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Los ingresos requeridos por Transener pasarían, de aprobarse su solicitud, de $ 9.615 millones en 2020 a $ 12.811 millones este año, y a 15.679 millones en 2022.
La interventora del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), Soledad Manín, aseguró este lunes que se garantizará el funcionamiento de los servicios en condiciones de calidad, continuidad y abastecimiento y subrayó que “no se sobrecargará a los usuarios con facturas exorbitantes”, al desarrollarse las audiencias públicas para la tarifa de transición del transporte eléctrico.
La jornada se desarrolló desde las 8 de manera virtual con el debate del análisis del servicio que presta la empresa Transener, que es operada por la empresa Pampa Energía, titular del 50% de la controlante Citelec junto al Estado nacional que, con el mismo porcentaje, lo hace a través de la estatal Integración Energética Argentina (Ieasa-ex Enarsa).
La transportadora que opera casi 14.500 kilómetros de líneas de alta tensión en todo el país planteó en la audiencia un incremento del 33% para 2021 y 22% para 2022 -contemplando el bienio de transición tarifaria propuesto por el Gobierno nacional- lo que suma un acumulado del 62%.
“Cuando se trata de derechos sociales, el derecho a la vivienda digna no puede ser tal y plenamente gozado si no tenemos derecho a los servicios públicos””
Debido a que el transporte de la energía representa el 1,9% promedio del valor final de la factura de un usuario residencial, el incremento solicitado de acuerdo a las estimaciones de la empresa tendría un impacto en los usuarios finales de 0,6% o $ 6 para cada factura de $ 1.000.
El representante de Transener, Pablo Fernando Tarca, dijo que de ese modo se podrán cubrir los gastos operativos, la masa salarial, las inversiones y el pago de impuestos, y aclaró que la variación de costos prevista por el ENRE para el bienio es de 60%, una diferencia de 2% con lo solicitado por la empresa por “ampliaciones de instalaciones que no estaban previstas en 2020”.
En la apertura, la interventora del ENRE anticipó en la audiencia que “en el período de transición se implementará una nueva metodología para los próximos dos años, con nuevas reglas para el reconocimiento de ingresos de las empresas transportistas”.
“Esas ganancias extraordinarias se consumieron en diversas operaciones que podrían haberse volcado al negocio regular”.
Anticipó, además, que “en el período de transición se implementará una nueva metodología para los próximos dos años, con nuevas reglas para el reconocimiento de ingresos de las empresas transportistas””
“Se garantizará que las empresas tengan los fondos necesarios para los gastos de operación y mantenimiento, y para realizar las inversiones de seguridad y confiabilidad, mientras se acopla la política tarifaria a la recuperación económica”, expresó Manín.
La funcionaria también expuso sobre la auditoría realizada a la Revisión Tarifaria Integral (RTI) de 2016, de la que reseñó que en el segmento regulado del transporte “las medidas tomadas estuvieron orientadas a subir los ingresos totales de las empresas, aún por encima de lo que podía surgir de aplicar variables de referencia en la economía”.
“La etapa 2016-19 estuvo signada por la reducción de subsidios y la dolarización de la energía, lo que llevó a fuertes subas tarifarias que debieron ser afrontadas por las personas usuarias, mientras que las empresas concesionarias recibían cuantiosas transferencias de recursos”, aseveró Manin.
Para Transener, ese proceso “se tradujo en un incremento de los ingresos de 266% en 2017 frente al año anterior”, lo cual “no estuvo acompañado por una política de existencia de parámetros de mayor calidad”, mientras que el avance físico de las inversiones presentadas por Transener en el plan 2017-21 fue de sólo 55% hasta el tercer trimestre de 2020.
En el desarrollo del debate, entre la treintena de inscriptos, expusieron representantes de las entidades del sector como la Asociación de Transportistas de Energía Eléctrica (Ateera), la Asociación de Grandes Usuarios de Energía Eléctrica (Agueera), la Asociación de Generadores de Energía Eléctrica (Ageera), y la Asociación de Distribuidores de Energía Eléctrica (Adeera).
También formaron parte diversas entidades como, la Cámara Eólica Argentina (CEA) o la Unión Industrial Argentina (UIA).la Asociación de Defensa de Usuarios y Consumidores (Adduc), la Defensoría del los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, el Director de Programas de Inclusión Económica del Ministerio de Desarrollo Social, legisladores nacionales, funcionarios comunales y provinciales y particulares interesados.
Por la tarde se desarrollaron de manera simultánea y también de forma virtual, las audiencias correspondientes a las transportadoras regionales: Transba y Districuyo; Transnea y Transnoa; y Transpa, Transco y Epen, en tanto que para mañana está prevista la instancia de análisis tarifario para las distribuidoras del Área metropolitana Buenos Aires (AMBA), las empresas Edenor y Edesur.
En las audiencias de la tarde, la más importante en cuanto extensión de red con unos 6.374 kilómetros de líneas, y cantidad de usuarios que alcanza fue la correspondiente a la concesionaria del servicio de Transporte de Energía Eléctrica por distribución troncal en la Provincia de Buenos Aires (Transba).
El representante de la compañía -que también tiene como accionistas principales a Pampa Energía y al Estado nacional- solicitó un incremento de los ingresos del 17% para 2021 y del 40% para 2022, lo que hace un acumulado para el periodo de tarifa de transición del 64%.
Por representar el servicio de transporte el 2.05% promedio del valor final de un usuario residencial de la provincia, el impacto final estimado por la concesionaria sería del 0,43%, es decir $4,3 sobre una factura de $1.000.
A partir de hoy el ENRE dispondrá de 10 días hábiles para realizar un informe de lo discutido en la audiencia, para luego elevar una propuesta de nuevo cuadro tarifario a la Secretaría de Energía, la que finalmente decidirá sobre los nivelas de actualización en las facturas finales.
Fuente Telam
