EL CALAFATE.- Ingresó a la legislatura santacruceña un proyecto para prorrogar por un año la prohibición de crear nuevas áreas naturales protegidas en la provincia hasta tanto se disponga de un inventario que releve la totalidad de los establecimientos agropecuarios, no agropecuarios y todas las áreas públicas y privadas de la zona rural de Santa Cruz.
La ley creada el año pasado generó controversias y fuerte rechazo entre las organizaciones ambientalistas quienes piden que la misma sea derogada y dejó por escrito una fuerte tensión que durante años se vivió en Santa Cruz en torno a la ampliación de áreas naturales que se daba a partir de la compra de campos y la posterior donación de tierras para la creación o bien ampliación de áreas protegidas.
Se trata de la ley 3692 aprobada en 2019 y que declara la emergencia en materia de posesión y tenencia de tierras rurales en lo referente a la creación de áreas naturales protegidas, reservas, reservas naturales, nacionales, parques monumentos y todas aquellas áreas cuyas categorías están definidas dentro del sistema provincial y nacional de áreas protegidas.
A partir de la ley se puso en marcha un relevamiento de tierras, que debe contener los datos del establecimiento, la cantidad de hectáreas, titularidad y estado de registro dominal y otro datos identificatorios de la propiedad y de los propietarios del lugar, además de quien o quienes ocupan el predio y que tipo de actividad se realizan en ellos.
La mayoría parlamentaria del Frente de Todos garantiza que la prórroga será aprobada antes que finalice el año legislativo extendiendo así el plazo de una ley que levantó controversias entre las organizaciones ambientalistas.
La reglamentación de la ley, que aún resta de su aprobación, establece la elaboración de un Plan de Desarrollo Estratégico orientado a la ocupación y el poblamiento territorial y establece específicamente que “las personas y las familias en sus distintos roles tendrán la máxima prioridad en las actividades económicas y de desarrollo humano que el Plan deberá definir, respetando sus culturas, sus historias, sus descendencias y tradiciones” y destacan que el arraigo de los habitantes en el área rural será el principal objetivo del Plan.
Durante este año, atravesado por la pandemia, se conformó la comisión con integrantes de organismos públicos y del sector ganadero pero aún resta una parte del camino para concluir el informe. “Se trabajó en el relevamiento agroindustrial y las bases de datos de distintas direcciones del Consejo Agrario, también con la información que surge de los programas vigentes en el sector como el Prolana, la ley ovina o el Premer, en tanto que se avanza en reunir la información georreferenciada de cada lugar“, detalló a LA NACION, Marcos Williams, quien fuera vocal en el directorio del Consejo Agrario Provincial hasta diciembre de 2019 y hoy integra la comisión en representación del sector agropecuario y de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral.
La reglamentación de la ley, que aún resta de su aprobación, establece la elaboración de un Plan de Desarrollo Estratégico orientado a la ocupación y el poblamiento territorial
Si bien la ley preveía la prórroga por 12 meses hasta tanto se elabore el Plan Estratégico que debe ser aprobado por la legislatura, el autor de la ley, el diputado Carlos Santi, del Frente de Todos, presentó la prórroga argumentando que la pandemia demoró los plazos de trabajo y consideró que durante el año próximo se podría cumplir con el Plan Estratégico y dar así por culminada la emergencia declarada en la ley.
La mayoría parlamentaria del Frente de Todos garantiza que la prórroga será aprobada antes que finalice el año legislativo extendiendo así el plazo de una ley que levantó controversias entre las organizaciones ambientalistas. A través de un documento firmado por más de cuarenta organizaciones calificaron de inaceptable la ley 3692 y solicitaron que la ley sea derogada con carácter de urgencia.
