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El 16 de julio pasado el kirchnerismo puso en marcha en forma reservada un operativo para tratar de remover a tres jueces que investigan a la vicepresidenta Cristina Kirchner con la
excusa de que no habían cumplido todos los pasos necesarios para su traslado que Clarín adelantó en exclusiva dos días después. Fueron dos meses y medio de roces políticos y judiciales que aumentaron la escalada de la tensión entre el Gobierno y la Corte y pone ahora al país al borde de un conflicto de poderes sin el poder ejecutivo y el Senado no obedecen al máximo tribunal.
Ese pedido lo hizo el representante del Gobierno en el Consejo de la Magistratura y hermano de crianza del ministro del Interior, Wado de Pedro, Gerónimo Ustarroz. A la semana siguiente con el voto clave de la diputada lavagnista, Graciela Camaño, la mayoría K del Consejo de la Magistratura preguntó al Gobierno su opinión por los traslados de diez jueces, entre ellos Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y German Castelli. Estos diez habían sido traslados hacía más de dos años con el voto de la mayoría de la Magistratura y un aval de la Corte en cuento al mecanismo.
Unos días después, el Gobierno envió por segunda vez los pliegos de esos jueces al Senado, en un mecanismo retroactivo sin antecedentes en la democracia. Mientras tanto, los tres jueces presentaron un recurso de per saltum que es el que la Corte aprobó este martes reclamando por el principio de inamovilidad de los jueces y hablando de “procedimientos especiales” prohibidos por la Constitución.
El 16 de septiembre la mayoría K del Senado, en una sesión presidida por Cristina y sin la presencia de la oposición de Juntos por el Cambio, rechazó darle un segundo acuerdo a Bruglia, Bertuzzi y Castelli. En un tiempo récord de 12 horas, el presidente Alberto Fernández firmó tres decretos devolviéndolos a sus cargos originales en tribunales orales de la Capital, La Plata y San Martín. Y la Cámara de Casación aceptó los decretos, mientras los K frenaron los concursos para reemplazar a los tres jueces en esos tribunales orales.
Luego de una serie de presiones de Cristina y sus operadores como Leopoldo Moreau, el 22 de septiembre el presidente de la Corte, Carlos Rosenkrantz llamó a un acuerdo extraordinario para este martes. El viernes el presidente Fernández a Rosenkrantz y dijo “cualquiera que ha estudiado derecho sabe que esto es un escándalo jurídico”.
Esta no fue la única operación. Desde que asumió el Gobierno de Alberto Fernández, el kirchnerismo ya implementó más de diez jugadas sobre la Justicia con la intención de mejorar la situación procesal de Cristina Kirchner u otros de sus ex funcionarios procesados en causas de corrupción, la mayoría tomadas durante la cuarentena por el coronavirus.
Las más importantes fueron:
– El kirchnerismo abre un debate en torno a los “presos políticos” versus “prisiones preventivas arbitrarias”: todos los ex funcionarios K con prisión preventiva quedaron afuera menos los ex secretarios de Transporte Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi, entre otros. Paralelamente, pone en marcha la teoría del lawfare.
– Cristina reclamó a la Corte que actúe por un editorial del periodista Carlos Pagni que decía que se habría negociado la detención del ex secretario de Transporte K por medio a una crítica en el diario La Nación.
– El secretario de Derechos Humanos Horacio Pietragalla pide a la Justicia la prisión domiciliaria para Ricardo Jaime.
– El Gobierno logra la sanción de una polémica ley jubilatoria de los jueces que ya llevó a más de 60 magistrados a retirarse y presenta una reforma judicial que ya aprobó el Senado. La reforma se frenó en Diputados luego de un escándalo por la prórroga del protocolo de funcionamiento virtual por el coronavirus.
– El juez del tribunal oral Daniel Obligado excarcela a Amado Boudou, pese a que estaba cumpliendo una condena a 5 años y 10 meses de prisión por el caso Ciccone.
– Cristina pide a la Corte que avale las sesiones virtuales del Senado y su asesora Graciana Peñafort advierte que será “por la razón o la sangre”. La presión es sobre todo contra el presidente Carlos Rosenkrantz. La Corte rechaza el pedido.
– La Oficina Anticorrupción se retira como querellante del juicio oral por lavado de dinero en las empresas de los Kirchner Hotesur y Los Sauces.
– La mayoría K del Consejo de la Magistratura cierra un sumario administrativo contra el camarista Juan Ramos Padilla por ofender a sus colegas por Twitter.
– Carlos Zannini, procurador general del Tesoro, pide la nulidad del juicio oral por el encubrimiento de Irán en la causa AMIA.
– El senador y ex titular de la AFI Oscar Parrilli pide el juicio político del fiscal Carlos Stornelli y el defensor oficial Gustavo Kollmann por la causa de los Cuadernos de las coimas.
– El kirchnerismo en el Congreso intenta desplazar al Procurador General Interino Eduardo Casal. Cambia la composición del jury de enjuiciamiento y le abre una cuestión de privilegio en el Senado, en una medida sin precedentes.
– El fiscal general de Lomas de Zamora Enrique Ferrari hace suspender una indagatoria sobre el abogado de Moyano, Daniel Llermanos. La indagatoria ya se suspendió 5 veces y luego la Suprema Corte bonaerense suspende a Ferrari.
– El senado vota quitarle la oficina de escuchas a la Corte pero el presidente de la Cámara de Diputados Sergio Massa negocia para que la DAJUDECO sea controlada por la cámara baja sin convertir ese proyecto en ley.
Antes de diciembre de 2019, con el aval de Cristina Kirchner, Roberto Baratta y Eduardo Valdés, entre otros, lanzan el “Operativo Puf” contra las causas de los Cuadernos de las Coimas.
Luego en un descargo histórico, Cristina advierte a los jueces del TOF 2 de Vialidad que “la historia ya me juzgó” y se niega a responder preguntas, en un desafío a la Justicia que este martes tuvo un freno pero aún es una pulseada sin final.
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