Expediente Scapolan: luces y sombras, tras el primer año del escándalo judicial en San Isidro

El viernes 24 de julio de 2020 será recordado en los Tribunales de San Isidro como el día en el que uno de los fiscales más poderosos de la jurisdicción, Claudio Scapolan (50), quedó acusado formalmente de liderar una banda de policías, funcionarios judiciales y abogados corruptos dedicados a armar causas, extorsionar narcos y robarles la droga para comercializarla por canales propios.

A primera hora de la mañana de ese 24 de Julio -hace exactamente un año- su despacho fue allanado, al igual que otros 29 objetivos, por orden de la jueza federal de San Isidro Sandra Arroyo Salgado. Sus dos secretarios (hoy con “falta de mérito” dictada por la Cámara) terminaron presos junto con una buena cantidad de policias bonaerenses.

A un año de ese operativo inédito los números del expediente impresionan: 53 personas fueron imputadas y 32 terminaron procesadas (15 de ellas con prisión preventiva aún vigente) y en la lista hay abogados y jefes policiales de todos los colores: un comisario mayor, tres comisarios inspectores y dos comisarios. Además cuatro acusados se acogieron a la figura del arrepentido y aportaron datos importantes a la causa.

En el expediente aún quedan cinco prófugos (se sabe que dos están en el exterior) pero lo que parece más insólito es que todavía no se logró definir la situación de Scapolan aunque fue acusado y finalmente indagado (luego de cuatro intentos fallidos) como el jefe de la banda en cuestión.

En los 12 meses de pandemia que mediaron entre el día que estalló el escándalo y hoy, a los impresionantes avances en la investigación se contrapusieron una cantidad igualmente importante de pedidos de nulidades, recusaciones, y recursos varios.

Mientras que por un lado se descubrió, entre otras cosas, que los involucrados robaron media tonelada de droga en 2013 durante el operativo bautizado como “Leones Blancos”, por otro los fueros y las influencias de Scapolan funcionaron como un freno constante en la causa.

Los abogados defensores de los 53 imputados se ganaron el sueldo: Sandra Arroyo Salgado fue recusada dos veces al igual que el fiscal Fernando Domínguez (aún sin éxito); se presentaron 34 pedidos de nulidad y 14 recursos de “queja” ante tribunales superiores.

El último capítulo del ida y vuelta burocrático se escribió el pasado 15 de julio cuando el la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal (integrada en forma unipersonal por Mariano Borinsky) resolvió sobre un pedido de recusación contra Arroyo Salgado presentado por Maximiliano Jarisch, uno de los secretarios de Scapolan.

Los movimientos de Jarisch dentro de la causa son un ejemplo de las ideas y vueltas que sufre una investigación penal cuando los intereses que toca son muchos.

Arroyo había procesado a Jarisch el 14 de agosto de 2020 pero el funcionario judicial apeló y el 22 de diciembre la Sala I de la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín revocó esta medida y dispuso su “falta de mérito”. Es decir, consideró que pruebas (al momento del análisis) no alcanzaban ni para incriminarlo ni para sobreseerlo.

Lo que ocurrió luego fue que el 21 de enero del 2021 la jueza nombro a Jarisch en los fundamentos del procesamiento del policía Adrián Baeta (cerebro del robo de los 500 kilos de cocaína de “Leones Blancos”) y -como se dice en Tribunales- Jarisch se agravió de esta circunstancia y acusó a Arroyo Salgado de no ser imparcial.

El pedido de recusación fue rechazado por la jueza y también, el 3 de junio pasado, por la Cámara Federal de San Martín. Nueva apelación mediante llegó a manos de Borinsky quien siguió haciendo correr la pelota.

En su resolución del 15 de julio -a la que tuvo acceso Clarín– sostuvo que los abogados defensores de Jarisch tenían razón al decir que la Cámara Federal de San Martín no había fundamentado bien su rechazo a la recusación por lo que le envió el planteo de nuevo, para que lo hicieran “mejor”.

Mientras esto sigue su eterno trámite, todavía está congelado un pedido de recusación al fiscal Domínguez presentado en abril pasado por el otro secretario de Scapolan, Gustavo Sanvitale. La jueza Arroyo Salgado decidió no expedirse sobre este planteo hasta que no se resuelva definitivamente el suyo.

Engorroso, cansador, eterno. Así puede volverse el tramite de una investigación. Y parece ser el caso.

Hombres del poder

La investigación de Sandra Arroyo Salgado y Fernando Domínguez fue como una tormenta perfecta de la que se hablaba en los pasillos pero por la que nadie apostaba un peso. Cuando finalmente se concretó fue un shock, porque Scapolan no era (ni es), un cualquiera.

Durante años fungió como el hombre de confianza del fiscal general Julio Novo, quien renunció a su cargo en 2017 tras la acusación de encubrir el crimen de dos narcoparamilitares colombianos en el Shopping Unicenter, ocurrido en 2008. Por este cargo fue procesado pero su juicio aún está esperando fecha.

A cargo de la Fiscalía de Investigaciones Complejas del Departamento Judicial de San Isidro, en 2013 Scapolan cumplió un papel poco claro en la investigación del robo que sufrió Sergio Massa en su casa de Tigre. Su actuación le valió en 2016 un pedido de juicio politico por parte de Elisa Carrió. A ese pedido se sumaron en 2020 las pruebas de la causa de Arroyo Salgado que investiga el fiscal federal Fernando Domínguez.

Pese al peso de las acusaciones, el proceso de juicio político no parece avanzar y en lo que a la causa penal se refiere ninguna de las múltiples ollas que destapó el expediente pudo lograr que se defina la situación procesal de Scapolan, quien desde aquel 24 de julio de 2020 está de licencia.

Su primer estrategia fue demorar el momento de ser indagado. Y lo logró cuatro veces

El jueves 30 de julio de 2020, su defensa solicitó tiempo para leer la causa. El miércoles 5 de agosto de 2020, recusó a la jueza Sandra Arroyo Salgado (la Cámara la confirmó tiempo después). El miércoles 16 de diciembre de 2020, su abogado argumentó que la Corte aún no se había pronunciado sobre la recusación. El miércoles 24 de febrero de 2021, reclamó escuchar antes una serie de grabaciones aportada por otro de los abogados defensores del expediente.

Ya con la paciencia colmada, el lunes 1° de marzo Arroyo Salgado firmó una resolución citándolo por quinta vez para el jueves 4 de marzo bajo la amenaza de declararlo “rebelde”, situación extremadamente grave para un funcionario en actividad.

Recién entonces Scapolan se presentó.

Pero entonces comenzó otra guerra de desgaste: el 18 de marzo el fiscal Domínguez pidió su procesamiento como jefe de todos los policías corruptos que ya están presos. Y el pedido todavía está en pausa a la espera de que los mecanismos de la justicia resuelvan toda la ráfaga de recursos presentados por los los abogados defensores. Y seguramente vendrán más.

GL

Fuente Clarin