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Por la controversia que se generó este martes, cuando quedó al descubierto que piqueteros tomaban lista en la marcha que se realizó en el Obelisco en reclamo de “trabajo genuino”, dos dirigentes de la oposición presentaron un pedido de informes al Ministerio de Desarrollo Social, por irregularidades en el manejo de los planes.
El diputado nacional y precandidato a Concejal, Héctor “Toty” Flores y la dirigente Fernanda Reyes, ambos de la Coalición Cívica-ARI, se dirigieron al nuevo ministro Juan Zabaleta, para que brinde precisiones respecto del manejo irregular de los planes sociales que distribuye la cartera a su cargo.
Lo hicieron luego de que el canal de noticias TN mostrara, con diversos testimonios, cómo se exigía la asistencia a la marcha a quienes tenían asignados los planes, para poder cobrarlos.
“Por mes cobro 12.000 pesos. Si no nos quedamos hasta el final de la marcha no nos pagan”, fue uno de los tantos testimonios que se escucharon en plena avenida 9 de Julio. Una mujer indicó: “Pagan 12.000 pesos mensuales, no es una asignación sino una plata que nos da el Polo Obrero. Con la tarjeta del banco uno cobra en el cajero. Dicen que si uno no viene lo dan de baja, pero yo no falté ni una vez, así que no se”.
La escena más explícita de toda la jornada quedó expuesta en el momento de la desconcentración. Fue allí que las cámaras del canal de noticias mostraron el momento en que se le pedía un número a los manifestantes para corroborar que se hayan quedado hasta el final.
A raíz de esto, Flores y Reyes presentaron el pedido y aseguraron que “juegan con la desesperación de la gente que necesita trabajar”.
“En La Matanza hay colas de más de diez cuadras para las ferias, los vecinos se la rebuscan para conseguir la comida para sus familias. Los veo, los escucho, camino por todos los barrios. La inseguridad y la falta de trabajo es lo que más preocupa”, relató Flores.
Por su parte, el jefe del bloque de diputados nacionales de la CC, Juan Manuel López, confirmó que se presentará un proyecto con el mismo objetivo, el de presentar claridad en la repartición de planes sociales.
En el pedido de informes se solicita que se explique y se detalle cuáles son los canales institucionales existentes para canalizar las denuncias sobre irregularidades en los programas sociales, si las organizaciones denunciadas fueron o son beneficiarias de créditos y/o subsidios por parte del Estado Nacional y cuáles serán las acciones que llevarán adelante ante estos hechos.
Además del pedido de informes, Flores y Reyes expresaron su repudio a este tipo de prácticas clientelares que utiliza la pobreza con fines políticos, y que se pudieron ver claramente por televisión. “Esto demuestra lo que vengo insistiendo hace tiempo: tienen de rehenes a los vecinos con los planes. Y tenemos que cambiar esta realidad. No me digan que no se puede porque nosotros lo hicimos con La Juanita; donde miles de vecinos empezaron a trabajar”, agregó Flores.
Y siguió: “Es 100% decisión política. Se trata de dejar atrás la pobreza, el clientelismo. Es decisión de quienes gobiernan terminar con la triste foto de un país, en nuestro caso de un distrito, que usa a la pobreza para mantenerse en el poder”.
“En un país con el 42% de la población por debajo de la línea de pobreza y con un 62% de los niños y niñas en esta situación, estos hechos resultan inaceptables, inmorales y criminales”, añadió.
Por su parte, Fernanda Reyes destacó: “No puede ser que los que den los planes sean los que los reciban y sean los que se auditen. Eso es el Estado ausente en su máxima expresión y las únicas perjudicadas son las personas, rehenes de un sistema que los condena a la pobreza y a la resignación”.
“Es indignante que algunos en nuestro país quienes gobiernan vean en la pobreza un negocio y que el Estado no pueda dar una respuesta clara y contundente sobre las irregularidades que se presentan es inadmisible. Como ocurre la foto de los festejos en Olivos durante la cuarentena o con los bolsos de (José) López, las imágenes de la marcha de ayer mostraron el accionar más repudiable: la impunidad y el uso de los pobres. Esto no puede pasar, el Gobierno debe iniciar las actuaciones administrativas y/o judiciales que persigan y condenen estos hechos”, agregó Reyes.
Fuente Clarin
