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Presos arrancan chapas y toman los techos de la cárcel para colgar una bandera. Por las ventanas caen los colchones quemados, mientras los guardias amenazan con disparar desde la calle. En otro penal, detenidos se enfrentan con facas en los patios, en medio de un motín. Afuera, los familiares chocan con policías que custodian la zona. Las violentas escenas son apenas dos recortes del conflicto que mantuvo en alerta al sistema penitenciario argentino durante este año, con reclamos agravados por la pandemia de coronavirus.
Las protestas dejaron al descubierto un combo explosivo que se gesta desde hace tiempo en todas las cárceles: infraestructura deficiente y un acelerado crecimiento de la población penitenciaria. Las cifras son impactantes. Según un informe oficial, en la última década el número de presos aumentó cinco veces más que la cantidad de habitantes del país.
Los datos recolectados por el Sistema Nacional de Estadística de Ejecución de la Pena (SNEEP), dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, reflejan que al 31 de diciembre de 2019 había en el país 100.634 personas detenidas dentro de establecimientos del sistema penitenciario, incluyendo las 307 cárceles federales y provinciales.
Diez años antes, según el SNEEP, el número de presos era de 57.403. Un crecimiento del 75%. Si se toma como parámetro las proyecciones del Indec sobre la población total del país para ambos años -el censo se realizó en 2010 y el de este año se suspendió por la pandemia-, la evolución es mucho más lenta. De los 40.141.958 habitantes de 2009, Argentina pasó a 44.938.712. Apenas un 12% más.
Este crecimiento se ve reflejado en la tasa de detenidos cada 100 mil habitantes. El año pasado, en Argentina ese indicador fue de 223,9, mientras que en 2009 era de 143,03. A pesar del fuerte aumento, el país sigue teniendo una de las tasas más bajas de la región, con números inferiores que Brasil (357), Uruguay (337), Perú (292) y Paraguay (241), y superiores a Chile (214).
“Si Argentina no cambia nada, el resultado en la próxima década va a ser el mismo: aumento de la cantidad de personas en prisión, crecimiento de los delitos y de la reincidencia. Estas estadísticas sirven para ver cómo está el país en comparación al mundo, pero en definitiva competimos contra nosotros mismos. Que la tasa de encarcelamiento aumente implica que hay más personas que cometen delitos y que hay más víctimas. Si el objetivo es prevenir, lo que hay que cambiar es la manera en la que intervenimos, afuera de las cárceles y también en contexto de encierro”, sostiene Leandro Halperin, legislador porteño por la UCR y especialista en temas penitenciarios.
La combinación entre mayor población en los penales y la falta de infraestructura se refleja en cárceles desbordadas. Según datos del SNEEP, el año pasado la sobrepoblación alcanzó el 23%, casi el cuádruple que lo informado em 2015. “Esta cifra es difícil de calcular en este tipo de relevamiento ya que no todas las instituciones utilizan los mismos criterios”, aclara el informe.
Los especialistas señalan que muchas veces hay subregistro en este ítem: en un lugar donde entra una cama ponen dos, aumentando las plazas sin contar con los metros cuadrados necesarios. Esas condiciones se agravan aún más en comisarías y dependencias policiales, donde el año pasado había más de 8.000 personas detenidas.
Según la Procuración Penitenciaria de la Nación, al 31 de diciembre del año pasado en las unidades federales el déficit superaba las 1.200 plazas. En las cárceles de la provincia de Buenos Aires hay más de 45 mil presos, con una capacidad para albergar a menos de 30 mil.
Las condiciones de hacinamiento estuvieron en el centro de los reclamos de los motines registrados este año. Mientras denunciaban el riesgo de un contagio masivo de coronavirus dentro de las cárceles, los detenidos exigieron agilizar las liberaciones y prisiones domiciliarias de quienes estaban en condiciones de recibir beneficios procesales. Eso, a su vez, desnudó otro problema: la cantidad de presos sin condena.
El censo del SNEEP muestra que el 55,9% de los detenidos (56.270) tiene una sentencia en su contra. El resto de los presos (43.752) está procesado pero sin una condena. El dato, destacado durante la presentación del informe por el director de Política Criminal en Materia de Justicia y Legislación Penal, Hernán Olaeta, confirma una tendencia que se revirtió en 2015 y se consolida desde ese año.
“Cuando nosotros asumimos esa proporción era inversa. El cambio se logró impulsando el sistema penal acusatorio y lo que fueron los juicios de flagrancia, que permitieron condenas mucho más rápidas, no sólo en el sistema federal sino en muchas provincias”, advierten desde la gestión anterior en el Ministerio de Justicia. “Este informe es una radiografía del resultado de esas políticas. Ojalá se mantenga”, agregan.
Para Halperin, el aumento de la cantidad de presos con sentencia está vinculado a tres factores. “Hay más detenidos condenados en procesos abreviados, lo que no siempre es una mejor justicia. En segundo lugar, se endurecieron las penas, por lo que las mismas personas están más tiempo detenidas cumpliendo esas sentencias. Por último, también es cierto que hubo modificaciones positivas en algunos procesos judiciales. Sin embargo, el número sigue siendo una aberración”, afirma.
En cuanto al tipo de delito cometido por los detenidos, el ránking estuvo encabezado por robos (38.141), seguido por violación a la ley de drogas (16.664), violaciones y abusos sexuales (14.501) y homicidios (13.023). Entre aquellos que tenían una condena penal, la mayor parte (57%) afrontaba penas de entre 3 y 9 años.
El informe del SNEEP destaca que los detenidos por infracción a la ley de drogas registraron el aumento más importante, cercano al 10%. Esa tendencia se reafirma en las cárceles federales. “Lo más alarmante es la cantidad de casos que se generaron por tenencia simple o tenencia para el consumo, mientras que las causas por contrabando bajaron. Eso demuestra que hay una mayor persecución al consumidor y al último eslabón de la cadena narco, que son las mulas”, remarca Ariel Cejas, procurador adjunto de la Procuración Penitenciaria de la Nación.
El perfil de los detenidos también permite hacer una radiografía del delito en Argentina. Según el relevamiento, el 95% de los presos son varones, 94% son argentinos, 58% son menores de 35 años y 66% tenía estudios primarios o inferiores al momento de ser detenido. El 78% no participó de ningún programa de capacitación laboral durante 2019, mientras que el 51% formó parte de algún programa de educación.
“Hay más gente que quiere hacer el primario que posibilidad de sentarse en la cárcel para hacerlo. El Estado no te garantiza poder hacer el primario, cuando dos de cada tres no lo terminaron. Algo similar sucede con los programas de capacitación laboral. Eso es un privilegio y se regula con las reglas de la cárcel. Las mismas que en la calle llamamos delito. Eso demuestra el desinterés del Estado de lo que pasa en prisión y, por consecuencia, de lo que pasa luego”, remarca Halperin.
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