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Para Cristina Castro y sus abogados, la actuación de la jueza federal María Gabriela Marrón en el caso Facundo Astudillo Castro (22) no ha sido imparcial. A través de un durísimo escrito de 88 páginas, recusaron a la magistrada que, a mediados de octubre, se opuso con fuertes críticas a una serie de medidas de prueba destinadas a abonar la hipótesis de la participación de la Policía Bonaerense en la desaparición del joven, hallado muerto el 15 de agosto en un cangrejal de Villarino Viejo.
Como anticipó Clarín, la presentación se hizo antes del inicio del fin de semana largo y de que la Cámara Federal comenzara a analizar los argumentos que avalan la solicitud de esas acciones. Incluyen el secuestro de cerca de medio centenar de teléfonos de agentes policiales y el allanamiento de un destacamento en Villarino, entre otras.
Las medidas habían sido solicitadas a comienzos de octubre por los fiscales Andrés Heim y Horacio Azzolin, quienes se incorporaron a fines de agosto a la investigación. Marrón no solo las rechazó, sino que negó la apelación ante la Cámara a ambos fiscales y las querellas. Consideró que afectaban garantías constitucionales.
Algunos de los argumentos que utilizó fueron tomados por la mamá de Facundo y los abogados Luciano Peretto y Leandro Aparicio para recusarla. “Realmente nos indignan y nos causan temor sus palabras”, citan, cuando Marrón les pide a los fiscales que elaboren una “hipótesis alternativa” a la de la intervención policial y señala que “la estrategia escogida por los acusadores se asemeja a una auténtica ‘excursión de pesca’.
“La jueza debe ser imparcial y solamente deberá valorar ciertas medidas de prueba que requieran de su control”, remarcan al considerar que Marrón “avasalló” las funciones del Ministerio Público Fiscal. “Perdió las formas que debería haber mantenido como jueza, como son la prudencia y la mesura, al hablar peyorativamente del trabajo de la fiscalía”, sostienen.
“Parecería que busca obstruir la investigación a través de la manipulación de la prueba, el direccionamiento de la hipótesis que debería seguir la fiscalía y la demora en su accionar”, señalan en otro tramo del escrito. En él, los abogados hacen reserva del caso para llevarlo ante la Corte y denunciar a la jueza ante el Consejo de la Magistratura.
Resaltan que Marrón puso “mucho énfasis” en que la fiscalía pida medidas de prueba con respecto al lugar donde se halló el cuerpo de Facundo, cuya autopsia no detectó signos de violencia y determinó que murió por asfixia por sumersión. “Nos da la impresión que se concentra solamente en una línea de investigación, en una visión simple”, sostienen, en relación a que el joven caminó solo por las vías y por alguna razón cayó en el cangrejal, donde fue encontrado por tres pescadores.
Cristina Castro, madre de Facundo Astudillo Castro. Foto Pablo Presti
Esta hipótesis fue sostenida por el fiscal federal a cargo de la causa, Santiago Ulpiano Martínez, a quien Cristina Castro y sus abogados recusaron dos veces, pero fue respaldado por Marrón. Para Peretto y Aparicio, esa decisión de la jueza marcó “un antes y un después” de su conducta en el caso a la que califican de “temeraria” y cambiante.
También la responsabilizan de supuestas filtraciones del expediente a algunos medios de prensa y al ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni. También, de no cumplir con pautas internacionales, establecidas en pactos a los que adhirió el país, para investigar un caso de desaparición forzada que la propia jueza citó en sus primeras resoluciones.
“Esos compromisos internacionales asumidos por el Estado argentino le imponen la obligación de investigar las violaciones de Derechos Humanos, ‘so pena’ de incurrir en responsabilidad ante la comunidad internacional”, advierten. Por otro lado, le adjudican a Marrón “sospechas absurdas” sobre Cristina Castro y el adiestrador de perros Marcos Herrero.
La jueza federal María Gabriela Marrón. Foto Centro de Información Judicial (CIJ).
En el caso de la madre, por dudar de su palabra sobre que el amuleto hallado en los fondos del destacamento de Teniente Origone pertenecía a su hijo y pedir que el objeto le sea exhibido a la ex novia del joven. “Parecería que el testimonio de Daiana tuviese más peso que el de la madre de Facundo y que descree de las palabras de la víctima que, para la fiscalía, son creíbles y no presentan fisuras”, destacan.
En el caso de Herrero, que actúa como perito de parte, Marrón puso en duda la técnica aplicada para el hallazgo del amuleto y de la piedra turmalina de un collar, que fue encontrada en el interior de un patrullero. Además de opinar que el perro Yatel no tenía aptitud para oler rastros de Facundo, la jueza pidió a los fiscales que investigaran el accionar del master canino.
Los abogados de Cristina Castro (Luciano Peretto y Leandro Aparicio). Foto Juano Tesone.
En el escrito, Cristina Castro se queja de que las únicas acciones punitivas de Marrón hayan sido para Herrero y para Peretto, en este caso, por la supuesta violación de secretos al comentar sobre la autopsia al cadáver de Facundo. “Por fuera de ello, (la jueza) nada ha denunciado, nada ha investigado, nada instruido. En otros términos, los mayores esfuerzos procesales los ha puesto en denunciar con fundamentos ilógicos, a quienes me acompañan en la búsqueda de la verdad, cada vez más inevitable”, sostiene la mamá.
La recusación también se fundamenta en una supuesta “carta blanca” que se le habría otorgado a la Policía de la provincia para el registro de las violaciones al aislamiento social, preventivo y obligatorio dispuesto el 20 de marzo por la pandemia de coronavirus. “Las directivas del juzgado federal fueron ‘no manden más papeles hasta que no termine la cuarentena’”, citan el testimonio del subcomisario Pablo Reguillón, de Villarino.
En ese aspecto, los abogados indican que para la fiscalía, “el personal policial ha obrado con absoluta discrecionalidad, sin apego al marco legal, ni han sometido sus decisiones al control judicial” respecto del control de la cuarentena. “Llevar a Facundo a su domicilio sin violentar su integridad física hubiera sido la conducta correspondida, lejos de las intervenciones reactivas sobre el joven que fueron saliendo a la luz a medida que la causa adquirió estado público”, dice la presentación.
Marcos Herrero y su perro Yatel, con el busca rastros de Facundo Astudillo Castro
“Su actitud está causando gravámenes irreparables en la investigación, su conducta obstruye la instrucción, avasalla las funciones principales del Ministerio Público Fiscal, instaura sospechas en el accionar de la víctima, manipula elementos de prueba dándole un sentido diferente al que consta en el expediente, demora y desestima medidas esenciales para esta investigación sin una argumentación jurídica fuerte y protege a las fuerzas de seguridad”, concluyen los abogados querellantes sobre el accionar de la jueza.
EMJ
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