Extorsión sindical en Bahía Blanca: la mitad de los acusados no irá a juicio oral

A diez días del inicio del debate, la mitad de los gremialistas de la UOCRA de Bahía Blanca acusados de extorsión no se sentará en el banquillo. Siete de ellos ya acordaron un juicio abreviado con la fiscalía que instruye el caso desde finales de 2017 cuando se inició, de oficio, una investigación.

Por el momento, quedan fuera de esa lista y serán juzgados desde el próximo lunes 22, Humberto Monteros y José Burgos, secretario general y adjunto del gremio de la construcción bahiense hasta enero de 2018. A mediados de ese mes, ambos líderes fueron detenidos, junto a otros doce integrantes de la cúpula gremial y del cuerpo de delegados.

En su casa de Monte Hermoso, a Monteros, le encontraron bolsos con 5 millones de pesos y 100.000 dólares. En una caja fuerte guardaba además otros U$S 423.000. El sindicalista encabezaba por entonces una de las dos vertientes de la CGT de Bahía Blanca.

A él y Burgos, el fiscal Gustavo Zorzano los acusa de liderar una asociación ilícita, dedicada a la extorsión de empresarios de la construcción y cuentapropistas de la ciudad y la región. Asegura tener probados al menos treinta hechos, en base a las denuncias que recibió en su fiscalía de Delitos Complejos.

Los testigos dijeron que para poder realizar las obras, tanto públicas como privadas, debían contratar determinadas firmas que ofrecían servicios para la construcción, como baños químicos, transporte, vestimenta y gastronomía. Hasta que eso no ocurría, los trabajos se frenaban con asambleas o paros decidido spor el gremio.

La investigación determinó que esas empresas respondían a los mismos sindicalistas. Junto a Monteros y Burgos, también será juzgado el tesorero de la UOCRA, Guillermo Molina, candidato a concejal del Frente Para la Victoria en 2017.

Completan el listado de quienes irán a juicio Roberto Sabino Ríos, Walter Paiz, Mario Matías González y Carlos Carrillo.

La acusación también alcanza a David Ezequiel Muñoz, Sergio Daniel Vásquez, Raúl Ernesto Erbin, Pablo Gutiérrez, Sebastián Canales, Damián Cabrera y Aníbal Aranda.

Estos últimos siete ya admitieron la parte que les correspondía en el grupo y cerraron acuerdos con la fiscalía, para recibir penas entre 5 y 7 años de prisión. Todos integraban la conducción de la UOCRA o eran delegados en obras hasta finales de 2017.

El primero en sacar los pies del plato fue Muñoz, a quien el Tribunal Criminal 2 de Bahía Blanca condenó en octubre pasado a 5 años de prisión de cumplimiento efectivo. La jueza Claudia Fortunatti lo halló responsable, como coautor, de una extorsión cometida contra un empresario en Coronel Suárez.

Para llegar a esa conclusión, la magistrada encuadró el accionar de Muñoz, como responsable, en el marco de una asociación ilícita que funcionaba al amparo de esa representación gremial. El aval a la postura del fiscal por parte de Fortunatti, precipitó que otros seis acusados también se avinieran a acordar un juicio abreviado.

Esta instancia de resolución fue admitida por otros jueces intervinientes que ahora analizan los términos de los acuerdos presentado spor el fiscal Zorzano y los abogados defensores. Evalúan tanto la calificación legal, como el nivel de responsabilidad de cada uno en la banda, para fijar su sanción.

Podrían expedirse antes o después del inicio del juicio oral a los otros siete miembros que está convocado para el lunes 22 en el principal edificio de los tribunales bahienses. El inicio de estas audiencias estaba previsto para abril del año pasado, pero la cuarentena lo frenó.

Luego se dispuso su comienzo para fines de setiembre, pero el recrudecimiento de casos de Covid 19 en Bahía Blanca y el cierre de algunos juzgados, obligó a una nueva postergación, a días de su inicio.

Allí surgió el primer juicio abreviado acordado por Muñoz. Ahora, con menor cantidad de imputados y por ende de abogados y personal de seguridad, se cree que el debate comenzará el día para el que fue convocado.

La causa se inició a fines de 2017, luego de que en plena campaña electoral, la gobernadora María Eugenia Vidal denunciara un “comportamiento mafioso” de dirigentes de la UOCRA que por entonces mantenían paralizadas varias obras en el sudoeste bonaerense. Tras esa manifestación y otros dichos públicos de empresarios, la fiscalía general de Bahía Blanca decidió abrir de oficio una investigación.

También por extorsión y asociación ilícita, además de lavado de activos, está acusado Juan Pablo “El Pata” Medina, líder de la UOCRA de La Plata. El 19 de febrero la justicia federal le otorgó el arresto domiciliario y aguardará en su casa el inicio del juicio oral.

Deberá mantenerse a disposición de la justicia de Quilmes que lo investiga y sin poder retomar su actividad gremial. Tampoco Medina puede abandonar el país.

Fuente Clarin