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La madrugada del 9 de julio de 2013 ocurrió uno de los episodios policiales más extraños, oscuros y complejos de las últimas décadas: un “escalón” del Grupo Halcón de la Policía Bonaerense irrumpió en la casa del agente de la SIDE Pedro “Lauchón” Viale (59), lo acorraló en el baño mientras éste les disparaba y lo mató de 11 balazos.
“Chapa, chapa”, grito varias veces Viale -quien era la mano derecha del entonces Director General de Operaciones de la SIDE, Jaime Stiuso– reclamándole así a los uniformados que se identificarán.
Esa madrugada de feriado nacional el juez federal de Tres de Febrero Juan Manuel Culotta había ordenado 18 allanamientos en el marco de una causa por narcotráfico. Escuchas tomadas a un policía bonaerense llevaron a Viale. Según la versión oficial, a partir de eso su casa en La Reja, partido de Moreno, entró en la lista de lugares a allanar y, su nombre, en las órdenes de captura.
Culotta no ordenó que fuera específicamente el Grupo Halcón, eso lo decidió la Superintendencia de Investigaciones de Drogas Ilícitas a cargo de un hombre de extrema confianza del entonces jefe de la Bonaerense, Hugo Matzkin.
Es en esta decision de mandar al grupo especializado de madrugada y en el origen mismo de la causa de Culotta, donde se basa la familia del espía, a través de su abogado, Santiago Blanco Bermúdez, en sostener una hipótesis inquietante.
Ex agente de la SIDE Pedro “Lauchón” Viale.
La versión corta: que Viale fue elegido por la cúpula de la Policia de la provincia de Buenos Aires para mandarle un mensaje a Stiuso, en venganza por la ayuda que le dio la SIDE a la Policia Federal para detener al narco Miguel Ángel “Mameluco” Villalba en agosto del 2011, a quien ellos querían como presa propia.
“Es tan evidente que se trató de un ajuste de cuentas que hasta la propia AFI decidió asumir el rol de querellante en este proceso en la inteligencia que no se trató de un mero error de procedimiento sino que se trató de un ataque directo a un agente”, dice el escrito por el que Blanco Bermúdez y su socio Julián Subías pidieron recientemente la elevación ajuicio de parte del expediente.
En los últimos dias el juez federal de Morón Martín Ramos recibió tres pedidos de elevación a juicio en la misma causa, los tres apuntando a dos de los policias que de acuerdo a la pericia fueron los autores de los disparos que mataron al “Lauchón”.
Se trata de oficial Gustavo Ernesto Martinez (44) y el sargento Pedro Alegre (34), quienes llegarán acusados de “homicidio calificado por abuso en el uso de sus funciones”, un delito muy grave porque fueron procesados hace seis años con una confirmación de Cámara en 2015.
Al requerimiento de elevación a juicio de los abogados de la familia Viale, se sumó el de la AFI (Agencia Federal de Inteligencia, ex SIDE) como segundo querellante al del fiscal federal Santiago Marquevich.
Luciano Viale y los orificios de los proyectiles del Grupo Halcón en las paredes de su casa. Foto Archivo Clarín
Cada cual tiene su particularidad pero los tres coinciden en que los dos policías llegan a juicio porque de sus armas partieron los disparos que impactaron en el cuerpo del “Lauchón” Viale: uno en la cara, seis en el tórax, tres en el brazo izquierdo y uno en la cadera del lado derecho.
Para Blanco Bermúdez también el resto del “escalón” y los jefes de la Bonaerense responsables del operativo deben ser procesados pero hasta el momento, por decisión de Cámara, están con “falta de mérito”.
Ajuste de cuentas
“Se ha abierto una línea de investigación referida a los motivos que llevaron a la Policía de la Provincia de Buenos Aires a actuar del modo en que se hizo. Diversos funcionarios de la hoy AFI (ex SIDE) brindaron su testimonio aludiendo a una suerte de ajuste de cuentas por la labor que le cupo a Viale en algún operativo anterior”, dice la presentacion de la querella.
Si bien solo el requerimiento de Blanco Bermúdez habla claramente de un “ajuste de cuentas”, el dictamen del fiscal federal Santiago Marquevich también sostiene la necesidad de agotar esta hipótesis.
“Asimismo, debe tenerse en cuenta que, de las declaraciones testimoniales prestadas por funcionarios de la –entonces- Secretaría de Inteligencia dependiente del Poder Ejecutivo Nacional, surgen datos que vinculan la muerte de Viale con una posible represalia de funcionarios de la Policía de la provincia de Buenos Aires hacia su persona o al organismo referido, que estarían motivadas por su intervención en causas de narcotráfico”, señala el fiscal sobre el final de su escrito.
Frente de la casa de Rocha Blaquier 1502, Moreno, donde mataron a “Lauchon” Viale. Foto Emiliana Miguelez
Y agrega: “Si bien se llevaron a cabo medidas de prueba tendientes a constatar esa hipótesis y por el momento no se habrían incorporado suficientes elementos que corroboren plenamente tales circunstancias, este Ministerio Púbico Fiscal considera que dada la complejidad del caso y gravedad revisten los hechos allí descriptos, la extracción de testimonios requerida por esta parte también permitirá continuar profundizando y ahondando la investigación en ese sentido”.
Heredera del carácter de querellante del organismo de inteligencia en este expediente, la actual interventora de la AFI, Cristina Caamaño, cumplió con las formalidades en una causa que no tiene nada que ver con su gestión.
A través del abogado Augusto Martins, Caamaño también requirió la elevación a juicio de los dos policías del Grupo Halcón. Pero en las cuatro carillas del escueto requerimiento sólo se relata lo mínimo indispensable, los hechos. Claramente ya no son los tiempos en los que Jaime Stiuso tenía el chupetín por el palito.
GL
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