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Las enormes varas de caña que sobresalían por las ventanas obligaron a los gendarmes a detener el vehículo. Eran las primeras horas de la mañana del sábado en la localidad bonaerense de Pilar, en la previa del acto que los movimientos sociales habían organizado frente a la basílica de Luján para conmemorar los ocho años del pontificado de Francisco.
Los tres ocupantes, de entre 20 y 30 años, mostraron sus identificaciones, y aceptaron mostrar el interior de la camioneta Renault. Los gendarmes no se sorprendieron por las banderas, con inscripciones del “Movimiento Evita”. Pero un bolso negro con docenas de sobres papel madera, cerrados y con importes escritos, alertó a los uniformados, que decidieron escoltar el vehículo hasta la base para profundizar las averiguaciones. Se trataba, según el acta de procedimiento, de “una suma importante de dinero”.
Para esa altura, Fernando “Chino” Navarro, jefe del Movimiento Evita y uno de los organizadores del evento en Luján -acompañado, por ejemplo, por el sindicalista Héctor Daer-, ya estaba preocupado. Ante la consulta de Clarín, en el entorno del funcionario -es secretario de Estado con despacho en el primer piso de la Casa Rosada- dirían después que el dinero estaba “justificado” por aportes de los militantes de la organización y que había estado “bancarizado”.
En total, eran unos 33 sobres cerrados, casi todos con inscripciones con los montos. Ese sábado, en la base de la Gendarmería de Pilar, uno de los ocupantes de la camioneta -empleado de la Defensoría del Pueblo-, del Movimiento Evita de San Fernando, explicó que el efectivo era para “el pago del transporte” de los asistentes al acto: unos 100 micros para el traslado de unos tres mil militantes desde el conurbano y el interior de la provincia de Buenos Aires.
La suma, según “los dichos del interesado”, llegaba a poco más de $1,4 millones.
Los efectivos de Gendarmería procedieron entonces con la fiscalía de turno. Y se remitió toda la información a Adrián González Charvay, juez federal de Campana, que se hizo cargo del operativo.
No hizo falta contar el efectivo. “Se pudo verificar que la plata era para el acto. No había ni sospechas ni indicios de lavado de dinero. Esos eventos se financian en la informalidad”, aseguraron a este diario fuentes judiciales. El juez incluso no tuvo la necesidad de abrir una causa. Solo dejó constancia en el acta de procedimiento.
“Hoy yo quiero agradecerles a los movimientos populares este gesto y también traer el saludo del Papa Francisco a todos ustedes en este día. Es muy importante que Francisco sienta el cariño de su pueblo ya que hoy su tarea es esencial en todo el mundo: él es el hombre de la paz y la fraternidad”, remarcó horas más tarde, frente a la basílica de Luján, el obispo Eduardo Scheining, de la diócesis Luján-Mercedes, al cerrar la jornada.
En primera fila, al aire libre, escuchaban “Chino” Navarro y Daer; la intendenta de Moreno, Mariel Fernández, y Esteban “El Gringo” Castro, de la UTEP, entre otros referentes.
El episodio de más temprano en Pilar, que puso en alerta al Movimiento Evita, vuelve a poner sobre el tapete el debate en torno al financiamiento de la política, en las puertas del calendario electoral de medio término. El sistema político, sin excepción, suele moverse en ese sentido en la opacidad. Las alianzas suelen declarar apenas un porcentaje del financiamiento real.
En la campaña del 2015, por ejemplo, uno de los recaudadores de uno de los candidatos más relevantes solía moverse con el efectivo en un automóvil acompañado por un integrante retirado de las fuerzas de seguridad. Como protección. Por la incomodidad de pasar por un control policial y no saber cómo justificar los millones transportados.
Fuente Clarin
