El Gobierno y la Corte Suprema frente a un callejón sin salida

otro, el Judicial. El problema es que parece inevitable que el próximo paso sea un escenario de mayor confrontación.

Pocas veces hubo en la clase política una coincidencia tal como la necesidad de reformar la Justicia. Siete de cada diez argentinos creen que hay que modificarla, según Analogías. Pero esos números se revierten cuando la consulta es sobre el proyecto del Gobierno, que incluye la remoción de tres jueces con competencia en causas de corrupción que involucran a la vicepresidenta.

La sociedad tampoco está de acuerdo en que se lleve a cabo en medio de una pandemia y de una crisis económica fenomenal.

Una reforma judicial en serio es una de las tantas posibilidades que el presidente Alberto Fernández ha dejado escapar. La raíz confrontativa impidió a la Casa Rosada consensuar la iniciativa –Juntos por el Cambio tenía predisposición para ello- y acordarla en forma unánime por dos de los tres poderes, el Ejecutivo y el Legislativo, porque el objetivo velado era la impunidad de Cristina.

El proyecto, con media sanción del Senado descansa en Diputados porque el Frente de Todos no tiene el número para convertirlo en ley. Fue redactado por el abogado de la vice, Alberto Beraldi, que terminó soslayando a Gustavo Beliz y desdibujando a la ministra de Justicia Marcela Losardo. Hoy Beliz y Losardo cumplen más con la función de “equilibrar” la ofensiva del cristinismo que la de construir gestión.

Mañana la Corte debe resolver si avala la decisión del Senado de remover a los jueces Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Germán Castelli, o los ratifica en su cargo. Cualquier opción suena a un callejón sin salida porque darían pie a un conflicto político de una mayor envergadura.

El Gobierno no está totalmente seguro de que todo esté bajo control. Sorprendió a Alberto Fernández la jugada de Carlos Rosenkrantz, obligando este martes al resto de los ministros del Tribunal a pronunciarse sobre el tema, y que algunos celulares se apagaran.

En la oposición hay pronósticos encontrados sobre qué resolverá. Están los que creen que el martes la Corte rechazará el per saltum pedido por los magistrados y esperará el fallo de la Cámara Contencioso Administrativo Federal que, se prevé, avalará los traslados. Esa cámara está compuesta por los jueces Guillermo Treacy y Jorge Alemany (el tercer miembro de la sala Vl, Pablo Gallegos Fedriani, se excusó de votar porque también fue trasladado desde otro cargo). En medios K se resalta que cuando esa cámara rechazó la cautelar planteada por Bruglia y Bertuzzi, Alemany consideró que la decisión del Senado de removerlos “sería un excelente freno” para el propio Alberto Fernández, y evitaría “el nombramiento de personajes ineptos”. En tanto Treacy había relativizado el reclamo de sus colegas. Posiciones mas claras, imposible.

La Cámara podría pronunciarse hoy mismo avalando los desplazamientos, antes de la reunión de la Corte. Lo que dejaría al per saltum pedido por los jueces “abstracto” y el Máximo Tribunal ya no tendría nada que decidir. Entonces lo que debería ocurrir es que alguno de los jueces apele el supuesto fallo de la Cámara para llegar a la Corte que en esta última instancia sí tendría que definirse. A tal punto que eso ocurra es de sumo interés, que trascendió la existencia del llamado de uno de los miembros de la Corte a la Cámara, “sugiriendo” que así ocurra.

Otro sector de Juntos por el Cambio cree que el Tribunal tendría que pronunciarse en contra de la decisión del Senado porque fue el mismo el que avaló el traslado de Bruglia cuando en 2018 lo consultó el Poder Ejecutivo a través del ministro de Justicia, Germán Garavano, y el propio Consejo de la Magistratura. ¿Cómo argumentaría esa incongruencia si decidiera tomar otra posición?

Un temor ha empezado a circular, tal vez por interés del oficialismo o de algún juez de la Corte que pretende abrir el paraguas antes de cambiar su posición. Y es el presunto festival de traslados que el kirchnerismo pondría en marcha si la Corte termina respaldando a los tres jueces.

“No lo creo. El kirchnerismo hizo traslados y lo va a seguir haciendo. Pero la Corte, si esa fuera su intención, podría resolver que los traslados son válidos hasta acá, y que a partir de ahora dejarán de serlo”, reflexiona uno de los asesores judiciales de la oposición.

Un integrante de JxC del Consejo de la Magistratura considera que hasta que no haya una sentencia definitiva en el caso de los jueces, debe bloquearse cualquier intento de traslados que impulse el kirchnerismo. Así, tanto las nuevas designaciones en la Cámara Federal como en otras instancias quedarían trabados.

Otro impedimento para los K sería el reglamento vigente en el Consejo de la Magistratura que fue modificado en 2018 y que determinó que los traslados deben contar con la aprobación de los dos tercios del Consejo. Es decir, debería avalarlos la oposición. El actual titular del Consejo, Leopoldo Lugones, afín al oficialismo, fue uno de los que criticó duramente el sistema de traslados, por lo que si mantiene esa postura no debería permitirlos discrecionalmente.

El reglamento también cuenta con otros requisitos como que lo solicite el juez o que tenga al menos 4 años en el mismo cargo. Pero hay una trampa. Para modificar el reglamento solo hace falta una mayoría simple, que el kirchnerismo alcanzaría si vuelve a contar con el voto de Graciela Camaño, como ya ocurrió cuando se decidió avanzar en la remoción de los magistrados. Eso le permitiría al oficialismo, escándalo mediante, poder manipular los traslados.

¿Qué tan importante es el caso de los tres jueces removidos por el Senado? Refleja la intención de Cristina -y de Alberto F.- de alejar a tres magistrados que podrían resolver en su contra en juicios de corrupción. Una fuente judicial alerta que si logran desplazar a Germán Castelli del Tribunal Oral Federal 7, es probable que se dilate el inicio del megajuicio de “Los cuadernos de las coimas” y, una vez comenzado, “iría muy lento”.

También, ante el tribunal podrían surgir planteos por parte de la defensa de Cristina Kirchner para que se declare nula la causa, aduciendo que los jueces a cargo tenían los papeles flojos. Y, luego de pasar por varias instancias, llegaría a la Corte.

Por eso el Plan A de Cristina pareciera ser ganar tiempo, como lo hizo Carlos Menem con innumerables causas de corrupción. De hecho, a más de 20 años del fin de su gobierno, todavía hay condenas contra el riojano que no están firmes. Mientras, continúa libre y es senador.

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