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Por Andrés Klipphan
Emilio Pérsico, el funcionario y dirigente social que maneja ese programa, fue el más beneficiado. El reparto de la “cajas” entre La Cámpora y los movimientos oficialistas
Mientras la Justicia investiga las irregularidades detectadas por la AFIP en el pago de más de 250.000 planes Potenciar Trabajo y la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, reconoció el viernes en conferencia de prensa que en los últimos veintiséis meses 82.272 destinatarios de ese programa consumieron 4.498.144 dólares con tarjeta de crédito, y que se vio obligada a dar de baja “a 2.243 beneficiarios, 2.098 que adquirieron dólar ahorro y 145 que realizaron consumos en dólares con tarjeta de crédito; el Congreso aprobó el Presupuesto 2023 que otorga un aumento del 160% en la partida asignada a ese programa que administra el líder del Movimiento Evita, Emilio Pérsico, desde la Secretaría de Economía Social.
La partida presupuestaria aprobada por el parlamento el miércoles, sin la presencia de los senadores del PRO y la UCR, fue de 568.016.896.845 pesos. Si a ese monto se le suman el del resto de los programas que maneja el líder social, la cifra trepa a casi seis mil millones de pesos -exactamente $594.285.915.597– casi la mitad del presupuesto ministerial, que es de algo más de un billón de pesos: $1.169.156.152.175. En este caso, un incremento del 117,2% comparado con el presupuesto anterior.
La incomodidad de los números ilustran el poder que ostenta el líder social dentro de la dirigencia de la economía popular. Pérsico es un militante que demostró con creces su fidelidad al jefe de Estado cada vez que este necesito de su respaldo, por ejemplo, cuando fue atacado por Cristina Kirchner quien, a través de una carta, a fines de octubre de 2020 denunció que en el Gobierno había “funcionarios y funcionarias que no funcionan”.
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De todos modos, en las últimas semanas limó asperezas con el kirchnerismo. Por ejemplo, cenó en su casa de Isidro Casanova, en La Matanza, con el diputado nacional y líder de la Cámpora, Máximo Kirchner. Después de ese encuentro, del cual participó su pareja, la senadora bonaerense Patricia Cubría, una delegación del Movimiento Evita participó del acto que el jueves encabezó Cristina Kirchner en el Estadio Único de la Plata.
El 22 de junio pasado la ex mandataria se puso al frente de una ofensiva contra las organizaciones sociales oficialistas. Con una sugestiva frase, exigió que el Estado deje de tercerizar las políticas sociales. “Si Evita los viera, ¡mamita!”. El blanco de las críticas estaban dirigidas a Emilio Pérsico.
“El Estado Nacional debe recuperar el control, la auditoría y la aplicación de las políticas sociales. No pueden seguir tercerizadas. El Estado debe tener el monopolio (de las políticas sociales) así como el Estado tiene el monopolio de la fuerza ¿o se le ocurre a alguien que podemos tercerizar la Policía? No”, afirmó la ex presidenta.
El 3 de agosto, minutos después de jurar como ministro de Economía, Sergio Massa anunció que se realizaría una auditoría sobre los programas sociales. Horas después, hizo lo propio el entonces ministro de Desarrollo Social, Juan Zabaleta. Para eso, se capacitó a estudiantes de Universidades Nacionales y, formulario en mano, comenzó el promocionado censo presencial entre los titulares del Potenciar Trabajo que debían cumplir veinte horas de tareas en una Unidad de Gestión, que por lo general son cooperativas de la economía popular que dependen de las propias organizaciones sociales.
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La llegada de Victoria Tolosa Paz cambio el rumbo de las cosas. Interrumpió la auditoría anunciada con bombos y platillos porque en poco más de un mes se había censado a solo 35.000 beneficiarios y anunció que obligará a que los beneficiarios de ese programa (1.383.279 personas en total) realicen una “autogestión de validación de identidad” y respondan una encuesta y advirtió que quienes no lo hagan hasta el 5 de enero serán dados de baja de manera automática.
El cambio de metodología fue anunciado después que Infobae diera a conocer el informe de la AFIP, elevado al ministerio de Desarrollo Social, que marcaba incompatibilidades en el cobro del Potenciar Trabajo. Con esos datos en la mano, el fiscal federal Guillermo Marijuán presentó una denuncia en los tribunales de Comodoro Py y que recayó en los despachos del juez federal Julián Ercolini y el fiscal Eduardo Taiano. El informe, que recaló en Desarrollo Social el 24 de octubre pasado y que había sido solicitado por el antecesor de la ex diputada nacional, Juan Zabaleta, aseguraba que 63.211 beneficiarios del Potenciar Trabajo registran gastos o consumos con tarjeta de crédito o débito o billetera mayor a dos veces el importe del salario mínimo vital y móvil, que 52.987 son propietarios de más de un inmueble y que casi 2.800 muertos seguían cobrando el plan social.
Aumento en las políticas sociales
El incremento en la partida presupuestaria que recibió la secretaría de Emilio Pérsico fue aprobado por el Senado de la Nación después que el presidente Alberto Fernández firmase del decreto presidencial 728/2022 que prohíbe la incorporación beneficiarios al Potenciar Trabajo y el reemplazo de las bajas por otros titulares.
El Programa Nacional de Inclusión Socio-Productiva y Desarrollo Local – Potenciar Trabajo- recibió casi el doble de aumento que la asignada a las políticas alimentarias, de la cual depende la Tarjeta Alimentar, que fue ajustada en un 80 por ciento. Ese programa depende de la dirigente de La Cámpora Laura Valeria Alonso. El presupuesto para el área más sensible de esa cartera es de 442.755.687 pesos, una cifra menor al Potenciar Trabajo a pesar que en los años anteriores siempre fue mayor.
En ese número están incluidos los $38.610.519.694 de Complemento Alimentario; los $13.338.781.334 de asistencia a Comedores Comunitarios y Merenderos y los $170.897.000 que deberían ser destinados a la desactivada Mesa Argentina Contra el Hambre. La Tarjeta Alimentar, que fue creada por Daniel Arroyo, el primer ministro del área, alcanza 4,1 millones de personas de todo el país.
La Secretaría de Integración Socio Urbana, que tiene como principal tarea la urbanización de los barrios populares registrados en el ReNaBaP, también fue beneficiada con un importante aumento en su partida presupuestaria que trepa a los 11.213.769.266 pesos.
A cargo de la secretaría esta Fernanda Miño, una dirigente del Movimiento de Trabajadores Excluidos, cuyo referente nacional es Juan Grabois.
Muy pocos lo tienen en cuenta: por resolución ministerial, el 25% de las obras que se realizan en los asentamientos la deben realizar las cooperativas de trabajo que dependen de los movimientos sociales, la gran mayoría de ellos que abrevan en el Frente de Todos, como el Movimiento Evita, Somos Barrios de Pie, Movimiento de Trabajadores Excluidos y el Frente Popular Darío Santillán, entre otros. Todos ellos, además, forman parte de la poderosa Unión Trabajadores de la Economía Popular (UTEP). Su secretario general es Esteban “Gringo” Castro, un dirigente de buen vínculo -como Juan Grabois- con el Papa Francisco. De hecho, Castro es dirigente del Movimiento Misioneros de Francisco; una organización que surgió por impulso de Emilio Pérsico después que Jorge Bergoglio bautizara en Roma a su hijo Néstor. Nombre que, junto a su pareja, la senadora bonaerense Patricia Cubría, decidieron ponerle como homenaje al ex presidente Néstor Kirchner.
No es el único beneficio que los movimientos sociales consiguieron de Alberto Fernández. El mismo decreto 728/2022 obliga que a las cooperativas de la economía popular se le otorgue el 30% de la obra pública nacional de hasta 300 millones de pesos.
Alberto Fernández firmó el decreto 728/2022 que prohíbe la incorporación de más beneficiarios al Potenciar Trabajo y otorga el 30% de la obra pública nacional de hasta 300 millones de pesos a las cooperativas de la economía popular
Desde su llegada al ministerio, Tolosa Paz decidió nombrar en puestos claves, como la Jefatura de Gabinete y la secretaría Articulación de Política Social, a personas de su más estrecha confianza en reemplazo de los colaboradores de Zabaleta. En cambio, dejó intacta la distribución de cargos que ostentan los dirigentes sociales oficialistas dentro del ministerio de Desarrollo Social, una manera de mantener el equilibrio de fuerzas. Allí, además de Pérsico y Miño destaca Daniel Menéndez, el coordinador Nacional de Barrios de Pie al frente de la subsecretaría de Políticas de Integración y Formación.
Fuente Infobae
