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Por Hugo Alconada Mon
El control y eventual depuración de decenas o incluso cientos de miles de planes sociales centraliza una disputa entre el ala dura del kirchnerismo y el Movimiento Evita, con cifra y monto a plazo cierto –$7000 millones en quince días- y una candidatura incierta en La Matanza, según reconstruyó LA NACION en base a los testimonios de seis actuales y exfuncionarios nacionales.
La disputa tiene como foco el Ministerio de Desarrollo Social, loteado entre varios sectores del oficialismo. Algunas dependencias responden al presidente Alberto Fernández; otras, a agrupaciones como el Movimiento Evita, que lidera Emilio Pérsico; y otras más, a La Cámpora, con Máximo Kirchner como referente.
El último y más visible cortocircuito comenzó con la filtración de un informe de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) que detectó presuntas incompatibilidades entre quienes cobran el plan Potenciar Trabajo. Desde muertos a otros que son dueños de aeronaves, autos y embarcaciones, compran dólares o tienen locales comerciales o campos.
La ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, buscó aplacar el incendio este viernes, cuando anunció que bajarían 2243 planes porque sus titulares usaron el dinero para comprar dólares o registraron altos consumos en dólares con tarjeta de crédito, pero defendió el programa: “Al 99,7 por ciento de los que están hoy en el Potenciar Trabajo les corresponde este ingreso. Solo en el 0,3 ciento de los casos hemos encontrado incompatibilidades y vamos a ser inflexibles”.
Tolosa Paz buscó así apaciguar el terremoto que causó el informe que la AFIP elaboró por pedido directo del anterior ministro del área, Juan Zabaleta, quien procuró hurgar en los planes antes de retornar a la intendencia de Hurlingham. Y buscó, según dijeron a su lado ante la consulta de LA NACION, “pegarle al panal”.
No es una frase lanzada al azar. Zabaleta solicitó ese informe a pesar de las múltiples presiones que afrontó durante meses, tanto desde el propio Ministerio, donde le endilgan haberse “cortado solo”, como desde la Casa Rosada, donde le plantearon que “reflexionara” y retirara el pedido a la AFIP.
El informe de la AFIP siguió su curso, sin embargo, aunque llegó al Ministerio cuando Zabaleta ya se había marchado. Y Tolosa Paz optó por requerir nuevos informes a la AFIP y al Banco Central, además de una auditoría interna. Ese material podría blindarla en sede administrativa y penal. En especial, luego de que el fiscal federal Guillermo Marijuan radicó una denuncia ante la Justicia por presunta defraudación al Estado y solicitó la suspensión de los beneficiarios bajo sospecha.
El contrapunto alrededor del plan Potenciar Trabajo es a contrarreloj. El próximo pago debería concretarse el lunes 5, según indicaron a LA NACION desde el Ministerio, cuando casi 1,4 millón de beneficiarios deberían cobrar $27.225 cada uno, más un plus de $5000 para quienes colaboran en comedores y merenderos. Es decir, un total que supera los $37.700 millones.
Según el informe de la AFIP, sin embargo, más de 250.000 beneficiarios arrastrarían incompatibilidades que deberían excluirlos del Potenciar Trabajo, con el consiguiente ahorro para el fisco de $7000 millones cada mes. Allí radica uno de los focos que divide al kirchnerismo duro con el Movimiento Evita.
“Hay un enorme descontrol sobre lo que pasa con los planes porque el Estado renunció a la supervisión, que delegó en las propias ‘unidades ejecutoras’, que deberían controlarse a sí mismas”, indicó un funcionario kirchnerista. “Tolosa Paz pidió un nuevo informe a la AFIP por eso: para afinar el lápiz antes del próximo pago y no quedar pegada”.
Desde la Secretaría de Economía Social, que lidera Pérsico, devuelven las gentilezas. “El informe de la AFIP mezcla peras con manzanas. Lo mismo que algunos medios de comunicación”, dijeron, lo que precisaron con ejemplos.
“Dicen que más de 250.000 compañeros tributan bienes personales. Si fuera así, una de cada cuatro personas que paga Bienes Personales en la Argentina tendría un plan social. No tiene sentido”, indicaron junto a Pérsico. “Lo que sí puede ser es que haya 250.000 compañeros que tengan un bien, como una motito, lo cual no impide cobrar el plan, del mismo modo que la AFIP alude al dueño de una ‘embarcación’ que en realidad es una canoa de 6 metros de largo que usa para pescar”.
El equipo de Pérsico remarcó, además, que todos los meses se pasa a todos los beneficiarios del plan por el Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social (Sintys), lo que lleva a la suspensión y exclusión de miles de beneficiarios. “La mayoría queda fuera porque consiguieron un empleo, otros porque comenzaron a cobrar una jubilación o una pensión, y después hay unas 200 bajas por mes por fallecimiento y otras 150 a 180 bajas por la compra de un automóvil de menos de diez años de antigüedad”, detallaron. “Pero el informe de la AFIP aludió a casi 53.000 dueños de inmuebles, autos o embarcaciones, sin precisar la antigüedad”.
Para Pérsico y sus colaboradores, la AFIP que lidera Carlos Castagneto es parte de una ofensiva fogoneada por el kirchnerismo contra los movimientos sociales, que mantienen una disputa de fondo por las candidaturas de 2023 en La Matanza, bastión insoslayable del Conurbano. “Estamos hablando del principal programa de transferencia directa de fondos que tiene el Ministerio”, remarcaron.
Desde el kirchnerismo no se quedaron atrás, sin importar que Máximo Kirchner haya invitado a referentes del Evita al acto en La Plata de su madre, Cristina Fernández. “¿Invocan el Sintys? ¿Y quién maneja el Sintys? ¡Tenés a los beneficiarios de los dos lados del mostrador!”, indicó un funcionario que responde a La Cámpora, pero que parafraseó casi textual a la Coalición Cívica, que este lunes presentó un pedido de informes ante el Ministerio. Le reclamó datos sobre quién y cómo se supervisa el Potenciar Trabajo, quién autoriza a cada beneficiario y a qué organizaciones pertenecen los más de 250.000 receptores bajo sospecha. El planteo de la Coalición es que Pérsico y el Movimiento Evita “están de los dos lados del mostrador”.
Junto a Pérsico defienden su posición. “El cruce con el Sintys se vuelca todos los meses en un expediente, todo está documentado, y se siguen procedimientos que no establecimos nosotros, ni la coordinación está en nuestras manos. El responsable comenzó cuando Cristina Kirchner era presidenta, continuó en funciones con Mauricio Macri y fue designado coordinador cuando llegó Alberto” Fernández.
Alejado del Movimiento Evita y del kirchnerismo duro, un ex alto funcionario de este Gobierno evitó darle la razón a unos u otros. “Nadie está exento de esto. En su momento se decidió que quien cobrara un plan del Ministerio no podía cobrar una beca Progresar de la Anses. Y 42.000 beneficiarios quedaron afuera”, rememoró.
Aquella decisión llevó al Polo Obrero y a varios grupos piqueteros a las calles. Acamparon sobre la avenida 9 de Julio, hasta que el Gobierno revocó su decisión. “Pero si vamos a hilar fino”, abundó el exfuncionario, “cuando alguna vez se convocó a los beneficiarios de planes sociales para escucharlos y cotejar sus datos, dos de cada diez jamás aparecieron. Los planes son un Caja de Pandora”.
Fuente La Nacion
