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En términos muy duros, la Asociación Argentina de Fiscales (AAF) definió los últimos pronunciamientos del Gobierno nacional sobre la Justicia como “una planificación dirigida a eliminar -en la práctica- la forma republicana de gobierno, mediante el control político partidario del Poder Judicial y del Ministerio Público Fiscal”.
Bajo esa caracterización de los hechos, la organización expresó a través de un comunicado que la propuesta oficial de creación de una “Comisión Bicameral” en el Congreso para el seguimiento de la Justicia “no es otra cosa que un tribunal de inquisición dedicado a la caza de brujas”.
El texto de dos páginas emitido por la AAF tiene de trasfondo dos hechos: el más reciente, el discurso de 50 minutos de Cristina Kirchner de este jueves ante los jueces de Casación Penal, en la antesala de un juicio en su contra. Allí, la vicepresidenta argumentó por qué debería anularse la causa elevada por supuestas irregularidades en la venta de dólar futuro en 2015 y habló de que el Poder Judicial es “sistema podrido y perverso”, “corporativo” y regido por el “lawfare”. También los comparó con los militares al decir que los jueces “son el nuevo poder permanente“.
Por otra parte, en la apertura de sesiones ordinarias del lunes pasado, Alberto Fernández dijo que la Justicia parece vivir “en los margénes del sistema republicano” y anunció que iniciará una “querella criminal” contra el gobierno de Mauricio Macri, por la deuda contraída en 2018 con el Fondo Monetario Internacional.
El presidente agregó ese día: “El Poder Judicial está en crisis […]. Disfrutan de privilegios que no gozan otros: ningún funcionario del Poder Judicial tributa ganancias, y en el caso de los miembros de la Corte Suprema, acceder a la declaración de sus bienes es casi imposible”.
Cristina, por Zoom, criticó a la Justicia.
Las palabras de las dos máximas autoridades del Ejecutivo coincidieron en un embale que ya acumulaba rispideces previas, como la requisitoria administrativa de la ANSeS, que comanda María Fernanda Raverta, para que jueces y fiscales actualicen sus trámites previsionales o decidan jubilarse.
Así las cosas, para los fiscales nucleados en la AAF el intento de “controlar” políticamente el poder judicial “no sólo se canaliza a través de proyectos legislativos de reformas”, sino también “el anunciado descalabro de crear un Tribunal de Arbitrariedades, y el de composición del Consejo de la Magistratura”.
Ampliaron: “Como ejemplo más claro puede verse los ataques al Procurador General interino (Eduardo Casal), por la sola circunstancia (o impotencia) de no poder encontrar consenso entre las fuerzas políticas mayoritarias en la proposición de una persona que satisfaga las garantías de imparcialidad. Y allí es donde se patentiza que no se busca esa condición, sino todo lo contrario, un militante político partidario afín con el oficialismo“.
Eduardo Casal asumió en noviembre de 2017 cuando Alejandra Gils Carbó anunció que ya no regresaría. Como Procurador interino aguarda que el Gobierno logre llegar a un acuerdo y designar en su cargo a alguien de forma permanente. El presidente quiere que ese lugar lo ocupe el juez Daniel Rafecas. La oposición está dividida frente a esa designación.
En esa dirección, los fiscales hablaron de “permanentes ataques” a los integrantes de la Suprema Corte de Justicia, al ya mencionado Casal y a “todo juez o fiscal que le toca intervenir en procesos que involucran a personas o intereses del partido gobernante”.
“Se llega así, a niveles de violencia simbólica institucional sin precedentes, poniendo en crisis la confianza pública en el sistema de justicia y de un Estado que debe proteger los valores, principios y derechos que dan identidad a nuestra Constitución”, esgrimieron.
Por último, la Asociación Argentina de Fiscales entendió que “el desacuerdo político partidario no convierte la actividad judicial en errónea y mucho menos permite presionar a jueces y fiscales para obtener un resultado deseado”.
El texto lleva la firma de Marcelo Varona Quintián (presidente) Walter Fernández (vicepresidente primero) y Matías Michienzi (secretario general).
DS
El comunicado completo
La Asociación Argentina de Fiscales expresa la profunda preocupación sobre una serie de acontecimientos, todos vinculados entre si, que ponen en evidencia una planificación dirigida a eliminar -en la práctica- la forma republicana de gobierno mediante el control político partidario del Poder Judicial y del Ministerio Público Fiscal, violando la Constitución Nacional y tratados internacionales de derechos humanos.
Esas acciones no sólo se canalizan a través de proyectos legislativos de reformas, entre los que pueden mencionarse aquellos que procuran modificar el régimen de designación del Procurador General de la Nación, el término de duración de su mandato, el procedimiento para sancionar a Fiscales, sino también el anunciado descalabro de crear un Tribunal de Arbitrariedades, y el de composición del Consejo de la Magistratura. La inconstitucional propuesta de creación de una “comisión bicameral” para “seguimiento” de la justicia, no es otra cosa que un tribunal de inquisición dedicado a la caza de brujas.
Como ejemplo más claro puede verse los ataques al Procurador General interino (Dr. Eduardo Casal), por la sola circunstancia (o impotencia) de no poder encontrar consenso entre las fuerzas políticas mayoritarias en la proposición de una persona que satisfaga las garantías de imparcialidad. Y allí es donde se patentiza que no se busca esa condición, sino todo lo contrario, un militante político partidario afín con el oficialismo. No hay ninguna otra explicación que justifique la pretensión de designarlo con la mayoría simple de los legisladores.
También deben sumarse, las distintas voces de funcionarios del Partido político gobernante, tendientes a descalificar constantemente los actos de la judicatura, y la institución en general. Permanentes ataques a los miembros del Máximo Tribunal del país, al Procurador General de la Nación interino, y a todo juez o fiscal que le toca intervenir en procesos que involucran a personas o intereses del partido gobernante.
Se llega así, a niveles de violencia simbólica institucional sin precedentes, poniendo en crisis la confianza pública en el sistema de justicia y de un Estado que debe proteger los valores, principios y derechos que dan identidad a nuestra Constitución, la cual -entre otras cosas- elimina los fueros personales y toda prerrogativa de sangre con base en la igualdad democrática de todos los habitantes.
Pretendemos una relación inteligente, sabia, respetuosa entre los poderes del Estado. Del mismo modo que los Fiscales y Jueces no opinan en los medios de comunicación sobre los desaciertos de las políticas públicas o sobre las leyes en abstracto, debe comprenderse que los funcionarios de otros poderes también deben respetar esa obligación ético-funcional. Y es que los desacuerdos con los procesamientos, condenas y absoluciones, además de la posibilidad de ser cuestionados por las vías legales correspondientes, no le incumben al Poder Ejecutivo ni al Legislativo.
La misma Constitución prevé los mecanismos del indulto y la amnistía para casos de error judicial o perdón popular por el congreso de penas aplicadas por los jueces. Pero el desacuerdo político partidario no convierte la actividad judicial en errónea, y mucho menos permite presionar a jueces y fiscales para obtener un resultado deseado.
Como siempre, creemos que el voto popular legitima las acciones de los poderes políticos, pero siempre dentro de la ley y de la Constitución, porque en definitiva, todos los habitantes son iguales ante la ley.
Sin una justicia independiente, cada habitante queda a merced del inconmensurable poder del Estado e indefenso contra la corrupción, la ilegalidad, la injusticia. Creemos que -contrariamente a lo que ocurre- se deben fortalecer los Ministerios Públicos Fiscales y dotarlos de una auténtica capacidad para actuar libre de presiones de cualquier tipo.
Recordar que desde el siglo XV la justicia suele ser representada como una mujer vendada en sus ojos, y ésta representa decisiones objetivas e imparciales sin influencias de riquezas, política, fama o infamias.
Por todo ello llamamos a la reflexión, para exponer que todas las medidas y acciones señaladas al inicio derivan en “politizar partidariamente a la justicia”. Y que la imputación a una persona de la comisión de un delito, no es “judicializar la política” ya que el derecho penal de autor se encuentra vedado a la autoridad de los jueces y fiscales. Se juzgan hechos, no formas de ser.
Fuente Clarin
