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La definición de una tarifa de transición para la distribución eléctrica comenzará a tratarse el martes
La definición de una tarifa de transición para la distribución eléctrica de las empresas Edenor y Edesur, concesionarias en el AMBA, comenzará a tratarse el martes en audiencia pública con la premisa ya manifiesta por parte del Gobierno nacional de reconocer incrementos que preserven el poder adquisitivo de los hogares, es decir, lejos de las pretensiones de recomposición que presentaron las compañías.
La nueva instancia de participación convocada por el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) se desarrollará el martes a partir de las 8 y de manera virtual, mientras que el lunes se realizarán las audiencias por las tarifas del transporte eléctrico de alta tensión, lo que alcanza a las empresas Transener, Transba, Districuyo, Transnea, Transnoa, Transpa, Transco y Epen.
Auditoría
El ENRE viene llevando a cabo un proceso de renegociación en virtud de las conclusiones a las que arribó en la auditoria técnica, jurídica y económica, de la cual concluyó que “la Revisión Tarifaria Integral (RTI) no se realizó teniendo en cuenta la realidad social y económica del país, ni fue razonable ni prudente en su diseño y aplicación”.
De acuerdo con esa auditoria, los cuadros tarifarios adoptados durante la gestión Cambiemos no sólo implicó “un aumento irracional de la factura”, pasando de un incremento nominal de 2015 a 2019 de 3.200% en las tarifas de los usuarios residenciales”, sino que si hoy se continuara con ese esquema a partir del 1 de abril se debería disponer un aumento del 168% en las facturas.
En la renegociación con las empresas también se suma el reclamo que las distribuidoras hacen por los ingresos no percibidos tras dos años de congelamiento tarifario.
Cuadros tarifarios de transición
Con las audiencias de lunes y martes se complementarán las instancias de análisis de los cuadros tarifarios de transición que el Gobierno aplicará hasta 2023, plazo durante el cual prevé abordar una nueva RTI para los segmentos de generación, transporte y distribución de los servicios de electricidad y de gas por redes.
En las jornadas previas al debate, las dos distribuidoras eléctricas que se encuentran bajo órbita federal y el ente regulador expresaron sus diferencias en torno del pedido de incrementos tarifarios que realizaron las empresas, en el informe obligatorio que antecede a la audiencia.
En ese sentido, mientras Edenor y Edesur aseguraron que sus requerimientos de aumentos en las tarifas de los usuarios residenciales serán del 28% y 34% promedio, respectivamente, el ENRE afirmó que los pedidos en realidad son de hasta 157% y 81% ya que se afectan especialmente al alza las tarifas de los segmentos residenciales R1 y R2, que concentran el 80% de los usuarios.
Los documentos elevados al ENRE por las distribuidoras reflejan en el caso de Edenor un pedido de incremento del valor agregado de distribución (VAD) -que es el componente de la factura que se le reconoce a las empresas por el servicio- del 109% al pasar de $29.000 millones en 2020 a más de 60.000 millones en 2021.
En el caso de Edesur el aumento de VAD solicitado respecto de 2020 es de 253%, pasando de $16.000 millones a $54.000 millones.
Hasta hoy, el precio de la energía eléctrica en promedio en el país está subsidiado en un 52%.
Interventora del ENRE, Soledad Manin.
“Esto es inviable en el contexto en que estamos saliendo de una crisis económica y tenemos la intención de que haya un crecimiento de las familias, de las industrias y los comercios”, afirmó en la semana la interventora del ENRE, Soledad Manin, en una entrevista con Télam en la que aseveró que “no se puede pensar en acompañar la economía y su recuperación si se está hablando de estos montos”.
En la renegociación con las empresas también se suma el reclamo que las distribuidoras hacen por los ingresos no percibidos tras dos años de congelamiento tarifario y durante el cual se mantuvo vigente la RTI de 2016, y las deudas que a su vez las mismas mantienen con la Compañía Administradora del Mercado Eléctrico Mayorista (Cammesa) por el suministro eléctrico no abonado en una virtual compensación por la falta de ajuste tarifario.
El debate agrega los niveles de calidad que el ENRE requerirá a las distribuidoras y el sendero de reducción de cantidad y duración de cortes, dos valores que se utilizan como referencia para valorar la prestación del servicio, lo que se vincula con las inversiones en infraestructura de red comprometidos como parte de la RTI.
En ese sentido, Manin también anticipó que la actualización tarifaria de las distribuidoras Edenor y Edesur será “semestral”, en función del “análisis de los costos, el flujo de fondos y el cumplimiento de las inversiones” de las compañías, y destacó la importancia de que el Estado recupere “su rol planificador en materia de infraestructura eléctrica”, al reconocer que el sector público podría hacerse cargo de algunas obras fundamentales del sistema.
“El Gobierno no va a tomar una política de ajuste tarifario como es la propuesta, sino que en función del programa económico va a adecuar las tarifas de manera tal de que no va a afectar el poder adquisitivo de los salarios””
Federico Basualdo Richards, subsecretario de electricidad
De la misma manera, el subsecretario de Electricidad, Federico Basualdo Richards, definió en la semana que “el Gobierno no va a tomar una política de ajuste tarifario como es la propuesta (de las empresas) sino que en función del programa económico va a adecuar las tarifas de manera tal de que no va a afectar el poder adquisitivo de los salarios”.
A la definición del nivel de incremento tarifario a decidir, también se sumará el análisis de incorporar al sector de la distribución eléctrica un margen de subsidios que permita acotar los incrementos que deberán hacer frente los usuarios.
Hasta hoy, el precio de la energía eléctrica en promedio en el país está subsidiado en un 52%, por lo cual los usuarios pagan 48% del costo de generación, y si bien la distribución no está subsidiada como tal en la factura final, el Gobierno entiende que si se toma la deuda que las empresas mantienen con Cammesa, el Estado en 2020 cubrió un 37% del Vad de Edenor y un 55% del de Edesur.
Fuente Telam
