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Canning: denuncian captación de escolares por presuntos predicadores musulmanes y un soborno de US$1.000

20 octubre, 2026
Canning: denuncian captación de escolares por presuntos predicadores musulmanes y un soborno de US$1.000
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Dos hombres que, según las familias, serían de confesión musulmana fueron denunciados por acercarse a menores de una escuela bonaerense, ofrecerles golosinas, dinero y propuestas de trabajo para atraerlos hacia actividades religiosas. También habrían intentado entregar 1.000 dólares a la directora para ingresar al establecimiento. Los padres denuncian que fueron detenidos y rápidamente liberados. La investigación corresponde al ámbito de las fiscalías descentralizadas de Esteban Echeverría, pertenecientes al Departamento Judicial de Lomas de Zamora. El episodio adquiere especial interés por los antecedentes judiciales de la mezquita Al-Imam de Cañuelas, vinculada patrimonialmente con Mohsen Rabbani, prófugo en la causa AMIA.

Buenos Aires – 20 de octubre de 2026 – Total News Agency – TNA. Una grave denuncia formulada por familias de la Escuela Primaria N.º 26 de Canning, en el partido bonaerense de Esteban Echeverría, provocó alarma en la comunidad educativa después de que dos hombres que serían de confesión musulmana se presentaran en las inmediaciones del establecimiento, se acercaran a alumnos menores de edad y, según los testimonios de los padres, les ofrecieran golosinas, dinero y supuestas oportunidades laborales mientras manifestaban su intención de realizar actividades de prédica religiosa. Los denunciantes aseguraron, además, que los individuos intentaron ingresar a la escuela mediante un ofrecimiento de 1.000 dólares a su directora, quien rechazó la propuesta y efectuó la correspondiente denuncia.

Los hombres circulaban en una camioneta Toyota Hilux gris y, de acuerdo con los relatos recogidos por la prensa local, habrían abordado a estudiantes cuando salían del establecimiento. Las familias también denunciaron que dos niñas fueron objeto de conductas intimidatorias, circunstancia que incrementó la preocupación y motivó reclamos para que las autoridades garantizaran la seguridad de los menores.

El primer episodio ocurrió durante la semana pasada, cuando los individuos se presentaron frente al colegio y manifestaron su intención de ingresar para predicar. Según los padres, al encontrar la negativa de la directora, intentaron convencerla mediante el ofrecimiento de dinero en efectivo.

La situación volvió a agravarse el lunes 19 de octubre, cuando, de acuerdo con los testimonios familiares, los mismos hombres regresaron a las inmediaciones de la escuela en la camioneta gris, hicieron sonar reiteradamente la bocina e increparon a integrantes de la comunidad educativa.

La reaparición de los denunciados provocó una movilización de más de 50 padres hacia la comisaría de Canning, donde reclamaron explicaciones y medidas de protección. Como primera respuesta policial, se dispuso que un patrullero permaneciera frente al establecimiento durante el horario escolar.

Uno de los puntos que mayor indignación generó entre las familias fue la información sobre una presunta detención inicial de los involucrados y su posterior liberación en un breve período. Los padres sostienen que los hombres habían sido aprehendidos después del primer episodio, pero recuperaron la libertad y volvieron a presentarse frente a la escuela.

Hasta el momento, sin embargo, no se difundieron documentos policiales o judiciales que permitan conocer las circunstancias precisas de esas presuntas detenciones, qué autoridad dispuso la liberación o qué actuaciones se iniciaron.

Por jurisdicción territorial, el caso corresponde al ámbito de las Unidades Funcionales de Instrucción y Juicio (UFIJ) descentralizadas de Esteban Echeverría, pertenecientes al Departamento Judicial de Lomas de Zamora, agentes fiscales,Verónica Laura Pérez y María Lorena González (UFIJ Nº 3

Esa información resulta fundamental para determinar si se inició una causa, qué medidas fueron adoptadas y si las personas denunciadas quedaron sometidas a alguna disposición judicial.

La supuesta entrega de 1.000 dólares a la directora constituye uno de los aspectos centrales del episodio. De confirmarse, las autoridades deberán establecer las circunstancias y finalidad del ofrecimiento, así como su eventual relevancia penal, particularmente porque habría tenido como objetivo conseguir autorización para ingresar a una institución educativa.

La denuncia también exige conocer qué medidas adoptaron las autoridades de la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires y la conducción escolar después de los primeros acontecimientos, especialmente frente a la preocupación manifestada por las familias ante el presunto acercamiento de personas desconocidas a sus hijos.

La identidad y pertenencia institucional de los hombres señalados adquiere particular interés porque, según las versiones difundidas, se habrían presentado como predicadores vinculados con la religión musulmana. Corresponde determinar si desarrollaban actividades individuales o actuaban en representación de algún centro religioso.

A una distancia aproximada de 32 a 39 kilómetros de Canning se encuentra Cañuelas, localidad donde funciona la mezquita Al-Imam, una institución que registra antecedentes judiciales de especial trascendencia por su vinculación patrimonial con el iraní Mohsen Rabbani, exagregado cultural de la Embajada de Irán en Buenos Aires y uno de los principales acusados por la Justicia argentina de haber participado en la organización del atentado terrorista contra la AMIA, perpetrado el 18 de julio de 1994, con un saldo de 85 muertos y centenares de heridos.

Rabbani permanece prófugo de la Justicia argentina y fue señalado en las investigaciones judiciales como una figura central de la estructura iraní vinculada con la preparación del ataque terrorista.

La relación de Rabbani con la mezquita de Cañuelas tiene respaldo documental. La Cámara Federal porteña confirmó el embargo del inmueble de Al-Imam, cuya titularidad registral correspondía al clérigo iraní.

La medida fue impulsada en el marco de las investigaciones relacionadas con el atentado contra la AMIA, bajo la intervención del fiscal federal Sebastián Basso, quien continuó las actuaciones desarrolladas anteriormente por el fallecido fiscal Alberto Nisman.

En ese procedimiento, la Asociación Argentino Islámica (ASAI) solicitó el levantamiento del embargo invocando el destino religioso del establecimiento. La Justicia rechazó el planteo al considerar acreditada la titularidad del inmueble a nombre de Rabbani.

La investigación original de Nisman también incluyó referencias a las relaciones existentes entre la mezquita Al-Imam de Cañuelas y At-Tauhid, ubicada en el barrio porteño de Flores, institución relacionada históricamente con las actividades religiosas de Rabbani durante su permanencia en la Argentina.

Los expedientes judiciales del atentado reconstruyeron una red de contactos entre funcionarios iraníes y determinadas instituciones religiosas chiitas, así como las actividades desarrolladas por Rabbani durante los años previos al ataque. Cabe recordar la estrecha relación del dirigente kirchnerista, Luis de Elia con Rabbani que incluso lo visitaba ya profugo en Iran.

La preocupación inmediata continúa concentrada en la Escuela N.º 26. Las denuncias de los padres requieren una respuesta precisa sobre la identidad de los hombres, el ofrecimiento de dinero a la directora, los acercamientos a estudiantes y las circunstancias de la presunta liberación después de su primera intervención policial.

La actuación de las fiscalías descentralizadas de Esteban Echeverría, bajo la órbita del Departamento Judicial de Lomas de Zamora, deberá permitir conocer qué hechos fueron formalmente denunciados y cuáles son las medidas procesales correspondientes.

El episodio, que terminó con más de medio centenar de padres reclamando seguridad ante una dependencia policial, también obliga a las autoridades provinciales a explicar qué protección se dispuso para los alumnos después de que las familias denunciaran la reiteración de la presencia de los mismos individuos frente al establecimiento.

La información sobre las actuaciones judiciales resulta especialmente necesaria para esclarecer la secuencia de los acontecimientos y determinar las responsabilidades que pudieran corresponder, mientras la comunidad educativa reclama que la presencia policial anunciada se mantenga y que la escuela pueda desarrollar sus actividades sin nuevos episodios de intimidación.

Fuentes consultadas: El Diario Sur, 19 de octubre de 2026; Ministerio Público Fiscal de la Provincia de Buenos Aires, nómina de fiscalías descentralizadas de Esteban Echeverría; antecedentes judiciales sobre el embargo de la mezquita Al-Imam de Cañuelas; Unidad Fiscal AMIA; Cámara Federal porteña; antecedentes publicados por Infobae, Clarín y La Nación.

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