidad de Guaymallén, el que suscribe declara conocer que los datos e información a ser conocidos y abordados en el marco de las ‘Labores Municipales’, se encuentran amparados bajo normas de confidencialidad”, sostiene el documento.
Y apela al “compromiso de confidencialidad y no divulgación de la información y las políticas de seguridad de la información municipal”.
Acto seguido, llega el punto más polémico: “Mediante la suscripción del presente instrumento, me comprometo a guardar la máxima reserva y secreto sobre los datos e información a que acceda en virtud de las funciones encomendadas, a utilizar dicha información solamente para el fin específico al que se la ha destinado, a no comunicar o hacer pública la información no clasificada como pública, y a observar y adoptar cuantas medidas de seguridad sean necesarias para asegurar la confidencialidad, secreto e integridad de los datos e información, salvo autorización legal o instrucción expresa de la autoridad competente”.
No es todo: “Esta obligación de reserva y confidencialidad seguirá en vigencia aún después del vencimiento del plazo, de la rescisión o resolución del contrato o cese o interrupción de la relación laboral, asumiendo la responsabilidad penal, administrativa o civil de los daños y perjuicios que por dolo o negligencia pudiera ocasionar la difusión de datos o información no publicados”.
Fuente Mendoza Today
