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Nicolás Trotta escuchó ayer durante tres horas a los ministros de Educación de los 24 distritos y a los referentes de los sindicatos docentes de representación nacional. Fue durante el encuentro virtual del Consejo Federal de Educación. Nadie planteó allí la suspensión de las clases presenciales, aseguraron hoy a LA NACION fuentes sindicales y un funcionario de una provincia del norte. Es más, Trotta ratificó delante de sus colegas y los gremios que las aulas serían las últimas en cerrar en la estrategia oficial para detener la segunda ola de coronavirus. Apenas unas horas después, el presidente Alberto Fernández lo contradijo, aparentemente sin consultarlo, y dispuso la suspensión de las clases presenciales en el AMBA por dos semanas.
En el entorno de Trotta distinguen la mano de Axel Kicillof en la sorpresiva decisión presidencial. Sospechan que el gobernador de Buenos Aires insistió con fuerza para que se revise lo de las clases presenciales y fue él quien inclinó la balanza hacia la suspensión. Habría una explicación: 5 de los 15 millones de personas afectadas a la educación en el país entre docentes, alumnos y auxiliares son de las provincia de Buenos Aires, según precisaron fuentes del sector. Habría otra razón, aunque relativizada por el gobierno bonaerense: el plan de vacunación a docentes tuvo pocos avances y hay muchas escuelas que arrastran de las gestiones de Daniel Scioli y María Eugenia Vidalserios problemas edilicios que impiden el dictado de clases con protocolos y distanciamiento.
Huelga
El miércoles, antes del anuncio presidencial, un puñado de gremios docentes activó una huelga en rechazo a la presencialidad por los riesgos de contagios. Roberto Baradel, el jefe del Suteba, el gremio mayoritario en territorio bonaerense, no adhirió a la medida a pesar de que algunas seccionales supuestamente propias sí se plegaron. ¿Sabía Baradel de antemano lo que iba a resolver Fernández? “Es probable”, sugirieron fuentes sindicales del ámbito docente. Reforzó esta intuición el mensaje de Sonia Alesso, la referente de la Confederación de Trabajadores de la Educación (Ctera), que calló ante el Consejo Federal, pero públicamente sugirió suspender las clases presenciales por dos semanas, en línea con la medida oficial.
CTERA RESPALDA LAS MEDIDAS QUE TOMÓ EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN.
Las medidas que anunció el Presidente Alberto Fernández son en resguardo del cuidado de la salud y de la educación. https://t.co/GhRntwfCkypic.twitter.com/UDN5ByXu5Y— prensa-ctera (@cteracta) April 15, 2021
Alesso, a cargo del conglomerado docente más representativo en el país, les pidió hoy a los gobernadores que adhirieran al decreto presidencial y cerraran las aulas por 14 días. Su pedido casi no tuvo eco, incluso en provincias cuyos mandatarios son aliados a Fernández, como es el caso de Tucumán y San Juan.
En la Ciudad de Buenos Aires hubo dos ganadores con el cierre de escuelas. El primero es Eduardo López, el número dos de la Unión de Trabajadores de la Educación, el gremio de mayor peso en el distrito que gobierna Horacio Rodríguez Larreta. El otro es Jorge Adaro, de Ademys, un sindicato de menor talla en el que manda la izquierda y que rechazó la presencialidad en todo momento.
Desafío a Trotta
A pesar de su alineamiento al kirchnerismo, López mantiene desde hace un tiempo un enfrentamiento con Trotta. Esta semana lo desafió con las estadísticas de contagios en las escuelas porteñas. ,“Decir que se contagió el 0,71% de docentes, no docentes y estudiantes parece poco pero son 5006 contagiados”, dijo ayer López en FM Rock&Pop. Y añadió: “Desde que empezaron las clases el promedio es de 177 casos por día solo en Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.Justificó en estas cifras el paro activado ayer, el cual tuvo un bajo acatamiento según fuentes de la gestión porteña.
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Además, el desafío de López también fue un mensaje para Trotta, que aseguró ante el Consejo Federal de Educación que “en las escuelas hay bajo riesgo de contagio si se cumplen los protocolos”. El sindicalista agudizó su embates contra el ministro nacional después del acercamiento que tuvo con Soledad Acuña, la ministra porteña, para avanzar en los protocolos para el regreso a clases.
El rechazo de Adaro, en cambio, es de siempre. Se hizo más firme a fines de marzo, cuando denunciaron la muerte por Covid de Jorge Langone, un docente de la Escuela Técnica 13. “Tiene que haber un plan de vacunación para toda la población y se tienen que garantizar las licencias para padres o madres al cuidado de sus hijos así como un salario de emergencia para trabajadores precarizados que no puedan continuar con sus actividades”, reclamó Adaro en declaraciones a Télam. Y en radio El Destape, desafió a Larreta: “Si decide que haya clases se viene una rebelión docente”.
En la Argentina hay aproximadamente 1.200.000 maestros; la mitad, sindicalizados, según fuentes del sector. Es decir, una mitad no es representada de manera directa por los gremios. Estos números generan inquietud en algunas cúpulas sindicales, sobre todo en aquellas que hoy rechazan la presencia de los alumnos en el aula.
Lejos de la intransigencia de la izquierda sindical y sin comulgar tampoco con los popes de la Ctera, Sergio Romero, jefe de la Unión de Docentes Argentinos (UDA) y el referente de temas educativos de la CGT, acompañó a medias la decisión del Presidente. “Ningún dirigente sindical docente va a trabajar para cerrar escuelas. El año pasado se perdió casi por completo. Alberto Fernández debió haber asignado una suma o haber ampliado el presupuesto para la compra de computadoras y garantizar la conectividad. Otra vez miles de alumnos se quedarán sin clases”, lamentó Romero ante LA NACION. Y advirtió sobre nuevas interrupciones en el ciclo lectivo hasta tanto no se vacune a todo el personal docente y no docente.
El regreso presencial de los alumnos a las aulas fue una demanda pública desde el año pasado que creció con fuerza a pesar de la incertidumbre y el temor que siembra el coronavirus. Lo reflejó una encuesta de Poliarquía que publicó recientemente LA NACION, aunque el reclamo sigue latente más allá de las frías estadísticas de un relevamiento de una consultora privada.
En su momento, Alberto Fernández distinguió el crecimiento de la demanda por las clases y le ordenó a Trotta un raid por todo el país para llevar un mismo mensaje: el Presidente también está de acuerdo con un regreso presencial, con cuidados y protocolos. Ayer, urgido por la pandemia y sin vacunas disponibles para los docentes, Fernández dio marcha atrás. Hay algunos gremialistas que celebran la medida.
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