El Consejo de la Magistratura resolvió por unanimidad crear un registro público de denuncias realizadas contra jueces y juezas por casos de violencia de género, en cumplimiento de un compromiso internacional que asumió el Estado argentino ante la Convención Internacional para la Eliminación de toda forma de Discriminación contra la Mujer (Comité CEDAW) en la causa de Olga del Rosario Díaz, apuñalada en 2017 por su pareja tras 15 años de inacción judicial.
Esta decisión se conoció en momentos en que arrecian las denuncias contra jueces por inacción en casos de violencia de género o por sus acciones, como es la denuncia pública que efectuaron las juezas Ana María Figueroa y Angela Ledesma contra su colega Juan Carlos Gemignani. El colectivo de Mujeres Trabajadoras de Comodoro Py se sumó al repudio y recordó que Gemignani había sido ya sancionado por el Consejo por un caso de violencia de género. Tras estas expresiones de Gemignani, Cristina Kirchner tuiteó ayer en su contra –”¿Estarán esperando que le pegue a alguna[de sus colegas]?”, inquirió– y el presidente Alberto Fernández dijo hoy que, tras “reflexionar todo el día”, entendió que el asunto era “grave” y que se debían abordar cambios en el Poder Judicial.
El registro, donde constará el nombre del juez o jueza que haya sido acusado ante la Comisión de Disciplina del Consejo de la Magistratura, contendrá los casos de los funcionarios citados a dar a explicaciones ante los consejeros por sus denuncias. Si bien el registro abarca a los jueces nacionales y federales, la resolución del Consejo menciona que se firmarán convenios con los consejos de la magistratura de todo el país.
Formalmente, el registro es producto de la solución amistosa a la que llegó Olga del Rosario Diaz, patrocinada por la defensora general de la Nación, Stella Maris Martínez, ante la Convención Internacional para la Eliminación de toda forma de Discriminación contra la Mujer (Comité CEDAW), de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Olga del Rosario Díaz intentó en 2002 separarse del marido que le era infiel. Sin embargo, él lo impidió mediante la agresión física, amenazas de muerte y golpes a la menor de sus hijas. Ella lo denunció, pero la causa estuvo 15 años paralizada. Los episodios de violencia recrudecieron en 2008 y se intensificaron en diciembre de 2016, cuando ella decidió irse a vivir con una de sus hijas. Hasta que en 2017 el marido apuñaló a la mujer, atacó a su hijo, que intentó defenderla, a vecinos y a la policía. En 2017, el marido fue condenado a 20 años de prisión.
El Estado se comprometió ante el Comité a hacer obligatoria una capacitación en cuestiones de género para los aspirantes a jueces y a realizar este registro público de jueces denunciados. La primera cuestión ya existe y la segunda ahora es obligatoria. Se trata de una pestaña en la web del Consejo de la Magistratura que va a recoger los casos de los jueces denunciados por no considerar cuestiones de género en las resoluciones de las causas a su cargo, por actuar con violencia de género o por obstaculizar el acceso a la Justicia en estas situaciones.
La presidencia del Consejo fue autorizada a firmar convenios con el Ministerio de Justicia y con los consejos de la magistratura de otras jurisdicciones, para que “elaboren registros públicos de denuncias” por causas de violencia de género con funcionarios y funcionarias de cada jurisdicción judicial”.
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