Uno de los principales problemas a los que se enfrentaron los negociadores del Brexit fue llegar a un acuerdo sobre la pesca en aguas británicas una vez que se consumara el divorcio entre Reino Unido y la Unión Europea. Y es precisamente ese el motivo de que en la última semana la tensión diplomática se haya disparado con Francia, ya que el período de gracia de cuatro meses tras el Brexit ha llegado a su fin, provocando amenazas por parte de los franceses de bloquear el puerto de la isla ubicada en el Canal de La Mancha, a una decena de kilómetros de las costas francesas.
Además, la ministra francesa de Asuntos Marítimos, Annick Girardin, advirtió de que podrían cortar la electricidad, que llega desde el continente a través de cables submarinos, como represalia por la falta de acceso de la flota pesquera francesa a sus aguas. En este contexto, y ante la preocupación expresada por ministro principal de la isla, John Le Fondré, el primer ministro británico, Boris Johnson, tomó la decisión de enviar dos patrulleras de la Royal Navy a la zona para, según fuentes de Downing Street, «monitorear la situación».
La decisión del «premier», que ofreció su apoyo «inquebrantable», se produjo después de que entre 60 y 80 barcos franceses iniciaran una protesta por considerar injusto el nuevo sistema de licencias para pescar impuesto por las autoridades de la isla, la más grande del Canal, que requieren que los barcos franceses demuestren que tienen un historial de pesca en sus aguas para concederla. No obstante, los galos afirman que a última hora se les pidieron más requisitos sin previo aviso, pese a que llevan décadas faenando en esas aguas, y que las licencias restringen el número de días que pueden operar. «Contamos con la buena fe de Jersey y el Gobierno del Reino Unido para ayudar y reducir la tensión», señaló en un programa de radio de la BBC la eurodiputada Stephanie Yon-Courtin, miembro del comité de pesca de la UE, que explicó que las nuevas reglas de pesca los «tomaron por sorpresa», mientras que Chris Le Masurier, propietario de Jersey Oyster Company, declaró que las condiciones para las nuevas licencias son «insultantes y discriminatorias». La Comisión Europea también consideró que las normas violan el acuerdo comercial alcanzado por ambas partes.
Fuente ABC
