Por RR
La consultora londinense Henley & Partners mantuvo contactos durante 18 meses con el Gobierno de Javier Milei, participó en reuniones oficiales y buscó quedarse con un contrato millonario para gestionar el programa de ciudadanía por inversión. Aunque la licitación fue anulada, la compañía comenzó a promocionar el pasaporte argentino entre sus clientes internacionales. El caso abre interrogantes sobre la intervención privada en decisiones soberanas, los controles de seguridad y los beneficios económicos del nuevo régimen. En aquél momento el gobienro no había descubierto la veta malvinera.
Buenos Aires – 8 de octubre de 2026 – Total News Agency – TNA. La decisión del Gobierno de Javier Milei de otorgar la ciudadanía argentina a extranjeros que aporten importantes sumas de dinero adquirió una dimensión política, económica y de seguridad nacional luego de conocerse que una poderosa consultora británica especializada en comercializar programas de nacionalidad por inversión mantuvo contactos durante un año y medio con funcionarios argentinos y llegó a presentar una oferta de hasta 25 millones de dólares para intervenir en el negocio.
La empresa Henley & Partners, con sede central en Londres y operaciones internacionales, participó en reuniones dentro de la Casa Rosada, mantuvo conversaciones con integrantes del Poder Ejecutivo y reconoció públicamente haber colaborado mediante talleres y encuentros relacionados con la elaboración del programa. Su intervención coincidió con el período durante el cual el Gobierno modificó las condiciones legales para acceder a la ciudadanía argentina mediante inversiones.
La investigación de los periodistas Mauricio Caminos y Sebastián Lacunza permitió reconstruir una secuencia que merece especial atención: la consultora participó en el proceso de asesoramiento, intentó obtener un contrato estatal millonario y, después de que esa contratación quedara sin efecto, comenzó a ofrecer el nuevo programa argentino a su cartera internacional de clientes.
El episodio más significativo se produjo cuando Juerg Steffen, director ejecutivo de Henley & Partners, ingresó en dos oportunidades a la Casa Rosada durante 2025 para reunirse con el entonces jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y con Lisandro Catalán. Aquellos encuentros tuvieron lugar entre la firma del DNU 366/2025, que modificó el régimen de ciudadanía, y el Decreto 524/2025, que estableció su procedimiento de implementación.
La legislación argentina contempla ahora que un extranjero pueda solicitar la naturalización mediante una inversión considerada relevante, independientemente del tiempo de residencia en el país. Esta modificación constituye un cambio sustancial respecto del régimen tradicional, basado principalmente en el arraigo territorial, y convierte la capacidad económica del solicitante en una vía alternativa para obtener la nacionalidad.
El ministro de Economía, Luis Caputo, presentó el programa el pasado 2 de octubre en París, acompañado por Diego Santilli, ofreciendo dos alternativas principales: una contribución no reembolsable de 350.000 dólares al Tesoro argentino o una inversión de 800.000 dólares en bonos públicos con permanencia obligatoria durante siete años. El costo aumenta según la composición familiar y, para una familia de cuatro integrantes, se anunció un desembolso de aproximadamente 500.000 dólares en la modalidad de aporte directo.
Sin embargo, el dato que permite comprender la verdadera magnitud comercial de la iniciativa apareció en el Concurso Público Internacional 34-0001-CPU25, convocado por el Ministerio de Economía en diciembre de 2025. Allí, Henley & Partners presentó una propuesta para diseñar, implementar, lanzar y promocionar internacionalmente el programa argentino.
La compañía pretendía percibir honorarios escalonados por cada ciudadanía aprobada: desde 2.000 dólares por los primeros expedientes hasta 8.000 dólares por cada aprobación en el último tramo. Con un máximo de 5.000 casos, la propuesta alcanzaba los 25 millones de dólares.
El esquema contemplaba una particularidad especialmente sensible: la empresa adjudicataria podía recibir pagos del Estado por los expedientes aprobados y, simultáneamente, cobrar honorarios a determinados solicitantes extranjeros por sus servicios privados. La posibilidad de obtener ingresos vinculados al resultado favorable de las solicitudes introduce un interrogante sobre los incentivos comerciales de quienes intervienen en un procedimiento que debería estar determinado exclusivamente por criterios legales y de seguridad.
La licitación tuvo seis oferentes. Henley & Partners quedó segunda en la evaluación, detrás de un consorcio que presentó una propuesta considerablemente más económica. Después de las impugnaciones y revisiones administrativas, Caputo anuló el procedimiento mediante la Resolución 522/2026, firmada el 14 de abril.
Tanto el Ministerio de Economía como la consultora británica sostienen que actualmente no existe un contrato remunerado entre ambas partes. La compañía afirmó que nunca recibió honorarios del Gobierno argentino, aunque reconoció sus contactos institucionales y su participación en conversaciones sobre el programa.
Pero la ausencia de una adjudicación no elimina la relevancia política de lo sucedido. Una empresa extranjera que aspiraba a obtener ingresos millonarios participó en intercambios con funcionarios mientras se desarrollaba una política pública que posteriormente comenzó a promocionar comercialmente.
Los antecedentes internacionales de Henley & Partners agregan otra dimensión al debate. La consultora intervino en programas de ciudadanía por inversión de Malta, Antigua y Barbuda, Granada, Nauru, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía y Turquía, entre otros destinos.
En abril de 2025, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea declaró contrario al derecho comunitario el sistema maltés de ciudadanía por inversión, al considerar incompatible con las obligaciones europeas un mecanismo de naturalización esencialmente transaccional.
Investigaciones periodísticas internacionales también documentaron controversias vinculadas con beneficiarios de programas caribeños que posteriormente enfrentaron acusaciones de fraude y lavado de activos. La consultora cuestionó algunas de esas investigaciones y rechazó las imputaciones referidas a determinadas actuaciones empresariales.
Para la Argentina, el problema trasciende el eventual beneficio económico. Un pasaporte nacional permite acceder a numerosos países sin gestionar previamente una visa y otorga derechos que no pueden equipararse con una residencia temporaria o una autorización comercial.
Por eso, el nuevo régimen obliga a examinar rigurosamente el origen de los fondos, la identidad real de los solicitantes, sus antecedentes financieros, sus relaciones internacionales y los posibles riesgos vinculados con organizaciones criminales, redes de lavado de dinero o actividades de inteligencia extranjera.
El Decreto 524/2025 establece que deberán intervenir organismos como la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE), la Unidad de Información Financiera (UIF), el Ministerio de Seguridad Nacional, el Registro Nacional de Reincidencia y otras dependencias. La Dirección Nacional de Migraciones conserva la decisión administrativa final.
Precisamente allí aparece una cuestión estratégica: determinar hasta dónde llegará la participación de intermediarios privados extranjeros en la identificación, captación y presentación de candidatos a convertirse en ciudadanos argentinos, y qué mecanismos impedirán que los intereses comerciales condicionen los procedimientos de evaluación.
El Gobierno sostiene que el programa permitirá atraer capitales y generar nuevas fuentes de divisas, en momentos en que la Argentina enfrenta importantes compromisos financieros externos. Sus defensores consideran que la movilidad internacional y los beneficios de una segunda ciudadanía constituyen instrumentos legítimos para competir por inversiones globales.
No obstante, permanece pendiente una discusión institucional más profunda sobre los límites que corresponde establecer cuando una decisión soberana, como la concesión de nacionalidad, pasa a formar parte de una oferta económica internacional.
La actuación de Henley & Partners deja además preguntas concretas para el Ministerio de Economía: qué asesoramiento recibió el Gobierno durante esos 18 meses, cuáles fueron los documentos intercambiados, qué propuestas de la consultora influyeron en el diseño definitivo y qué condiciones regirán la participación de empresas privadas en la comercialización del programa.
Otro aspecto que merece seguimiento es la designación de Juan Pazo, funcionario cercano a Caputo, para colaborar en la implementación del esquema, junto con Aixa Granara, directora ejecutiva de la Agencia de Programas de Ciudadanía por Inversión (APCI). Ambos desempeñan funciones ad honórem, mientras la agencia concentra atribuciones para recibir solicitudes, evaluar inversiones y recomendar la aprobación o el rechazo de expedientes.
La experiencia internacional demuestra que estos mecanismos requieren controles particularmente exigentes, no solamente para proteger la integridad de los sistemas migratorios, sino también para preservar la confianza de los países que conceden facilidades de ingreso a los titulares de pasaportes argentinos.
Mientras la consultora británica ya promociona el programa entre potenciales clientes, el Gobierno deberá definir sus procedimientos operativos y transparentar el alcance de la intervención privada. El dato que concentra la atención es que una compañía que pretendió cobrar hasta 25 millones de dólares por gestionar ciudadanías argentinas continúa posicionada comercialmente alrededor de una política pública cuya elaboración conoció de cerca desde sus primeras etapas.
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