Tras la publicación en el Boletín oficial, la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) empezará a regir el 24 de este mes. El presupuesto para la puesta en marcha “ya está asegurado y forma parte de las partidas del Ministerio de Salud”, explicó la ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, durante el acto de promulgación en el Museo del Bicentenario.
Pañuelos, vestidos, camisas, corbatas y todo tipo de accesorios verdes le dieron el color a una ceremonia que intentó mantener la sobriedad y la distancia social, aunque lo último se perdió entre los abrazos. Con un centenar de personas y no sin generar recelos de “cartel” por la ubicación de las invitadas, el Gobierno quiso darle un marco a una ley que no es una más, con la presencia de las “pioneras” y las integrantes de la Campaña por el Aborto Legal -con 15 años de militancia por la ley-, legisladores oficialistas y opositores que fueron clave en el debate, actrices, organizaciones sociales, de salud y comunicadoras que participaron en la promoción de la ley.
Según el Presupuesto 2021, la inversión en Salud será de $199.000 millones (0,5% del PBI). Esas partidas incluyen los fondos para llevar adelante la IVE. El número de la ley de leyes marca una suba del 49% frente a 2019 pero en términos reales marca una caída del 9%. Sin embargo, en las partidas de 2020 hubo un “gasto extraordinario por la pandemia” que se redujo para este año. De acuerdo con Chequeado, el presupuesto en Salud para 2021 aumentó un 8,3% en términos reales respecto al año pasado y también es superior al de 2019, último año de la gestión de Cambiemos.
Según un reciente informe de CEPA, el costo fiscal oculto de la clandestinidad hasta ahora alcanzaba más de $ 2.500 millones por año para el sistema de salud. Sobre esos cálculos, con un aborto legal con misoprostol, el costo hubiese sido de $314 millones. El Estado podría haberse ahorrado el 88% de lo que demanda la remediación, en base a esos cálculos. Con la promulgación, el aborto pasa a estar incluído en la prestación médica obligatoria (PMO). Las mujeres pueden recurrir a la obra social, prepaga, sala de atención o establecimiento de salud y “estos deben proveer esa posibilidad y en los diez días posteriores debe ser garantizado su derecho”, según indicó Gómez Alcorta.
El aborto está en la
prestación médica
obligatoria de
prepagas y obras sociales
Para que el derecho se cumpla, el Gobierno pondrá en marcha la compra y provisión de misoprostol y también habilitó una línea telefónica para las mujeres y personas gestantes que decidan interrumpir su embarazo antes de la semana 14 y encuentren obstáculos en el sistema de salud, público o privado, según los términos en los que se aprobó la IVE. La indicación del medicamento corre por cuenta de los médicos y no hay internación, aunque sí controles ambulatorios. La distribución de las pastillas ya comenzó, según indicó la ministra, bajo el programa Remediar del área de Salud.
Pese a las medidas, la ministra reconoció que garantizar el cumplimiento de la ley demandará trabajo. Quienes encuentren trabas podrán denunciarlo en la línea gratuita 0800-222-3444 o para pedir información o asesoramiento. Por otra parte, la ministra también detalló que se trabajará para ampliar y reforzar la red de médicos para evitar que -por la objeción de conciencia- haya que recurrir a derivaciones fuera de la zona donde vive la persona que solicita la interrupción del embarazo.
“Hasta ahora el Estado había respondido con amenazas y cárcel (a las mujeres que deseaban abortar); hoy venimos a reparar esto que hizo que muchas mujeres se sintieran humilladas; cambiamos el paradigma: el Estado recibe a las mujeres en el sistema de salud y las va a tratar con dignidad y respeto”, dijo visiblemente emocionada, la secretaria Legal y Técnica, Vilma Ibarra.
En paralelo con la IVE se promulgó la “ley de los mil días” que crea una asignación para el cuidado integral de la salud “para todos los niños hasta los tres años y amplía muchas de las asignaciones que ya existían y algunas que solo estaban previstas para trabajadores formales”, según remarcó Gómez Alcorta en el Museo del Bicentenario.
