El consorcio que encabeza la oferta por AySA pagaría apenas US$ 340,2 millones por el 90% de la compañía. Entre sus integrantes aparece Mauricio Filiberti, histórico proveedor de la empresa, socio de José Luis Manzano y Daniel Vila en Edenor y vinculado políticamente con Sergio Massa y Malena Galmarini. Un fondo internacional constituido mediante una estructura societaria con conexiones en Londres y Curaçao tendrá la participación mayoritaria.
Buenos Aires – 8 de octubre de 2026 – Total News Agency – TNA. El gobierno de Javier Milei avanzó este jueves hacia la privatización de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA), una de las compañías estratégicas del Estado, al abrir las ofertas económicas para transferir el 90% de sus acciones y entregar la operación del servicio de agua potable y cloacas del Área Metropolitana de Buenos Aires durante los próximos 30 años. La propuesta más elevada fue de 340,2 millones de dólares, presentada por un consorcio integrado por PHX Aqua, Rowing, Arcos Saneamento y Transclor, esta última propiedad de Mauricio Filiberti, empresario de estrechos vínculos con Sergio Massa, su esposa Malena Galmarini y el exministro menemista José Luis Manzano.
La operación exhibe una particularidad política que difícilmente pase inadvertida: mientras la administración libertaria presenta la privatización como una ruptura con el modelo de empresas estatales sostenido por el kirchnerismo, uno de los empresarios que se beneficiaría con la transferencia es precisamente un antiguo proveedor de AySA, cuyos negocios se desarrollaron durante distintas administraciones y que mantuvo relaciones personales, comerciales y políticas con figuras centrales del peronismo.
El consorcio superó la oferta de 285 millones de dólares presentada por el grupo encabezado por Roggio, junto con inversores vinculados a la familia Chamas. La diferencia fue de 55,2 millones de dólares, aproximadamente un 19,4%, aunque el monto ganador quedó por debajo de las estimaciones de entre 450 y 500 millones que habían circulado antes de conocerse las propuestas. Desde el Ministerio de Economía señalaron que esas cifras no constituían una valuación oficial.
La propuesta implica una valuación del capital accionario de AySA de aproximadamente 378 millones de dólares. Si se agrega la deuda de unos 70 millones que asumiría el comprador, el valor económico de la operación se aproxima a los 448 millones de dólares, aunque el dinero que ingresaría directamente al Estado por la venta del paquete accionario sería considerablemente menor.
Detrás de la oferta aparece una estructura empresarial donde PHX Aqua tendría el 55% de participación, Rowing, del empresario Walter Román, el 20%; la brasileña Arcos Saneamento e Participações, el 15%; y Transclor, de Filiberti, el 10%.
La participación mayoritaria corresponde a una sociedad constituida en Londres en agosto de 2026, pocas semanas antes de la presentación de las ofertas, vinculada al fondo Phoenix Global Investment Fund, establecido en Curaçao, territorio autónomo del Reino de los Países Bajos en el Caribe. Entre los directivos mencionados figuran Paul Parker, con antecedentes profesionales en Goldman Sachs, Barclays y The Clorox Company, y Edgar Lotman, relacionado con actividades internacionales de administración de inversiones.
La reciente creación de la sociedad que encabezaría el control de una empresa esencial introduce interrogantes sobre la identificación de sus beneficiarios finales, la composición del capital, las garantías financieras y la capacidad para afrontar las inversiones comprometidas. La documentación presentada en el proceso licitatorio deberá permitir conocer quiénes controlan efectivamente la estructura internacional y cómo se financiarán obligaciones que superan ampliamente el precio de adquisición.
Pero el nombre que introduce la dimensión política más significativa es el de Mauricio Filiberti, conocido como “el Rey del Cloro”, cuya compañía Transclor abastece desde hace años productos químicos indispensables para la potabilización del agua. Su trayectoria empresarial está estrechamente vinculada con Sergio Massa y Malena Galmarini, quien presidió AySA entre 2019 y 2023, durante la administración de Alberto Fernández.
La relación de Filiberti con el matrimonio Massa-Galmarini se remonta a los años en que el exministro construía su estructura política en Tigre y desarrollaba vínculos con empresarios de Nordelta. El propietario de Transclor acompañó políticamente a Massa durante su campaña legislativa de 2013 y ambos compartieron encuentros sociales, entre ellos el casamiento del empresario con Camila Pitana. También trascendió que en 2012 Filiberti facilitó su residencia de Nordelta para un encuentro con el tenista Roger Federer, del que participó el entonces intendente de Tigre.
Sin embargo, el antecedente de mayor relevancia se encuentra en las contrataciones de la empresa sanitaria. En 2023, mientras Galmarini presidía AySA y Massa conducía el Ministerio de Economía, Transclor fue la única oferente en una licitación superior a 127 millones de dólares vinculada con la operación y mantenimiento de la planta de policloruro de aluminio de Bernal y el suministro de ese producto químico utilizado en la potabilización. El procedimiento generó cuestionamientos y motivó un pedido de informes del entonces diputado Ricardo López Murphy.
Ese antecedente adquiere ahora una dimensión diferente: el empresario que obtuvo importantes contratos como proveedor de AySA durante la administración de Galmarini está a un paso de convertirse en accionista de la misma compañía. La transición desde proveedor de insumos hacia integrante del consorcio propietario coloca bajo especial atención las futuras contrataciones, los mecanismos de determinación de precios y las relaciones comerciales entre empresas vinculadas.
La otra conexión fundamental es José Luis Manzano, exministro del Interior de Carlos Menem, empresario energético y de medios de comunicación, quien mantiene una prolongada relación política y personal con Sergio Massa. Junto con Daniel Vila, Manzano incorporó a Filiberti a la estructura empresarial que adquirió Edenor, distribuidora eléctrica de enorme importancia para el funcionamiento de los servicios públicos metropolitanos.
El vínculo no es menor: AySA es un gran consumidor de electricidad para sus plantas de tratamiento, estaciones de bombeo e instalaciones operativas. Por lo tanto, la participación de Filiberti en Edenor y su eventual ingreso al capital de AySA generan una relación empresarial que deberá ser considerada por los organismos encargados de controlar las operaciones entre compañías vinculadas.
Manzano también mantuvo contactos con funcionarios y empresarios próximos a la administración de Javier Milei, después de haber cultivado relaciones con gobiernos peronistas y kirchneristas. La continuidad de estos grupos económicos a través de administraciones enfrentadas políticamente constituye uno de los aspectos más llamativos de una privatización presentada oficialmente como parte de una transformación estructural del Estado.
Los vínculos entre Massa, Manzano, Vila y Filiberti ya habían sido objeto de cuestionamientos políticos. En agosto de 2022, Elisa Carrió formuló señalamientos públicos sobre ese entramado empresarial y sus relaciones con el poder. Cuatro años después, la posibilidad de que Filiberti participe en el nuevo grupo de control de AySA devuelve actualidad a aquellas controversias.
El consorcio también incluye a Walter Román, integrante de una familia empresaria de larga trayectoria en construcción e infraestructura, cuya firma Rowing desarrolla obras relacionadas con servicios públicos, y a Arcos Saneamento, operador brasileño con experiencia en el sector sanitario de Río de Janeiro.
La transferencia contempla una concesión inicial de 30 años, hasta 2056, con posibilidad de extenderla por otros diez. Los adjudicatarios deberán comprometer inversiones cercanas a 1.940 millones de dólares durante los primeros cinco años y aproximadamente 15.000 millones de dólares durante el período completo.
Según el esquema oficial, entre 2027 y 2031 deberán ejecutarse acciones por 2,89 billones de pesos, calculados a valores de diciembre de 2025 y sin IVA. El programa incluye obras de expansión, mantenimiento, modernización y mejoras operativas, con objetivos de cobertura del 75,3% en agua potable y del 63,9% en cloacas para 2031.
Las metas finales también merecen atención: al concluir el período inicial de concesión, la cobertura mínima exigida será del 90% en agua potable y del 75% en cloacas. Esto significa que, incluso después de tres décadas de gestión privada, el contrato admite la posibilidad de que una proporción significativa de habitantes del área concesionada continúe sin acceso pleno a los servicios sanitarios.
En materia tarifaria, el esquema contempla actualizaciones vinculadas con la inflación y modificaciones adicionales que podrían impactar de manera diferente según la categoría de usuarios. Las proyecciones difundidas indican que alrededor del 60% podría enfrentar incrementos reales acumulados durante los primeros cinco años, mientras otros segmentos registrarían estabilidad o reducciones relativas. El alcance definitivo dependerá de la aplicación del régimen tarifario y de las revisiones previstas contractualmente.
El proceso tiene antecedentes históricos particularmente sensibles. Durante el gobierno de Carlos Menem, el servicio fue privatizado y quedó en manos de Aguas Argentinas, encabezada por el grupo francés Suez. En 2006, Néstor Kirchner dispuso su reestatización después de una prolongada controversia contractual. Desde entonces, el Estado destinó recursos millonarios a subsidios, mantenimiento y expansión de infraestructura, mientras persistieron problemas de cobertura, pérdidas de agua y necesidades de inversión.
El 10% restante del capital accionario continuará bajo el esquema de participación de los trabajadores, vinculado al sindicato conducido por José Luis Lingeri, otro protagonista histórico del sistema sanitario argentino que mantuvo interlocución con administraciones de distintos signos políticos.
Para el ministro Luis Caputo, la privatización representa además una oportunidad de incorporar divisas antes de los importantes vencimientos de deuda previstos para enero de 2027. Sin embargo, el monto ofrecido equivale a una porción reducida de las obligaciones financieras del país y todavía deberá atravesar las instancias de impugnación, adjudicación y cierre antes de convertirse en un ingreso efectivo para el Tesoro.
La adjudicación de AySA colocará así bajo examen no solamente la solvencia del fondo internacional que pretende controlar la compañía, sino también la concentración de negocios entre operadores de servicios públicos y proveedores de infraestructura. En particular, la participación de Filiberti, su relación con Massa y Galmarini, y su sociedad con Manzano y Vila en Edenor muestran cómo empresarios vinculados a distintas administraciones pueden conservar posiciones relevantes cuando cambia el signo político del Gobierno. La documentación definitiva del contrato, los registros de beneficiarios finales y las condiciones de contratación entre compañías relacionadas serán determinantes para evaluar cómo se administrará durante las próximas décadas un servicio del que dependen millones de argentinos.
Fuentes consultadas: Ministerio de Economía de la Nación; documentación del proceso de privatización de AySA; Boletín Oficial; antecedentes periodísticos sobre las contrataciones de Transclor durante la gestión de Malena Galmarini; declaraciones públicas de Elisa Carrió; antecedentes empresariales de Edenor y del grupo Manzano-Vila.
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