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Israel José Ignacio Vilaplana Luquero llegó al Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla en febrero de 2016 para ayudar a la magistrada titular, María Núñez Bolaños , que necesitaba refuerzos para centrarse en la investigación de los sumarios con más enjundia mediática y política de Andalucía. Desde que sustituyó a Mercedes Alaya en junio de 2015, la antigua juez de Familia se hizo cargo de las macrocausas de corrupción que pusieron contra las cuerdas a los socialistas andaluces que llevaban más de tres décadas gobernando esta comunidad (caso ERE o el fraude de la Formación). Vilaplana, juez de Adscripción Territorial en Andalucía , despachaba la tramitación de los asuntos ordinarios.Pero el golpe psicológico que supuso para la magistrada la denuncia que en julio de 2019 presentó contra ella el fiscal jefe de Anticorrupción por la «parálisis, desatención y retrasos injustificados» de los sumarios que tenía entre manos cambió las tornas. Y el destino de Vilaplana. Primero, el juez de refuerzo reemplazó a la titular durante sucesivas bajas médicas coincidiendo con el expediente abierto (y luego archivado) por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y, a partir de septiembre de 2020, de común acuerdo con Bolaños, recién incorporada al juzgado, asumió en solitario la instrucción de las macrocausas. En los cinco años y dos meses y medio que han transcurrido desde que la sala de gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) avaló el nuevo reparto de tareas y el intercambio de roles, el instructor del caso ERE ha elevado a la Audiencia Provincial de Sevilla para su enjuiciamiento un total de 67 piezas separadas de las diligencias previas 174/2011, la causa matriz que abrió Alaya el 19 de enero de 2011. Lo que según Manuel Chaves aparentaba ser cosa de cuatro golfos se terminó llevando por delante al propio expresidente andaluz y a su sucesor en el cargo, José Antonio Griñán , dos figuras simbólicas del socialismo, que fueron juzgados por la Sección Primera, condenados en firme por el Supremo y luego amparados —solo en parte— por un Tribunal Constitucional dividido en la pieza principal de este macroproceso, la del procedimiento específico, que sentó en el banquillo a una veintena de ex cargos políticos.Más de 679 millones de euros repartidos de forma opacaEntre tanto, José Ignacio Vilaplana ha continuando tirando del hilo para desenredar la verdad judicial de lo que sucedió con las ayudas irregulares. Con el apoyo de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, los interventores del Estado, la Fiscalía Anticorrupción y las acusaciones del PP y la Junta , ha tratado de averiguar el destino de los 679.432.179,09 euros repartidos entre entidades, empresas y ayuntamientos gobernados por el PSOE mediante un procedimiento opaco y arbitrario que funcionó durante una década (2000-2009) en la Junta de Andalucía.Con vivienda en Córdoba y padre de familia numerosa Con discreción y un trabajo ímprobo, el juez instructor, que pertenece a la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), ha ido encajando en su sitio todas las piezas del rompecabezas judicial de los ERE. Padre de familia numerosa, Vilaplana se desplaza todos los días desde Córdoba, donde vive, hasta los juzgados de Sevilla, sin que este ir y venir en la carretera haya restado un ápice de dedicación a su tarea. En lo único en lo que todo el mundo parece estar de acuerdo, incluidos algunos abogados que defienden a los investigados, es en destacar que es extremadamente profesional y riguroso. «Es de los jueces que cree verdaderamente que su trabajo es un servicio público y trata de sacarlo adelante con gran sentido de la responsabilidad y el deber», afirma uno de los letrados que más lo han tratado. Se preocupa mucho por la formación e imparte clases en la Universidad Loyola para transmitir sus conocimientos a los jóvenes, comenta a ABC un íntimo amigo suyo, que recuerda su implicación y entrega como juez titular de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Montilla (Córdoba), su primer destino.A fecha del 3 de noviembre pasado —según el último balance facilitado por el gabinete de prensa del TSJA—, al sumario de los ERE le han salido 132 ramas o piezas separadas , de las que 60 están todavía en el juzgado de instrucción y han concluido las pesquisas de las 72 restantes, que han sido remitidas a la Audiencia hispalense. A excepción de cinco (Acyco, Surcolor, ayudas al chófer del fallecido Francisco Javier Guerrero, Cenforpre y procedimiento específico), que fueron elevadas por Núñez Bolaños para su enjuiciamiento, 67 han sido impulsadas por Vilaplana. En las cinco anteriores la mayor parte del trabajo tampoco lo desarrolló la titular del juzgado, sino que fue obra del anterior juez de refuerzo Álvaro Martín, actual presidente de la Audiencia de Sevilla , quien había dejado encarriladas las piezas que afectaban a una veintena de cargos políticos, así como las de Surcolor y Acyco. De las 72 causas terminadas, 26 cuentan con una sentencia , dos estaban hasta el 3 de noviembre pendientes del fallo tras la celebración del juicio y otras dos se encontraban en plena vista oral.De las 72 piezas ya concluidas del caso ERE, que han sido enviadas a la Audiencia, 26 cuentan ya con una sentenciaEl magistrado Vilaplana ha pisado a fondo el acelerador de una causa compleja que antes había pasado por las manos de seis jueces diferentes. De los 60 procedimientos del caso ERE que está tramitando el juez Vilaplana, 39 se encuentran en fase de instrucción de las diligencias previas y los 21 restantes en fase intermedia tras haberse dictado el auto de transformación de las diligencias previas en procedimiento abreviado, el paso previo a la apertura de juicio oral. Más de 500 investigadosDada la complejidad que tiene conseguir los datos, el TSJA no ha podido facilitar el número actual de investigados, que llegó a superar los 500 en los inicios de la instrucción . Pero los fallecimientos y archivos por prescripción o falta de indicios criminales han terminado achicando el banquillo de los acusados. En casi 15 años de investigación del caso ERE, el juez también ha tenido que sobreseer algunas piezas separadas debido a defectos de forma relacionados con la caducidad de los plazos de la instrucción impuestos por la Ley de Enjuiciamiento Criminal tras su reforma en 2015.Vilaplana no se ha quedado de brazos cruzados. Está preparando una consulta o cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) para intentar reabrir causas de corrupción con decenas de antiguos altos cargos socialistas imputados por supuesta malversación de dinero público y blanqueo de capitales , entre otros delitos. El objetivo es evitar que queden impunes casos como Avales II de la Agencia IDEA, el proceso de Santana Motor contra el marido de la exdirectora de la Guardia Civil María Gámez, así como diversas piezas separadas de los ERE, que se fueron al traste por un defecto de forma.
Fuente ABC
