El Tribunal de Cuentas intimó a ATM para que explique un “agujero negro” de $25 mil millones

El Tribunal de Cuentas de la provincia intimó a la Administración Tributaria Mendoza para que explique un agujero negro de $25.712.156.983. Ello corresponde a presuntas deficiencias de registración y control de cuentas por cobrar.

No es todo: el informe del organismo de control puso la lupa sobre más de $190 millones de deudas por regalías, a la vez que señaló que ATM incurrió en inacciones, demoras y falta de control en millonarios procesos judiciales de cobranzas. Otra investigación implacable del portal El Otro:

A Alejandro Donati, máximo responsable de la Administración Tributaria Mendoza (ATM), se le escapó la tortuga o, tal vez, dejó la puerta abierta por demasiado tiempo para que huyera una larga fila de otros animales rastreros. En cualquier caso las consecuencias son gravísimas para el erario público, tal como lo refiere un “pliego de reparos” del ejercicio contable 2021, correspondiente al expediente 377-A-2021-050604 del Tribunal de Cuentas de Mendoza.

En esta pieza administrativa a la que tuvo acceso EL OTRO, la contadora auditora Silvina Lorente concluyó que, de acuerdo con la consulta realizada el pasado 30 de junio en el Sistema de Información Contable de la Provincia, ATM registraba más de $25 mil millones de pesos en concepto de “cuentas por cobrar por recursos tributarios”, a diciembre del año pasado. (Leé el informe completo aquí)

Para ser exactos, el Tribunal constató un agujero negro de $25.712.156.983,14 de morosos incobrables, a lo que sumó un pinche del “saldo de cuentas por cobrar por regalías y otros conceptos derivados, para el mismo período”, que asciende a $191.905.092.

¿Pero cómo se llegó a semejante cifra? La propia contadora Lorente se encargó de explicarlo en su informe.

Legalmente, la declaración de incobrabilidad procede en los casos de insolvencia financiera y/o patrimonial del deudor o desaparición del mismo. También en los supuestos de transferencia o liquidación de la entidad autorizada para la recaudación del débito tributario, o cuando el débito no exceda la suma que anualmente fije la Ley Impositiva, o en el supuesto en que el mantenimiento de los mencionados débitos en forma activa generen costos al ente administrador.

Pese a que tal determinación de incobrabilidad, imprescindible para una eficiente y justa recaudación, le compete exclusivamente a ATM, el organismo viene incumpliendo sistemáticamente con su obligación desde 2017, tal como lo advirtió año tras año el propio Tribunal que, sin embargo, se abstuvo de aplicar sanciones a los funcionarios. De hecho, el ente de fiscalización reconoció en su fallo 17.670, de febrero de este año, que ATM recayó en irregularidades aunque el controlante se negó a aplicar castigos, bajo el pretexto de “la situación atípica producida por la pandemia de COVID en el ejercicio bajo estudio”.

Con la grave y no menos evidente situación tributaria, el complaciente Tribunal -esta vez sin pandemia- les notificó en agosto pasado al director general de Rentas, Nicolás Chaves, y a la subdirectora de Gestión Interna, Gladys Perez Rey, que “deberán realizar las acciones necesarias a efectos de subsanar estas irregularidades de registración contable, verificadas por la contadora auditora; caso contrario…”. Bla, bla y más bla.

Son o se hacen

Hace un mes, el Gobierno de Mendoza realizó junto a la Policía y medios de comunicación hijos de pauta, una publicitada campaña para mostrar cómo el Estado juega a perseguir a los ciudadanos de a pie, o a bordo de automóviles más precisamente.

“Este es uno de los tantos operativos de rutina que realiza ATM. Ya en los últimos dos meses se han realizado varios en distintos puntos de la provincia. Hemos verificado más de 5.000 contribuyentes, muchos de los cuales, una vez que se los notifica de la deuda, se han acercado a pagar”, manifestó en Acceso Sur y Boedo de Luján de Cuyo el ministro de Hacienda y Finanzas, Víctor Fayad, quien ante diario Los Andes ponderó la captura de un pez gordo: “Hace poco secuestramos un Porsche que debía 4 millones de pesos. Pero cuando fuimos a secuestrar ese vehículo tuvimos que correr una Ferrari que era del mismo propietario”.

Mientras el ministro Fayad sale de pesca callejera, millonarios procesos judiciales de gestión de cobros se encuentran dormidos en la mismísimas oficinas de ATM. Al menos esto señala el Tribunal de Cuentas en otro de los apartados del expediente 377-A-2021-050604 analizado por EL OTRO.

A fojas 32 de su informe, la contadora auditora Silvina Lorente no se anduvo con eufemismos. Responsabilizó a los recaudadores tributarios y a las autoridades a cargo de la gestión de cobranzas de “inacción procesal” y “demoras en los procesos”, tras examinar una muestra de “192 boletas de deuda por un importe total de $106.369.809”.

“La Auditoría –sostiene el informe oficial- verificó que existen casos en los que se inicia el juicio de apremio, sin que existan actuaciones procesales posteriores o que, si bien se realizan actuaciones, las mismas son muy antiguas, sin que tengan sentencia firme dichos procesos, o existiendo dicha sentencia no se dictan medidas necesarias que aseguren que dichos créditos no terminen perdiéndose ante la inacción del Recaudador Fiscal y el deficiente control por parte del Departamento de Cobranzas”. Dicho en criollo, la burocracia tributaria duerme la siesta y Daniel Villa, jefe del Departamento de Cobranza Judicial de ATM, algo tendrá que explicar.

Entre las boletas observadas por el Tribunal de Cuentas figuran contribuyentes demandados con deudas de siete cifras, además del detalle de los abogados y abogadas responsables del impulso de los procesos. (Ver aquí a partir de la página 23)

Sólo estos diez deudores, de la lenta lista judicial de ATM, totalizan más de 24 millones que faltan en hospitales y escuelas públicas:

1- Cruce Andino S.A. $ 4.679.314

2- Distribuidora de Gas Cuyana S.A.: $ 3.975.000

3- AMX Argentina S.A.: $ 3.107.797

4- José Cordero y Francisco Russo: $ 2.636.556

5- ART Liderar S.A.: $ 2.566.615

6- Gerardo Ariel Martín: $ 2.522.736

7- Inter Servicios Integrales: $ 2.101.486

8- Honesty S.R.L.: $ 1.051.956

9- Distribuidora Maza S.R.L.: $ 1.031.399

10- Gerardo Masutti: $ 996.667

Fuente Mendoza Today